Rodrigo Morabito: “Argentina tiene mucha inflación punitiva, lo que necesita es un Estado protector de la ciudadanía”

El Juez de Menores que le envió una carta a Milei cuestionando la propuesta de bajar la edad de imputabilidad, sostiene que el Estado abandona a niños, niñas y adolescentes y solo aparece para castigarlos cuando cometieron algún delito.

Marcelo Gallo (desde Catamarca)

Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, le envió al presidente Javier Milei una carta abierta en la que expresó una fuerte postura crítica frente a la propuesta de bajar la edad de imputabilidad, iniciativa que el Gobierno busca debatir en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. En diálogo con 4Palabras, opinó que un Estado que no se ocupa de sus niños y niñas y adolescentes no puede ser considerada una nación, que el punitivismo no resuelve los problemas de inseguridad, que descalificar a quien es un juez garantista independiente imparcial es claramente descalificar a la propia Constitución Nacional y que no se necesitan más leyes penales, sino un Estado que garantice oportunidades para todos.

En su carta dirigida a Javier Milei reflexiona acerca del abandono que el Estado hace, salvo algunas políticas muy puntuales y discontinuadas por los gobiernos neoliberales o de derecha, de los niños, niñas y adolescentes de los sectores con sus derechos vulnerados. Y que solo interviene en sus vidas para castigarlos cuando cometen alguna conducta transgresora. Pero hay muchas señales de alarma previas que el Estado ignora…

Sí, claramente, hay muchas señales de alarma que no ve o no quiere ver. Y esas señales surgen de la propia situación de abandono de esos chicos y chicas, que se encuentran en riesgo, maltratados por sus padres u otros mayores, abandonados a su suerte en algún lugar, cuando no crecen en su familia de origen, víctimas de violencia sistemática que además es naturalizada. Y ese Estado, que los margina, después aparece para castigarlos, y eso es bastante perverso.

Los chicos no solamente son vulnerables por su condición, son vulnerables por muchas cosas. Hay un caso muy conocido del que yo suelo hablar. Fue el primer caso que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso “Villagra Morales y otros versus Guatemala”, conocido como “Niños de las Calles versus Guatemala”, que en su extenso y gran fallo tiene una frase que a mí me gusta citar mucho. Dice algo así como que los Estados no evitan que los niños sean lanzados a la miseria y tampoco le garantizan un proyecto de vida, que debe ser no solamente fomentado y desarrollado, sino también cuidado por los Estados o por las instituciones públicas.

Entonces… cuando los Estados no evitan que los niños sean lanzados a la miseria, como ocurre hoy en día en la República Argentina, en donde 7 de cada 10 chicos son pobres, 3 de cada 10 son indigentes, más de un millón y medio de niños se va a dormir sin haber cenado, se saltean las comidas del día… que ese Estado no vea esos factores previos que son condicionantes para la comisión de delito, entonces los abandona a su suerte. Hay que agregar también como factores condicionantes el consumo problemático de drogas, la violencia estatal, la violencia institucional. Y cuando hay menores que cometen delitos aparece el Estado con el castigo, al que pretende ampliar bajando la edad de punibilidad. Un Estado que no se ocupa de sus niños y niñas y adolescentes no puede ser considerada una nación en absoluto, como solía decir Nelson Mandela.

¿Por qué el punitivismo no es una solución a los problemas de seguridad?

Porque de eso ya existe demasiada evidencia empírica a nivel mundial. Estados Unidos tiene pena de muerte y no ha podido solucionar el problema del delito. De hecho es el campeón encarcelador en el mundo. Y eso que muchos de sus estados tienen todavía pena de muerte. Y Texas tiene una gran cantidad de delitos y tiene pena de muerte; de hecho allí está el corredor de la muerte y no tiene menos delitos que el resto de Estados Unidos.

