El gobierno de Estados Unidos provocó este lunes un fuerte impacto político en Bolivia al anunciar restricciones de ingreso contra el fiscal general Roger Mariaca, el exministro de Justicia Iván Lima y doce ciudadanos bolivianos.

En el caso de Mariaca, que incluye a sus familiares inmediatos, Estados Unidos lo acusó de haber abusado de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y de haber ayudado a delincuentes violentos a evadir la justicia

Iván Lima, que fue ministro de Justicia durante el gobierno de Luis Arce, aparece en la lista de los doce ciudadanos bolivianos cuyas visas estadounidenses fueron revocadas, sin especificar qué conducta concreta se le atribuye. Además de Lima, la lista juntó a jueces, fiscales, magistrados, un exejecutivo de la Aduana Nacional, un coronel de la Policía y un empresario.

Estados Unidos incluyó a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú entre los países alcanzados por esta política, presentada después de los compromisos asumidos en la iniciativa denominada “Escudo de las Américas”.

En el caso boliviano, la administración del presidente Donald Trump acusó directamente al fiscal Mariaca, porque “sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo”, señaló el comunicado del Departamento de Estado.

Mariaca fue elegido en 2024 como fiscal general del Estado por un periodo de seis años, durante la administración del expresidente Luis Arce. Antes de asumir ese cargo se desempeñó como fiscal departamental de Santa Cruz.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, respondió a la determinación del gobierno de Estados Unidos como una injerencia política y sugirió que esto obedece a los casos que se investigan desde el Ministerio Público como el del argentino Fernando Cerimedo, actualmente detenido en la cárcel de Chonchoco próxima a La Paz.

Mariaca dijo “el denominado caso Cerimedo, por ejemplo, ha generado preocupación y repercusiones en diferentes ámbitos políticos, pero ninguna presión política, nacional o internacional puede convertirse en un impedimento para esclarecer hechos que deben ser investigados”.

Remarcó que no permitirá que su carrera e imagen sean afectadas sin que exista la posibilidad de que los hechos sean esclarecidos en las instancias correspondientes.

“El mensaje del presidente Trump y del secretario Rubio es sencillo: los funcionarios corruptos, y los criminales a quienes protegen, no son bienvenidos en Estados Unidos”, señaló el comunicado del Departamento de Estado.

Los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, plantearon que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, se aparte del ejercicio de sus funciones mientras se esclarece su situación, luego de que el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) le restringiera la visa por una presunta vinculación con “actos de corrupción significativa” relacionados con la protección al narcotráfico.

Investigaciones

Por su parte, el ministro de Defensa Ernesto Justiniano sostuvo que el Gobierno mantendrá una posición de respeto a la independencia de los órganos del Estado y que cualquier señalamiento concreto debe ser sometido a un proceso de verificación.

“Cualquier señalamiento concreto debe convertirse en una verificación de parte de la información”, señaló Justiniano y agregó que los temas relacionados con corrupción, narcotráfico y crimen organizado deben ser esclarecidos “con evidencia, cooperación internacional y, como siempre decimos, con debido proceso”.

En tanto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, al ser consultado sobre si existen antecedentes de inteligencia que relacionen a Mariaca con organizaciones dedicadas al narcotráfico, indicó que esa cartera procesa información de manera permanente y que solo la hace pública cuando cuenta con evidencias concretas.

Informó que el gobierno solicitará información complementaria a Estados Unidos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer los elementos que sustentan la medida contra el fiscal general.

Con respecto a las investigaciones sobre las otras personas incluidas en la lista de sancionados, el ministro de Gobierno señaló que se intensificarán las tareas de inteligencia y que los resultados serán dados a conocer conforme avance el proceso.