Entrevistamos a Bruno Vadala, abogado de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén para profundizar en el tema.

¿En qué consiste la imputación que enfrenta Comarsa?

Para enmarcar la respuesta, Comarsa es la denominación de Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. El proceso judicial en fuero penal de la Provincia de Neuquén lo afronta, primero el director principal controlador de la empresa, también quien se desempeñó como director suplente, y finalmente una persona que ejercía un rol técnico, como gerente general, en la empresa. La participación de cada uno está relacionada con el rol que tenían en la empresa, en un determinado periodo de tiempo, que data desde 2013, en general. Para algunos el período de tiempo es menor.

La empresa, en tanto persona jurídica, fue contratada por empresas petroleras generadoras de residuos para el tratamiento de los mismos. Recordemos que, en Neuquén, luego de la firma del conocido acuerdo entre YPF y Chevrón, aumentaron significativamente los residuos por el aumento de perforaciones del método fracking.

Comarsa, no trató como debía ser, los residuos y los fue acumulando. Al mismo tiempo, en los balances contables omitieron los costos de esos tratamientos para poder figurar como superavitarios y así obtener nuevos contratos y distribuir dividendos. Estamos hablando de millones de dólares de ganancias por parte de los directivos de la empresa.

Mientras tanto, los residuos se acumulaban sin control y sin tratamiento correspondiente. Esos residuos tienen componentes que son peligrosos, según la ley 24.051, por la cantidad de elementos que tienen el peligro de causar daños a la salud de las personas.

En conclusión, la imputación consiste en la contaminación del suelo y del ambiente en general con materiales peligrosos para la salud y de defraudación a la propia empresa, en tanto persona jurídica e independiente de los imputados.

 ¿Cuál es la expectativa de esta instancia judicial?

 Estamos en la etapa final de la etapa de investigación, importante y previa a la etapa del juicio. En esta etapa, la expectativa está puesta en la aceptación de la prueba que nos permita tener el mejor juicio posible, pensando que es un caso complejo, que requiere mucho conocimiento técnico y pericial y además un juicio en el que pedimos juzgamiento por jurados populares, así que la expectativa es alta porque es un momento judicial importante. Esperamos tener un juicio que permita echar luz sobre una realidad de la industria petrolera que no se muestra y poca gente conoce, el pasivo.

¿Este juicio puede servir como un antecedente para el futuro?

 Sí, sin duda todas las experiencias de procesos judiciales de casos complejos, que también llamamos estratégicos, muchas veces iniciados o impulsados por organizaciones de vecinos o, en este caso, organizaciones ambientales o de derechos humanos que litigan en contra de otros intereses relacionados con poderes económicos, provinciales o nacionales, siempre son juicios muy difíciles de llevar adelante pero muy importantes. Uno aprende de las experiencias de esos juicios y de procesos judiciales, así que sí puede ser un antecedente para otras luchas.

Además, sería importante que las propias autoridades públicas y los representantes de las grandes empresas escuchen y tomen nota para que también puedan mejorar controles y prácticas empresariales.

 ¿Puede haber una vinculación de complicidad con funcionarios del Estado Provincial?

No sé si plantearlo en términos de complicidad, sí creo que hay otras responsabilidades, de funcionarios públicos, que no aplicaron la debida diligencia en este caso concreto. Pero más que las personas particulares me parece que es algo más estructural y sistémico. En general las funciones de control del Estado son mecanismos que cuando llegan, lo hacen tarde, sin impacto real y concreto y de esa manera se convierte en deficiente. En este caso particular ya llegará el momento en el que veremos si se avanza sobre investigaciones a funcionarios del Estado Provincial. Ahora la investigación está orientada solamente a comprobar la contaminación y la defraudación económica y serán para una segunda etapa las otras responsabilidades.

 ¿Esta situación es aislada o se da en el marco de falta de controles estatales hacia las empresas petroleras?

 Todavía hay cierta incertidumbre sobre dónde están ubicados todos los residuos petroleros así que no podría decir que es una situación aislada. Si creo que hay una clara falta de controles eficaces pero que es estructural, ni siquiera lo limitaría solamente a la industria hidrocarburífera. Porque normas que regulen la actividad existen, multas que aplican también y, sin embargo, no significa nada para las empresas de este sector. Particularmente sucede en economías dependientes de una actividad que genera mucho ingreso e industrias de servicios. Las empresas generadoras ejercen un poder hasta mayor al del propio Estado que debería controlar su actividad principal. Con empresas tan fuertes, los controles muchas veces se debilitan y se vuelven ineficaces y allí es importante recordar que toda actividad económica y toda empresa debe también respetar no solo las regulaciones y legislaciones sino también los derechos humanos de las personas que de cualquier forma se relacionan con la actividad económica realizada, sea en materia laboral, sanitaria o ambiental.

Vivimos en una época de grandes empresas que buscan maximizar las ganancias y Estados débiles por, entre varias otras cuestiones, discursos desreguladores. En esa tensión vivimos hoy. Por eso, en materia de control creo que hay que pensar nuevas formas que conviertan a los controles en una herramienta eficaz.

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