En un contexto de profundización del modelo extractivista, el 15° Encuentro de Pueblos Fumigados realizado en Roque Pérez buscó plantear la necesidad de articulación de luchas territoriales. Vecinos, científicos y activistas de la provincia de Buenos Aires alertaron sobre la extranjerización de las semillas y el desfinanciamiento de la ciencia digna en las universidades.

Martina Dentella

En el decimoquinto Encuentro de Pueblos Fumigados no solo se hizo una puesta en común sobre las condiciones críticas del agua y el suelo en territorio bonaerense, sino que se terminó de consolidar una idea necesaria: dejar de pensar la lucha contra el agronegocio de forma aislada, sino como parte de un entramado extractivista que avanza en todas las geografías del país. Las jornadas se llevaron adelante en la ciudad de Roque Pérez.

Para Carla Poth, politóloga, investigadora y docente del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento, al encuentro lo atravesó justamente la idea de ampliar la vinculación de las luchas contra el extractivismo. Y ampliar a todos los territorios, incluso a América Latina. Destaca que una de las medidas que salió de la asamblea final fue la solidaridad con el movimiento campesino en Paraguay, que sufrió una situación de desalojo en las últimas semanas, lo que reafirma el avance del capital sobre la tierra productiva.

Otro de los ejes centrales estuvo vinculado a la problemática de semillas, patentamiento y usos. Durante los dos primeros años de la gestión de Javier Milei, se aprobaron once semillas genéticamente modificadas (OGM). Aunque esto implica un cambio en términos cuantitativos, lo cierto es que, con sus más y sus menos, es una política transversal a los gobiernos: una política de Estado. Para Poth, en términos de cambio, “no se generó ninguno”, e insiste en que lo que muta son los discursos, pero que “el sistema agroalimentario está controlado por muy pocas empresas y eso se ratifica en la política pública”.

Poth insiste en que las luchas ambientales tienen que incluir también el reclamo por el presupuesto universitario. La investigadora enfatiza que la "ciencia digna" -aquella que no está al servicio de las empresas- se ha sostenido en las universidades públicas.

La investigadora también analiza críticamente el rol de la ciencia nacional. Menciona que el financiamiento del CONICET durante el gobierno anterior culminó en el desarrollo del Trigo HB4, un proceso que, aunque estatal en su origen, reforzó un modelo donde el conocimiento científico y las biotecnologías quedan en manos de corporaciones privadas.

En Argentina rige una ley de 1973 que permite el “uso propio” de semillas, un productor puede comprar una semilla una vez, cosecharla, y guardar parte de esos granos para volver a sembrar el año siguiente sin pagar de nuevo. El problema radica en que las grandes empresas biotecnológicas insisten en que se paguen regalías por cada ciclo de siembra porque invirtieron en “mejorar” la genética de esa semilla. La Unión Europea suele exigir que sus socios comerciales se adhieran a un convenio llamado UPOV-91, un tratado internacional de propiedad intelectual muy estricto. Si un país se adhiere, el “uso propio” del agricultor se restringe drásticamente o desaparece. Argentina por estos días se debate la firma de ese acuerdo bilateral, y se vería obligada a adoptar estas reglas, lo que transformaría a las semillas en una propiedad privada absoluta de las empresas.

Para los pequeños y medianos productores, muchos alineados política e ideológicamente con el Gobierno, esto crea un círculo de dependencia, más endeudamiento, y encarecimiento de los costos de insumos, que son importados. “Está claro que la Ley de Semillas, para este gobierno, es una ley incómoda, molesta”, dice Poth, quien se muestra sorprendida de que no se haya hecho un intento mucho más radical por imponer esta agenda a través del DNU 70.

Por último, el desfinanciamiento universitario fue clave de discusión en el conversatorio de Pueblos Fumigados, ya que con la pérdida de recursos las investigaciones que se quedan sin ningún tipo de sostén para llevar adelante procesos de trabajo son las que trabajan directamente con los territorios para generar diagnósticos de agua, de suelo, de salud, para producir conocimiento comunitario. Por eso, insiste en que las luchas ambientales tienen que incluir también el reclamo por el presupuesto universitario. La investigadora enfatiza que la «ciencia digna» -aquella que no está al servicio de las empresas- se ha sostenido históricamente en las universidades públicas.

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Foto: Agencia Andar