En Argentina también hay experiencias de endurecimientos de penas que no han funcionado…

Así es. Argentina ha tenido muchos ejemplos de medidas cortoplacistas, y la baja de punibilidad es una medida cortoplacista. Un ejemplo claro fue cuando ocurrió aquel famoso caso de 2004, cuando Alex Blumberg fue secuestrado y posteriormente asesinado. Su padre, por supuesto con todo el dolor que implicaba haber perdido un hijo y del respeto a ese dolor como víctima de un delito tan grave, inició una campaña para endurecer penas. Y así, entre gallos y medianoche, el Parlamento argentino sancionó leyes muy duras. En aquel entonces la libertad condicional se obtenía a los 20 años, y con las modificaciones se obtuvo a los 35. Y se determinó que para algunos delitos no había libertad condicional. Luego, ya en el año 2017, con la reforma impulsada por Luis Petri, en aquel momento diputado nacional, se endureció aún más el sistema penal y ya no hay libertad condicional para nadie. Todas esas medidas cortoplacistas no trajeron una solución al problema de la inseguridad.

“Otra cosa muy importante: en el proyecto de baja de la edad de imputabilidad no se dice de qué manera se van a recuperar esos jóvenes, cómo se van a reintegrar esos jóvenes, cómo se van a resocializar. Si alguien entra hoy a una cárcel argentina tiene más posibilidad de salir como alguien fortalecido en sus conductas delictivas que como alguien resocializado. La verdad es que esto no va a traer ningún tipo de solución y se va a demostrar claramente con el paso de los años, como ha ocurrido con otras medidas cortoplacistas como éstas”.

Específicamente en el tema de los menores de edad, el porcentaje de delitos que cometen sobre el total es muy bajo.

Sobre el total de delitos cometidos en la Argentina, solamente el 3 o el 4% es cometido por adolescentes punibles y no punibles. Y si tomamos a los no punibles, es decir, a los menores de 16 años, no superan el 1% en provincias grandes como por ejemplo Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. En nuestra provincia de Catamarca, en mis 15 años de juez de responsabilidad penal juvenil o que trabajo como juez de responsabilidad penal juvenil, no recuerdo que haya tenido un delito grave cometido por un menor no punible. Entonces, claramente no es la mayor punibilidad como la que se persigue hoy con la reforma también del Código Penal, la que va a traer soluciones a las personas.

Otra cosa muy importante: en el proyecto de baja de la edad de imputabilidad no se dice de qué manera se van a recuperar esos jóvenes, cómo se van a reintegrar esos jóvenes, cómo se van a resocializar. Si alguien entra hoy a una cárcel argentina tiene más posibilidad de salir como alguien fortalecido en sus conductas delictivas que como alguien resocializado. La verdad es que esto no va a traer ningún tipo de solución y se va a demostrar claramente con el paso de los años, como ha ocurrido con otras medidas cortoplacistas como éstas.

¿Qué opina de las críticas que desde los sectores del poder se le hace a los jueces garantistas, un adjetivo que desde esa visión intenta descalificarlos? ¿Qué es ser garantista?

Yo no sé en qué momento el garantismo penal, y el garantismo constitucional especialmente, se convirtió en un insulto, en una mala palabra. Hoy creemos que quienes son jueces garantistas son jueces benévolos, jueces que romantizan la delincuencia, jueces que no tienen ningún tipo de empatía con las víctimas o que tratan como víctimas del sistema a quienes cometen delitos. Esto no es así. El garantismo penal es una teoría desarrollada nada más y nada menos que por Luigi Ferrajoli, una eminencia a nivel internacional en materia penal. El garantismo no es otra cosa que el respeto por las garantías constitucionales que debe tener cualquier ciudadano por el debido proceso. Por ende me parece que descalificar a quien es un juez garantista, independiente, imparcial, es claramente descalificar a la propia Constitución Nacional. Los jueces estamos para aplicar la Constitución Nacional. A mí me preocupa mucho que los jueces no cumplan con las garantías constitucionales. Creo que hoy se utiliza el garantismo o la expresión “jueces garantistas” como un insulto, pero desconociendo qué es realmente el garantismo penal o qué es el garantismo constitucional.

