El acta garantiza además 50 mil millones de pesos para los hospitales universitarios, que también están padeciendo carencias y enfrentan dificultades para cumplir con sus servicios habituales.

Después de dos años de lucha por parte de todo el frente educativo público, que incluyó cuatro marchas masivas con gran impacto social y repercusión social, el gobierno logró descomprimir la situación mediante la negociación que, sin embargo, no deja satisfecho al conjunto de los trabajadores de la educación que consideran que sus salarios y sus condiciones de trabajo se encuentran gravemente afectadas y deterioradas por el desfinanciamiento oficial,

La firma del acuerdo no pone fin al conflicto, dado que el reclamo se encuentra judicializado por el CIN que exige el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario que el gobierno se niega a acatar aludiendo falta de recursos presupuestarios. La demanda ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia que no tiene plazos legales para expedirse.

La Secretaría de Políticas Universitarias incluía como condición para cualquier acuerdo que el CIN retirara la demanda judicial, algo que finalmente no ocurrió. Sin embargo la especulación desde el oficialismo es de que, dada la tregua alcanzada, los cortesanos tomen la decisión de no involucrarse en la disputa y decidan no pronunciarse sobre la cuestión de fondo. Este habría sido el pedido que el gobierno hizo llegar a la Corte.

Desde el frente universitario se plantea que el acuerdo parcial alcanzado no se traducirá en dejar de lado el plan de lucha, aunque pueden modificarse algunas medidas como el nuevo paro inicialmente previsto para la semana próxima.

La posición de los rectores queda expresada claramente en una nota enviada a la comunidad por el rector de la Universidad de General Sarmiento, Germán Pinazo, que refleja también la mirada de sus pares.  

“El gobierno va a intentar instalar que el conflicto por la ley de financiamiento universitario quedó atrás”, dice Pinazo. Y agrega que “nosotros y nosotras no sólo entendemos que la ley no se está empezando a cumplir: esa es una forma de contar lo que pasó que nos debilita de cara a lo que seguramente vendrá”. Y pide que “tratemos de no contribuir a esa lectura de la situación, y menos a buscar culpables entre quienes piensan distinto y estamos del mismo lado del conflicto” porque “nadie en esta universidad tiene ningún incentivo para dejar ninguna pelea de lado”. 

Queda claro que el CIN no retirará la demanda judicial que exige la aplicación de la ley de financiamiento universitario que hoy duerme en los despachos de la Corte Suprema.

Por parte de la mayoría de los gremios la esperanza está centrada en que las paritarias ahora acordadas permitirán ir recuperando paulatinamente el nivel salarial perdido, mientras se insiste en mantener el nivel de movilización de las bases para sostener los reclamos.

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