El reloj marcaba las 14:31 cuando Martín Menem bajó el martillo. La sesión especial en la Cámara de Diputados para buscar la interpelación y una eventual moción de censura al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedaba oficialmente caída. La oposición —un archipiélago compuesto por Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y las monobloquistas Marcela Pagano y Natalia de la Sota— logró sentar a 117 legisladores. Quedaron a doce del quórum.

El temario era explosivo: pedidos de informes, interpelación y una eventual moción de censura contra el funcionario que los hermanos Milei sostienen con respirador artificial, jaqueado desde hace más de tres meses por una investigación de enriquecimiento ilícito y la incómoda admisión de un patrimonio de 500 mil dólares previamente invisibilizados. 

Para evitar que los aliados históricos corrieran el riesgo de sumarse al debate, el oficialismo desplegó una clásica maniobra de distracción reglamentaria. Nicolás Mayoraz, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, había convocado previamente a su comisión para el miércoles 30 de junio. La promesa de “tratar los expedientes en el ámbito correspondiente” actuó como la excusa perfecta para que el PRO de Cristian Ritondo y el grueso de la UCR justificaran su deserción del recinto.

“Tenía más sentido coordinarlo con el oficialismo que votarlo con el kirchnerismo”, se defendieron en las filas amarillas. Un pragmatismo geométrico: Menem no solo ganó una semana de tiempo para Adorni en una reunión que solo será informativa y sin intenciones de dictaminar, sino que además destrabó la parálisis de la Cámara baja para avanzar en la sesión de mañana miércoles 24 con las prioridades de la Casa Rosada: el “Súper RIGI” y el crucial pago a los holdouts, cuyo vencimiento opera el mismo 30 de junio.