Las autoridades chilenas investigan posibles delitos de trata de personas y tráfico ilegal de niños y niñas hatianos cuyo paradero hoy se desconoce y que habrían sido trasladados desde Haití a Chile de forma ilegal por una organización criminal internacional durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Por Aníbal Pastor desde Santiago de Chile

En las calles de Santiago, el frío de este mes de junio de 2026 se mezcla con el escalofrío institucional de una pregunta que nadie en el aparato estatal chileno parece poder responder: ¿dónde están los niños? Más de 200 niños y niñas haitianos ingresaron al país en vuelos chárter durante el año pasado y, hoy, son literalmente fantasmas para el Estado.

Lo que debió ser un proceso administrativo de «reunificación familiar» ha destapado lo que la Fiscalía (instancia autónoma del Estado) ya investiga como una posible y macabra red internacional de trata de personas y tráfico de menores, operando bajo las narices de las autoridades fronterizas.

El escándalo estalló a mediados de este mes, cuando un preinforme de la Contraloría General de la República desnudó una negligencia estatal alarmante. Entre enero y octubre de 2025, decenas de vuelos operados por aerolíneas privadas -como Galistair y Aruba Airlines- aterrizaron en Chile. En ellos viajaban niños, niñas y adolescentes haitianos acompañados por adultos que decían ser sus tutores.

Los datos revelados por el ente contralor son escalofriantes por su crudeza burocrática.

Si hicieron ingresos fantasma. De al menos 98 de estos niños, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) simplemente no registró su llegada. Oficialmente, nunca pisaron suelo chileno.

Por otra parte el sistema permitió que un solo individuo ingresara al país figurando como el supuesto tutor de 34 menores de edad distintos, sin exigir documentación que acreditara el vínculo sanguíneo o legal.

Se registraron domicilios falsos. Al intentar rastrear a una muestra de los niños y niñas ingresados, la Contraloría descubrió que 64 de ellos no vivían en las direcciones declaradas o ya no residían con el adulto responsable.

Para la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la hipótesis es clara: esto no es un error de papeleo. Se trata de una organización criminal estructurada. El Ministerio Público sostiene que una operación de tal envergadura, que requirió fletar decenas de aviones sin rutas comerciales regulares entre Puerto Príncipe y Santiago, es imposible sin corrupción interna. Se investigan delitos de cohecho y soborno.

Negligencia y sospechas de corrupción

En los pasillos del Palacio de La Moneda y del Congreso, la crisis golpea fuerte al gobierno del expresidente Gabriel Boric. La oposición de entonces y actual gobierno ya afila los cuchillos políticos: los parlamentarios de derecha anunciaron la creación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados para buscar responsables.

Por su parte, el actual gobierno de José Antonio Kast ha intentado tomar la ofensiva judicial. Frank Sauerbaum, actual director nacional del Sermig, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, entregando expedientes que apuntan no solo a los falsos tutores, sino a las agencias de viaje, a las aerolíneas y a los propios funcionarios públicos.

Para la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la hipótesis es clara: esto no es un error de papeleo. Se trata de una organización criminal estructurada. El Ministerio Público sostiene que una operación de tal envergadura, que requirió fletar decenas de aviones sin rutas comerciales regulares entre Puerto Príncipe y Santiago, es imposible sin corrupción interna. Se investigan delitos de cohecho y soborno, apuntando a que funcionarios del Sermig o de la Policía de Investigaciones (PDI) pudieron recibir pagos para omitir controles básicos y hacer la vista gorda en el aeropuerto.

El trabajo en las sombras

Mientras la política discute responsabilidades, en el terreno la realidad apremia. Organizaciones como el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) llevan años advirtiendo que las barreras administrativas inflexibles empujan a las familias migrantes hacia las mafias.

Hoy, sin comunicados de prensa sobre este caso particular, el SJM y otras instituciones se encuentran desplegados desde Antofagasta hasta Los Lagos, realizando operativos de regularización para empadronar a menores migrantes. Su objetivo es sacarlos de esa «invisibilidad» legal que es, precisamente, el caldo de cultivo perfecto para la extorsión y la trata.

En Santiago, la investigación sigue su curso y amenaza con revelar que la cifra de 200 menores extraviados es solo la punta del iceberg. Por ahora, el paradero de estos niños sigue siendo un misterio doloroso, un recordatorio de cómo la burocracia, cuando falla, puede dejar a los más vulnerables en manos del crimen organizado.

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