Entre facturaciones demoradas en PAMI e Incluir, miles de pensiones que duermen en un cajón y un atraso arancelario del 40%, el sistema de discapacidad sigue en una situación crítica. Un desfasaje estructural donde la inacción burocrática y el ajuste silencioso ponen en jaque el derecho a una vida digna.

Manuel Barrientos

La crueldad o indiferencia del gobierno de Javier Milei hacia las personas con discapacidad se mide en días, en meses, de leyes que no se cumplen, expedientes que no se mueven y en partidas presupuestarias que se licúan frente a los índices de inflación mensual. En la Argentina de hoy, el sistema de atención a las personas con discapacidad naufraga en una emergencia sostenida donde el Estado parece jugar al desgaste.

El último capítulo de esta trama se escribe en las dependencias del PAMI. Esta semana, instituciones y organizaciones del sector volvieron a alzar sus voces ante las demoras administrativas. ¿El motivo? Algo tan elemental como la imposibilidad técnica y operativa de presentar las facturas por los servicios ya brindados, lo que deriva en una paralización de los pagos. Representa la imposibilidad material de sostener centros de día, hogares y servicios terapéuticos cuando los recursos no llegan ni en tiempo ni en forma. Ninguna entidad, por más vocación o compromiso que empeñe, puede pagar sueldos, servicios e insumos básicos a ciegas, bajo la promesa de una regularización que nunca llega.

En las últimas horas, la Subgerencia de Discapacidad y Salud Mental del PAMI le comunicó a los prestadores que “se encuentran abocados al procesamiento de la facturación correspondiente al mes de junio, con el objetivo de avanzar en la liquidación de los pagos en tiempo y forma”.

También se registran retrasos de plazos aún más extensos en el programa Incluir Salud, que brinda cobertura médico-asistencial a los titulares de pensiones no contributivas (PNC) que no tienen otra obra social. “Casi la mitad de los prestadores aún no cobró abril, y eso impacta en especial en los hogares y centros de día”, explicaron fuentes del sector a 4Palabras.

A la parálisis burocrática se le suma la ficción de los números arancelarios. El Ejecutivo oficializó un aumento del 1,90 % para las prestaciones del sector correspondientes a julio, atado al índice de inflación de junio publicado por el INDEC. En los despachos oficiales la cifra se presenta como una muestra de equilibrio y actualización. En la realidad de los prestadores, resulta una ironía amarga.

Pero las demoras de estos organismos oficiales es apenas la punta de un iceberg mucho más denso. La espera, para miles de familias, es un problema más que se suma a la crítica situación cotidiana. Un pedido de acceso a la información pública realizado por el CELS a la Secretaría Nacional de Discapacidad permitió conocer una cifra cruenta: en más de dos años solo se resolvieron 10.374 trámites de pensiones no contributivas, mientras 227.354 solicitudes continúan encajonadas.

Detrás de cada uno de esos 227 mil números hay una persona. Hay familias que hacen malabares para cubrir remedios, alimentos o pañales; personas para quienes esa pensión representa el piso mínimo de dignidad para sobrevivir. Exigirles a más de 200 mil ciudadanos que esperen años por la resolución de un derecho fundamental no es eficiencia de gestión: es abandono estatal. “Desde el Ministerio de Salud dicen que están tramitando las altas, pero nos mienten en la cara, porque están achicando el presupuesto de discapacidad por esta vía”, advierten especialistas del sector.

En la misma línea, también hay dilaciones cada vez más graves para la renovación de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) –que permite acceder a cobertura de salud del 100% en tratamientos y medicamentos, transporte público terrestre gratuito, entre otros derechos– porque además se han cerrado mesas distritales para realizar ese trámite y en muchas zonas no hay ni siquiera fechas para acceder a un turno.

A esta parálisis burocrática se le suma la ficción de los números arancelarios. El Ejecutivo oficializó un aumento del 1,90 % para las prestaciones del sector correspondientes a julio, atado al índice de inflación de junio publicado por el INDEC. En los despachos oficiales la cifra se presenta como una muestra de equilibrio y actualización. En la realidad de los prestadores, resulta una ironía amarga.

El problema de fondo es la brecha histórica: el sector arrastra un retraso acumulado que va del 30% al 40% con respecto a la evolución real de los costos desde finales de 2023. Equiparar el índice mensual de inflación sobre una base quebrada no resuelve el colapso; apenas congela la agonía. Aunque la ley de emergencia en discapacidad fue sancionada hace ya un año precisamente para recomponer este entramado, su cumplimiento integral sigue siendo una asignatura pendiente.

Desde el Foro Permanente por la Discapacidad lo vienen advirtiendo en cada uno de sus comunicados: no alcanza con empatar nominalmente la inflación del mes cuando la deuda de arrastre devora las instituciones.

El ajuste sobre la discapacidad no siempre requiere de discursos altisonantes ni la exhibición fraudulenta de una radiografía canina en una conferencia de prensa. A veces le alcanza con la inacción, con la facturación que no se habilita en tiempo y forma, con el trámite de una pensión que duerme en un cajón y con la inflación que devora los aranceles en silencio. Mientras la política debate planillas y metas, miles de personas ven cómo se erosiona día a día la única red que les garantiza sostén, atención y autonomía.

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