Mientras el gobierno nacional celebró la media sanción en el Senado del proyecto de ley de “modernización laboral”, desde los sectores de la oposición y del gremialismo se multiplicaron las críticas, en varios de los casos denunciando que la norma contiene disposiciones que son inconstitucionales y, en caso de ser aprobada también en Diputados, habilitaría presentaciones ante la Justicia.

A través de la Oficina del Presidente, el gobierno declaró que se trata de “una reforma estructural destinada a actualizar un sistema que durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal y obstaculizó la creación de trabajo registrado en nuestro país”, subrayando que la norma “representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina”.

El oficialismo subrayó los mismos argumentos usados por la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, afirmando que la ley permitirá acabar con la litigiosidad laboral y que en “la Argentina de la industria del juicio está por llegar a su fin”.

Para el senador Ezequiel Atauche, también oficialista, la nueva ley “va a ayudar al empuje que necesitan las pymes y los emprendedores para poder contratar”, y según el formoseño Francisco Paoltroni (LLA) la reforma “no busca afectar derechos y que su objetivo principal es “reducir la informalidad laboral”.

El gobernador Axel Kicillof, presidente del justicialismo bonaerense que se hizo presente frente al Congreso en la marcha contra la reforma, afirmó que “llamar modernización a la reforma laboral es una cargada», porque “es una burla que iguala para abajo y no generará empleo». Denunció además que el proyecto se impulsó con «amenazas y extorsiones» y que está «sospechado» porque «llenaron de valijas el Congreso». En declaraciones radiales, el gobernador también sostuvo que “la reforma laboral es solo una batalla de las tantas que hemos librado en la guerra que nos declaró el gobierno”.

La dirigencia de la CGT –que convocó a la movilización, pero descartó la realización de un paro mientras se votaba en el Senado— insistió en que la iniciativa es “inconstitucional” y que “las reformas por sí solas no generan empleo”. 

Según Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio de camioneros, “todo el mundo sabe que esta ley va en contra de los trabajadores, porque es una reforma regresiva y equiparable a épocas de esclavitud”. Frente a ello reiteró que “es una necesidad y una obligación salir a la calle”. Jorge Sola, co-secretario de la CGT, sostuvo que “el proyecto ataca y cerca los derechos laborales y colectivos. Las reformas por sí solas no generan empleo, y ésta en particular busca licuar la protección del trabajador frente al abuso patronal”