El presidente de ENAC, Diego Ojeda, participó de la presentación del Observatorio de Empresas en el Congreso que busca relevar el cierre de empresas, la caída de la actividad y su impacto sobre la calidad y cantidad de trabajo. Advierten que entre un 8% y un 9% de pequeñas y medianas empresas podrían sumarse y bajar sus persianas en el corto y mediano plazo.

Martina Dentella

El Observatorio de Empresas del Congreso de la Nación -espacio de trabajo impulsado por la Fundación Fundar, entidades del sector PyME y diputados nacionales- se constituyó ayer con el objetivo de relevar la evolución del entramado productivo argentino, golpeado por el modelo de ajuste y desregulación del gobierno nacional.

La actividad Argentina enciende la alarma: cada vez hay menos empresas, fue presidida por la diputada Marcela Pagano y contó con la participación de representantes de las entidades empresarias ENAC, APYME, IPA, ConfePyme y CINA, además de la Fundación Fundar y legisladores nacionales de distintos bloques como Martín Lousteau, Eduardo Valdés, Juan Grabois, Lourdes Arrieta, Sabrina Selva y Pablo Farías, lo que permitió abordar la problemática desde distintas perspectivas políticas con un diagnóstico común sobre la necesidad de contar con información y constituirse como un espacio de articulación entre las empresas, los centros de investigación y el Poder Legislativo.

Durante el encuentro, Fundar presentó su Monitor mensual de empresas, que registra la pérdida de 30.633 empresas desde noviembre de 2023. En representación de ENAC, Diego Ojeda destacó la puesta en funcionamiento del Observatorio y recordó el trabajo que la organización realiza desde hace una década a través del Radar PyME. Además volvió a reclamar por la Ley de Emergencia PyME, que ENAC presentó nuevamente a comienzos de 2026 en ambas cámaras y que “todavía está cajoneada, todavía no se trata y la verdad que ya no entendemos qué más tenemos que hacer para que la lleven al recinto”.

“Ahora estamos en un funeral de 30.600 PyMEs”, afirmó Ojeda y advirtió que, según el Radar PyME, entre un 8% y un 9% del sector podría cerrar en el corto y mediano plazo, unas 40.000 PyMEs adicionales.

También volvió a plantear la necesidad de fortalecer las políticas específicas para el sector a través de la creación de un Ministerio PyME, “porque si no hay PyME no hay trabajo”. Finalmente, señaló el rol que debe asumir el Congreso frente a la situación y dijo: “Esta es la casa de todos, es la casa que tiene que tratar las políticas públicas para que estas cosas no pasen”.

La contracara del desempleo no fue la reconversión, sino el refugio en la informalidad y la precarización. Con un salto del 22% en la cantidad de autónomos y cuentapropistas, la estructura del mercado de trabajo sufrió un deterioro estructural: hoy, casi 3 de cada 10 trabajadores registrados en el país facturan bajo el régimen de monotributo. En paralelo, las pymes enfrentan el estrangulamiento del sistema financiero.

Datos del naufragio

Durante el primer semestre de 2026 cerca de 9.000 empresas cerraron en Argentina y en julio se sumaron otras 709 bajas. A su vez, desde noviembre de 2023 se perdieron 434.126 puestos de trabajo registrados, mientras distintos sectores industriales enfrentan caídas de actividad, menor rentabilidad y cierres de establecimientos.

La contracara del desempleo no fue la reconversión, sino el refugio en la informalidad y la precarización. Con un salto del 22% en la cantidad de autónomos y cuentapropistas, la estructura del mercado de trabajo sufrió un deterioro estructural: hoy, casi 3 de cada 10 trabajadores registrados en el país facturan bajo el régimen de monotributo.

En paralelo, las pymes enfrentan el estrangulamiento del sistema financiero. Ayer el Gobierno nacional dio marcha atrás con una operatoria que permitía a las pequeñas y medianas empresas utilizar sus cuentas bursátiles para depositar y pagar cheques, una herramienta que en la práctica les permitía reducir el impacto del impuesto a los débitos y créditos bancarios. Por otra parte, incluso aquellos actores de la economía real que mantienen cierto dinamismo —con facturaciones en torno a los 100 millones de pesos mensuales— denuncian un recorte drástico en herramientas clave para mantenerse en la línea de flotación. Las entidades bancarias aplican tijeretazos a las líneas de crédito, limitan acuerdos y cobran tasas «usureras» de entre el 70% y el 90% anual para cubrir descubiertos, asfixiando a miles de empresas que sostienen sus últimos hilos operativos antes de caer.

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