Presupuesto 2026: Gobierno asume la derrota y ahora dice que el Presupuesto no le sirve

La media sanción del Presupuesto en Diputados dejó un sabor amargo para el Gobierno: el rechazo al ajuste en universidades y discapacidad golpeó el corazón del ajuste. Entre pases de factura internos y la presión de los gobernadores, Milei evalúa un veto inédito a su propia ley.

Manuel Barrientos

En la política de las formas, el Gobierno podría haber festejado esta madrugada. Por primera vez, La Libertad Avanza (LLA) sacó del recinto de Diputados una media sanción del Presupuesto. En la política de los hechos, la sesión en el Congreso dejó una victoria a favor de las demandas populares para que se implementen la ley de Emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario. Y el regreso de la herramienta de la Casa Rosada ante la frustración: el fantasma del veto.

El oficialismo debutó como primera minoría con 95 bancas, pero descubrió rápido que el número no alcanza si no se traduce en acuerdos con fuerzas aliadas y “dialoguistas”. Lo que LLA festejó en general, se le escurrió poco tiempo después en particular. El rechazo al Capítulo XI no fue una derrota periférica: para el Gobierno fue un golpe al mentón del supuesto dogma del déficit cero. Con números inflados de manera absurda. Pero el Ejecutivo jugó su carta más ambiciosa: la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad. Una maniobra que intentó meter por la ventana esta misma semana. Y que habría muchos planteos acerca de su inconstitucionalidad.

Para el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo —el ideólogo de la arquitectura de este ajuste—, esas leyes no son derechos, sino “obligaciones de gasto” inviables. Algunos de los puntos nodales de los acuerdos que tejió el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la administración de Donald Trump a cambio de los “salvatajes” financieros que le permitieron llegar a la elección de medio término. Ahora parece que, el Presupuesto se convierte, para el paladar negro libertario, en una herramienta “inservible”. La paradoja es total: el Gobierno acaba de parir un proyecto que ya está evaluando abortar antes de que llegue a la meta.

Desde el Parlamento, la mirada ahora se dirige a la intransigencia de Caputo. El ministro de Economía se mueve en un ecosistema propio, con la venia de Karina Milei, pero su diseño del ajuste terminó uniendo a una oposición que suele estar dispersa. La defensa de las universidades y de los sectores con discapacidad se volvió el límite que los gobernadores no quisieron cruzar.

El desarme de las alianzas

La derrota desató reproches cruzados en las filas libertarias. Desde una de las alas del Gobierno apuntan a dos personas con nombre y apellido: Martín y “Lule” Menem. Es el retorno de las peleas internas que habían logrado llevar a un punto de tregua antes de las elecciones legislativas nacionales. Y que el triunfo en los comicios parecía haber suspendido. O postergado. En los pasillos de la Rosada critican a la dupla riojana porque los acuerdos con los gobernadores “dialoguistas” se derritió al calor de la votación del artículo 75.

Fueron varios los mandatarios provinciales que ordenaron rechazar el capítulo XI. Los gobernadores peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) ya habían advertido que esos artículos no iban a pasar ningún filtro aunque lloviera ATN. En la misma línea, actuaron los aliados Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco). El salteño Gustavo Sáenz y el misionero Hugo Passalacqua repartieron sus votos. Hasta el diputado Álvaro González (del PRO) había adelantado que iba a rechazar ese capítulo. Ningún legislador quería votar en contra de leyes que había respaldado -en algunos casos, dos veces- hace pocos meses atrás. Sabían que iban a tener pases de factura sociales muy duros en sus territorios.

Desde el Parlamento, la mirada ahora se dirige a la intransigencia de Caputo. El ministro de Economía se mueve en un ecosistema propio, con la venia de Karina Milei, pero su diseño del ajuste terminó uniendo a una oposición que suele estar dispersa. La defensa de las universidades y de los sectores con discapacidad se volvió el límite que los gobernadores no quisieron cruzar.

Hoy, el Presupuesto 2026 viaja al Senado sin todo el recorte y la crueldad que el Gobierno quería entregar en bandeja de plata a los supuestos inversores internacionales. En el horizonte asoma la posibilidad de un veto total. Sería una situación inédita: un Presidente rechazando su propia Ley de Leyes. Pero en el mundo Milei, la pureza del superávit parece estar por encima de la gobernabilidad legislativa.