Una gran proporción de los jueces en la Argentina tiene una imagen de desconexión con la realidad social. Es como si se dedicaran a aplicar la letra fría de la ley sin entender el contexto social. ¿Estás de acuerdo con esta mirada?

A lo largo de los años yo he conocido muchos operadores del sistema de justicia en general –específicamente más del sistema de justicia penal, que es a lo que me dedico– y la verdad que veo mucho compromiso. No podemos reducir a la justicia solo a lo que ocurre en Comodoro Py, aunque estoy totalmente convencido de que existe también en Comodoro Py gente muy valiosa que trabaja bien. Entonces me parece que esa no es la visión de la justicia de la República Argentina.

A lo largo y ancho del país, existen colegas que trabajan muchísimo. Yo diría que el 80% de la justicia trabaja fuertemente y que está muy conectada con la realidad social, sobre todo la gente del fuero penal, y del fuero penal especializado en materia penal juvenil. Por supuesto que también en la justicia hay gente que se desconecta un poco de esa realidad social, nadie puede desconocerlo.

“Los jueces estamos para aplicar la Constitución Nacional. A mí me preocupa mucho que los jueces no cumplan con las garantías constitucionales. Creo que hoy se utiliza el garantismo o la expresión “jueces garantistas” como un insulto, pero desconociendo qué es realmente el garantismo penal o qué es el garantismo constitucional”.

Se habla mucho de la reforma judicial en la Argentina. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían las transformaciones más importantes que deberían practicarse, tanto a nivel de la organización de la justicia como en los cambios en las leyes penales?

Yo creo que la justicia necesita cambios porque tiene falencias y dificultades. Pero lo que no es legítimo es descalificarla. Si hay un poder del Estado que necesita ser fortalecido, cuidado, modernizado, ese es la Justicia, porque es el lugar donde los ciudadanos y las ciudadanas van a acudir en reclamo del respeto y la protección de sus derechos y también en buscar también una protección de sus derechos y garantías constitucionales.

Entonces, me parece que tienen que haber transformaciones cotidianas, por ejemplo infraestructura para que se garantice nada más y nada menos que la accesibilidad a la justicia como derecho humano fundamental. Tiene que haber modernización, tiene que haber capacitación y preparación constante. Yo creo que Argentina tiene una gran cantidad de leyes penales. De hecho tenemos un código penal muy viejo, el más viejo del mundo, aproximadamente 106 años, con cerca de más mil reformas penales. Ya tenemos demasiada reforma penal.

Creo que la República Argentina tiene que empezar a trabajar de una vez y por todas en aquellas causas que generan el delito, en aquellas que son fuentes, causas que luego provocan la comisión de delitos. Es necesario trabajar por un país que mire al ciudadano con humanidad, que ese ciudadano tenga oportunidades, de laburo, de estudio, que todo el mundo pueda acceder a la educación pública, que pueda gozar de una buena salud si no tiene obra social.

Creo que hay que garantizar a diario los derechos humanos fundamentales antes que pensar en leyes penales. La Argentina tiene mucha inflación punitiva. Y esa inflación punitiva está siendo claramente cuestionada incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no hace mucho –en noviembre del 2024, en un fallo conocido como Sebastián Guerra– cuestionó la magnitud del castigo que tiene la República Argentina con penas de prisión perpetua o penas que no permitan, en un principio, recuperar la libertad y que vedan el derecho a la libertad, el derecho a la esperanza. Posteriormente lo hizo en otro caso que fue el fallo Soto.

Yo creo que la República Argentina lo que necesita son leyes que transformen el Estado en protector de la ciudadanía, que brinde más oportunidades, que garantice más derechos sociales, que son sumamente importantes, no solamente para los sectores más vulnerables, sino para toda la ciudadanía.

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