Las universidades públicas de todo el país dieron inicio este lunes a una medida de fuerza –convocada por las federaciones gremiales CONADU y CONADU Histórica– que implica paralización total de actividades. Las entidades gremiales determinaron una primera etapa de cese de tareas entre el 16 y el 21 de marzo y otra entre el 23 y el 30. El reclamo, al que se suman tanto los docentes como los estudiantes, es para exigir al gobierno el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, aprobada y ratificada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo por exigencia de la justicia, pero suspendida en su ejecución bajo el argumento de que no existen los fondos para ponerla en práctica. El pasado 18 de febrero el gobierno envió un nuevo proyecto al Congreso que intenta modificar lo aprobado y restringe aún más tanto los fondos previstos para salarios como los destinados al funcionamiento.

Un estudio realizado por el CEPA (Centro de Economía Política Argentina) afirma que el “ajuste real” del presupuesto universitario es del 45,6% considerando el vigente en el 2026 en relación al de el 2023.  El documento señala que con la ley insistida por el Congreso el presupuesto “habría crecido 35,1% frente a 2025 y quedando solo 3,6% debajo de 2023”, permitiendo así recuperar el nivel presupuestario previo al ajuste. Sin embargo, el Ejecutivo se opuso a su puesta en práctica.

“En cambio –dice el CEPA–, el proyecto del Gobierno implicaría caídas del 14% respecto de 2025 y 38,8% frente al 2023, dejando un presupuesto 36,5% menor al de la ley insistida”.

Resulta importante considerar que los salarios representan en promedio el 86,9% del gasto universitario, muy por encima del funcionamiento que apenas asciende a 13,1% del total.  Según el estudio del CEPA “entre 2023 y 2026 el grueso del ajuste recayó sobre los salarios del personal docente y no docente, que se redujeron 43,2%”. 

Una de las denuncias de quienes trabajan en las universidades es la caída del financiamiento destinado a los programas de desarrollo universitario y de ciencia técnica que sufrieron un recorte del 70% en relación a lo que recibían en 2023. Otros gastos de funcionamiento fueron recortados en 57,1% real en el mismo período, siendo la partida destinada al funcionamiento de los hospitales universitarios la que se incrementó en 19,8% en el 2026.