Tras largas horas de parálisis que mantuvieron a al menos 150 buques varados en Recalada y accesos portuarios, el Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje y pilotaje. El entendimiento permitió suspender la aplicación del Decreto 690/2026 —promulgado el 30 de julio bajo la órbita del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger— y conformar una mesa de trabajo para revisar posibles cambios. El sector aceptó una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento inmediato de la asistencia a los buques.

La instancia de diálogo será coordinada por el Gobierno Nacional, con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes. Sin embargo, la tensión acumulada expuso los riesgos operativos, la discusión sobre los verdaderos «costos logísticos» y el peligro ambiental que implicaba la flexibilización de la actividad.

Los condicionamientos llegaron por  la falta de consulta previa a los profesionales de la navegación. «Hace meses empezaron los rumores; rogábamos que no se firmara. Nunca quisieron entrar en diálogo. El gobierno puso las pautas modificando el último decreto que había, sin más, con la excusa de reducir los costos logísticos», relata un referente del sector a este medio. 

Los prácticos buscaron desmentir el argumento oficial que vinculaba las tarifas del sector con el gasto público o el costo fiscal del país. “Querían hacer de esto un acto heroico para bajar los costos logísticos, como si los pagara el país, pero el país no los paga», señala la misma fuente. Es, en efecto, la empresa extranjera la que paga el servicio de Practicaje, Remolques y todo lo inherente al ingreso del buque al puerto. Los prácticos son trabajadores independientes contratados por empresas privadas, que realizan el flete, y se contratan por medio de las agencias marítimas. No es un gasto público que costea la Argentina.

En ese sentido, la iniciativa impulsada por la cartera de Sturzenegger buscaba desregular un sistema que funcionó eficientemente por décadas y siguiendo altos estándares de seguridad, con la intención de eliminar a las agencias marítimas y poner a la Prefectura como figura regulatoria: un trasfondo netamente comercial, de intereses y de dinero.

Pero además, uno de los aspectos más cuestionados de la propuesta de Sturzenegger era la degradación de las exigencias profesionales para acceder al título de práctico, al establecer que bastaba con un curso y 10 viajes de salida y 10 de entrada: abrir la competencia para que cualquiera ocupe ese puesto y no fuera “un grupo cerrado”. Lo cierto es que los prácticos argentinos -reconocidos internacionalmente por su alto nivel de formación- transitan un largo recorrido para acceder al título, y realizar decenas de viajes como capitanes de ultramar; luego se especializan para conocer la zona con rigurosos exámenes.