Entre la ostentación de la Cybertruck del diputado Quintar y las inconsistencias patrimoniales de Manuel Adorni, el oficialismo se apunta una carambola política: mientras el escándalo captura la atención pública, el Senado avanza con nombramientos clave y acuerdos judiciales. El individualismo y los negocios privados operan como una cortina de humo frente a la rosca parlamentaria y el ajuste.

Mauricio Caminos

Cuando el diputado jujeño Manuel Quintar metió el miércoles su Tesla Cybertruck al estacionamiento del Congreso, hacía pocas horas miles de personas habían pasado por las inmediaciones del Palacio Legislativo en la cuarta marcha federal universitaria. Cuando vieron semejante mole de lata gris rodando por un subsuelo, varios de los empleados de la Cámara baja pusieron el grito en el cielo. Primero por la ostentación –la dieta de un legislador está dos o tres veces por arriba de un trabajador promedio–, y, segundo, porque los 5,68 m del vehículo impedían el tránsito habitual en el garaje. Allí comenzó un ruido interno que llegó hasta a Martín Menem y terminó con la camioneta fabricada por Elon Musk en un parking privado, y luego –el jueves– arriba de una grúa para llevarla a Jujuy.

“No pasaban otros autos, la tuvo que sacar obligatoriamente”, dijeron a este cronista en el despacho del titular de Diputados, que recibió hasta el llamado de Javier Milei para que le aclare qué pasó. “Si Martín lo obligó a sacarlo, me enojaba con él”, contó el mandatario en el streaming Carajo. “Si la compró con su plata”. Quintar avisó que pagará el remolque “con un canje”. No podía manejarla porque todavía está sin patente, aunque circuló por varias calles de la Ciudad hasta que la metió en el garaje de Diputados. La multa se considera “grave” en la Agencia Nacional de Seguridad Vial y puede ser de hasta 2.000.000 de pesos, un vuelto para quien pagó al menos US$300.000 en el vehículo (sin contar el flete para importarlo desde Miami).

Al mismo tiempo que el «dipuTesla» hacía lo suyo, se conocían nuevos detalles sobre Manuel Adorni: la justicia federal detectó movimientos superiores a los 100.000 dólares en billeteras virtuales vinculadas al jefe de gabinete en plataformas como Binance y Lemon, operaciones que en principio no estarían declaradas ante la Oficina Anticorrupción. A eso se suma la confirmación judicial de dos estadías en el Bolacuá Hotel Club de Campo de Gualeguaychú, en habitaciones dobles pagadas en efectivo por un total de $2.350.000, que se agregan a una lista de 17 viajes al exterior –Aruba, Punta del Este, Río de Janeiro, Bariloche, Iguazú– con gastos que, según fuentes judiciales, superarían los 452.000 dólares. También habló esta semana que el contratista Matías Tabar, quien realizó obras en propiedades del funcionario, admitió ante la Justicia haber recibido pagos en negro.

El escándalo del «dipuTesla» y el Adornigate comparten algo más que el timing: son la cara más visible de la esencia libertaria: pregonar el individualismo y los negocios privados mientras el sentir colectivo sufre las consecuencias del ajuste. El Congreso fue caja de resonancia.

Lo que pasó mientras todos miraban la grúa

La oposición no logró quebrar a los aliados del gobierno y tuvo que reconocer una pulseada perdida: los gobernadores no dieron quórum para la sesión de interpelación a Adorni en Diputados que estaba agendada para el jueves. La nueva fecha quedó fijada para el 20 de mayo. El sabor amargo no fue menor: dos meses después de que estallara el escándalo patrimonial del jefe de gabinete, la oposición no encontró los 129 votos para emplazar siquiera a las comisiones a tratar los proyectos. El PRO tampoco estuvo dispuesto a dar quórum para avanzar con la interpelación: Mauricio Macri les mandó mensajes envenenados al gobierno pero no bajó línea para colaborar con la sesión opositora.

El escándalo del "dipuTesla" y el Adornigate comparten algo más que el timing: son la cara más visible de la esencia libertaria: pregonar el individualismo y los negocios privados mientras el sentir colectivo sufre las consecuencias del ajuste. El Congreso fue caja de resonancia.

Mientras Diputados naufragaba, el Senado funcionó a toda máquina para el oficialismo. Aprobó la prórroga del juez Carlos «Coco» Mahiques al frente de la vocalía séptima de la Cámara Federal de Casación Penal, con 58 votos afirmativos y 11 negativos, lo que le permitirá al magistrado continuar en el cargo por cinco años más pese a alcanzar en noviembre próximo el límite constitucional de 75 años. La continuidad de Mahiques había sido impulsada por el Ejecutivo antes de la asunción de su hijo, Juan Bautista Mahiques, como ministro de Justicia. Un senador cristinista, resignado, lo resumió mejor que cualquier análisis: «Ningún senador quiere enemistarse con el juez de Casación Penal».

En paralelo, Emilio Rosatti, hijo del titular de la Corte Suprema Horacio Rosatti, expuso ante la Comisión de Acuerdos del Senado como candidato a juez federal en Santa Fe, cargo al que llegó a la terna gracias a la entrevista personal en el Consejo de la Magistratura, pese a no haber quedado entre los primeros puestos en los exámenes escritos. Cuando le preguntaron por la “discrecionalidad” del sistema de selección –justamente el punto que cuestionan otros miembros de la Corte–, Rosatti hijo respondió que el postulante no es el decisor y que se ciñe al sistema vigente.

La semana también estuvo atravesada por la interna en la coalición oficialista alrededor de la reforma laboral y la reforma electoral. Sobre esta última, los gobernadores le hicieron saber a Milei que no votarán la eliminación de las PASO, mientras Karina Milei y Patricia Bullrich protagonizan una disputa por el control del debate en el Senado. Luego de exigirle a Adorni que dé un paso al costado presentando cuanto antes su DDJJ, la legisladora comenzó a dialogar incluso con referentes del peronismo no kirchnerista.

Hay una lógica que se repite. Cada vez que el escándalo de bienes y propiedades de funcionarios libertarios copa la agenda —ya sea el Tesla de Quintar, los viajes de Adorni, los pagos en negro al contratista Tabar o los movimientos en criptomonedas sin declarar— la actividad parlamentaria que lo acompaña pasa inadvertida. Esta semana: la sesión de interpelación que no fue, el pliego del padre del ministro de Justicia que sí pasó, el examen del hijo del presidente de la Corte que también avanzó, y una reforma laboral con crisis interna que no termina de resolverse.

Los escándalos sobre el patrimonio de los libertarios tienen una doble función: generan titulares que desplazan a los de la gestión, y al mismo tiempo habilitan al gobierno a responder en clave de “persecución” o de “libertad individual” –la Cybertruck comprada con plata propia, el portavoz que defenderá sus números–. Es una dinámica. Y les funciona.

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