El presidente de Cáritas, el arzobispo platense Gustavo Carrara, expuso estos argumentos el pasado 8 de abril cuando asistió en el Senado al plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, donde compartió la mesa con el ministro Sturzenegger. En esa oportunidad Carrara puso el acento, entre otras observaciones, en el “efecto regresivo” que la eventual aplicación de la norma modificada podría producir afectando la regularización dominial avanzada mediante el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Socio Uranga (RENABAP).

Para los obispos el proyecto oficial “debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”.

Según Patricia Bullrich el proyecto de ley intenta “frenar las usurpaciones, que son permanentes tanto en territorios agrícolas como en territorios urbanos” y “recuperar la seguridad jurídica permitiendo que el valor de la tierra sea razonable como en cualquier parte del mundo”. Para la senadora libertaria “la compra de tierras no puede tener limitaciones, porque la limitación es algo que no está dentro del sentido de lo que la Argentina plantea como concepto de propiedad”. En el mismo sentido subrayó que “uno no tiene limitaciones en la cantidad de departamentos que posee. Tampoco en la cantidad de hectáreas. No tiene limitaciones porque es un concepto de propiedad, no de soberanía”.

Otro obispo, el titular de la diócesis de Chascomús, Juan Ignacio Liébana, estuvo el 24 de junio en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y dijo allí que el proyecto de ley “atenta contra la soberanía de nuestra tierra” y favorece de forma desmedida la extranjerización y concentración de los recursos naturales.  Hablando en nombre de sus colegas obispos Liébana sostuvo que “no estamos contra la propiedad privada, pero no la valoramos como un bien absoluto sino relativo a la dignidad humana (…) Lo que es inviolable es la dignidad de cada persona, y lo que está en juego con esta ley es el principio del destino universal de los bienes, el reconocimiento de la función social de la propiedad y la ecología integral”.

En los mismos días se pronunciaron en forma similar el obispo de Gregorio de Laferrere, Jorge Torres Carbonell, y el titular de la diócesis de San Justo, Eduardo García. El propio presidente del episcopado, Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, respaldó públicamente estas posturas. 

Retomando palabras del papa Francisco en su encíclica Laudato Si la Iglesia recuerda que “la tierra no es una simple mercancía, ni un simple recurso económico” y que cuando se piensa en un “desarrollo con rostro humano” el “debate no es solo económico, también es humano”. Porque, dicen los obispos retomando palabras del papa León XIV, “el desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no a la acumulación de bienes”.

Con respecto al tema los representantes eclesiásticos multiplicaron sus diálogos y contactos en todo el país para hacer conocer sus puntos de vista y demandar que sean escuchados los actores y sectores involucrados, muy especialmente aquellos que puedan resultar perjudicados por la norma que se pretende aprobar.

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