El universo de personas expuestas a algún tipo de agrotóxico es imposible de dimensionar. En el documento “Efectos de agrotóxicos en la salud infantil”, de la Sociedad Argentina de Pediatría, el ingeniero agrónomo y docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, Javier Souza Casandinho detalla las características físico-químicas de los pesticidas, mostrando la incapacidad de controlar el alcance que tienen las aplicaciones. 

Los pesticidas poseen una volatilidad que permite un rápido pase a la fase gaseosa del producto; una solubilización en agua de ríos, lagos o existente en suelo; una bioacumulación que puede darse por ingestión directa (alimentos expuestos a agrotóxicos) o indirecta (alimentación dentro de la cadena alimenticia de origen animal: leche, carne); una descomposición por agentes físicos o químicos que imposibilitan la salida del tóxico del ecosistema; una persistencia capaz de retener características físicas, químicas y funcionales en cualquier medio en el que sea transportado; una absorción a las partículas del suelo-arcilla y a la materia orgánica (ropas de dosificadores, por ejemplo).

Todas estas propiedades no solo muestran la resistencia de los tóxicos y su capacidad para trascender fronteras, sino que presentan el denominado “efecto saltamonte”, proceso por el cual los contaminantes orgánicos persistentes circulan por la atmósfera de la tierra, por la repetición de las emisiones (evaporación) y las deposiciones (por ej., a través de la lluvia). Dice la Sociedad Argentina de Pediatría: “Se dispersan los plaguicidas en ambientes cercanos a los campos pulverizados llegando incluso a distancias tan lejanas como los límites del movimiento de la atmósfera lo permitan dentro del planeta”. Nadie queda afuera de la exposición de este experimento a cielo abierto.

Hay cuerpos más expuestos que otros: los pueblos fumigados son territorios de sacrificio. El modelo agroproductivo impone de qué manera vivir o morir. Nadie decide sobre su propio cuerpo desde que quedan condicionados el agua, los alimentos que consume y el aire que respira. No hay, en una comunidad fumigada, posibilidad de escapar. El veneno es transversal. En las ciudades rurales coexisten todos bajo la misma capa de venenos que circulan en el aire, y en el agua de red. Vecinos del centro y la periferia, aplicadores, productores, empresarios, políticos. Y sus hijos también.

Así como hay vidas más expuestas, también hay un orden de responsabilidad. Vecinos de zonas rurales y semi periféricas se resisten cada vez más a ser fumigados. Autoridades de salud e instituciones judiciales insisten en que “no hay pruebas suficientes” o “evidencia penal directa” para condenar a quienes aplican el veneno. Falta un esfuerzo del sistema de salud por crear otra cultura política donde el cáncer, las malformaciones congénitas, los abortos espontáneos, las enfermedades respiratorias, tengan una respuesta real y concreta, asociada con la realidad que toca. Si se validaran las pericias médicas en lugar de ampararse en tecnicismos de impunidad que salvan a productores como Cortese, Ravier o Gutiérrez, se podría incluso tener algún nivel de sensibilidad que permita reflexionar colectivamente.

La no representación pública, la falta de estadísticas de salud, de discursos oficiales, de ordenanzas claras, de imágenes y narraciones de quienes padecen en carne propia las consecuencias de este modelo, desintegran a las comunidades en amenaza. Pero las complicidades se extienden al periodismo —sector clave desde donde problematizar, visibilizar y generar otro tipo de discursos— las empresas de alimentos, las autoridades estatales y un Poder Judicial reactivo a sentar precedentes corporativos, que prefiere castigar la desidia administrativa que desarmar la impunidad de los dueños de la tierra.

4Palabras