La monetización en dólares que busca el Gobierno con el proyecto de Inocencia Fiscal plantea un debate sobre su alcance y efectividad si se analiza desde una perspectiva de corto plazo para dinamizar el consumo.

En el contexto actual podríamos identificar dos grandes grupos de contribuyentes. Por un lado, los mayores ahorristas y los más sofisticados, quienes seguramente ya aprovecharon el beneficio de exteriorizar divisas en el último blanqueo. Por otro lado, el ahorrista minorista —aquel que tuvo mayor temor, inseguridad o falta de asesoramiento respecto del blanqueo—, quien sí podría verse incentivado por esta nueva alternativa para formalizar sus ahorros. Sin embargo, hay que considerar que este perfil de ahorrista conserva su capital como una reserva de última línea y, como tal, no está dispuesto a someterlo a casi ningún tipo de riesgo.

De acuerdo con lo anterior, cabe esperar que, si los pequeños ahorristas se acogieran al beneficio de la inocencia fiscal, no inmovilizarán sus dólares a mediano o largo plazo, precisamente por esa aversión al riesgo. De este modo, se generarían colocaciones a muy corto plazo que dificultarían una remonetización fluida por parte de los bancos, ya que a las entidades financieras se les complica prestar a mediano plazo si reciben depósitos con horizontes tan acotados.

Conviene recordar que los préstamos en dólares suelen destinarse a la cadena agropecuaria como capital de trabajo —con plazos de 12 meses— o bien a la inversión privada en la industria, el comercio y la construcción. Estos tres últimos son sectores muy golpeados por el lado de la demanda, pero que a la vez requieren créditos de mediano plazo, de 3 a 5 años.

Otro factor que subyace a este proyecto es la necesidad del Estado de captar dólares del mercado doméstico para cumplir con el Plan Financiero presentado recientemente. Ampliar la oferta de divisas disponibles le permitiría al Gobierno tomar dólares a una menor tasa de interés para renovar sus compromisos de corto plazo y continuar evitando los mercados internacionales voluntarios de deuda, a la espera de una consolidación en la baja del riesgo país. En este punto se advierte una fuerte motivación financiera por parte del Estado.

En términos de timing, cabe preguntarse cuándo impactaría concretamente esta medida en la economía doméstica y, en particular, en el consumo masivo, considerando que aún resta el trámite legislativo y la posterior divulgación del instrumento.