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Presupuesto 2026: discapacidad y universidades llevaron al Gobierno a una derrota parcial

Presupuesto 2026: discapacidad y universidades llevaron al Gobierno a una derrota parcial

La caída del Capítulo XI de la ley de leyes puso un nuevo freno al avance oficial contra los derechos de personas con discapacidad y la educación pública. También se cayó el desacople de la AUH. El empecinamiento libertario aguó el debut de la nueva conformación de la Cámara de Diputados y dejó al descubierto la fragilidad legislativa.

Manuel Barrientos

El empecinamiento cruel del Gobierno con las personas con discapacidad y las universidades lo llevó a consumar una nueva derrota legislativa. Lo que parecía un triunfo cómodo se transformó en un debut amargo para la nueva conformación de la Cámara de Diputados que se suponía mucho más favorable para las bancadas libertarias. Aunque se aprobó en general el Presupuesto 2026 con 132 votos a favor, el oficialismo sufrió un duro revés durante la votación en particular. La oposición logró voltear el Capítulo XI, el núcleo donde se concentraba el ajuste más severo contra las personas con discapacidad y el sistema educativo superior.

La jornada en el Congreso estuvo marcada por la tensión y las maniobras reglamentarias. El oficialismo propuso votar por capítulos con el objetivo de «blindar» artículos polémicos, en especial el artículo 75°. Este apartado pretendía derogar de un plumazo las leyes de Emergencia Nacional en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, normativas que habían sido sancionadas por amplia mayoría, vetadas por el presidente Javier Milei y luego ratificadas por dos tercios de ambas cámaras.

Sin embargo, el cálculo político falló. Una vez más. Cerca de la 1:30 de la madrugada, el Capítulo XI fue rechazado por 124 votos en contra, dejando al descubierto la fragilidad de los acuerdos del oficialismo cuando se trata de vulnerar derechos adquiridos. Por enésima vez, el Gobierno volvió a caer derrotado ante la fuerza del sector de discapacidad y las universidades públicas.

La aprobación en general del Presupuesto fue una victoria a medias para el oficialismo. Un triunfo numérico que no logra ocultar la ceguera del gobierno de Javier Milei con su empecinamiento cruel contra el sector de la discapacidad. Otra vez, una mayoría legislativa que priorizó el lazo social por sobre los acuerdos palaciegos.

Un “cachivache jurídico» y el ajuste a la discapacidad

El rechazo no fue casual. Durante el debate, legisladores de diversos bloques tildaron la propuesta oficialista de “ilusoria” y “ficticia”.

El polémico capítulo no solo atacaba a las universidades con una partida insuficiente de $4,785 billones, sino que intentaba desmantelar el sistema de atención para personas con discapacidad. El oficialismo buscaba que los aranceles de las prestaciones básicas fueran determinados discrecionalmente por el Ministerio de Salud y la ANDIS, en un claro intento de eludir fallos judiciales adversos que obligan al Estado a garantizar estos servicios. La última señal de la Justicia había llegado la última semana: los tribunales federales de Campana habían avalado un amparo colectivo y determinaron que el gobierno nacional tenía que poner en marcha la ley de Emergencia en Discapacidad.

El jefe del bloque de UP, Germán Martínez, había alertado durante la sesión que “se está consumando el cuadro de lo que están intentando hacer en el desarrollo de la votación en particular” y explicó que el oficialismo querían “blindar” el artículo 75 y por eso “metían cosas en el Capítulo XI”. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) también calificó el dictamen como un “cachivache jurídico” y denunció que el Gobierno buscaba abandonar las funciones esenciales de “enseñar, curar y cuidar”.

La sesión estuvo plagada de acusaciones de “chantaje» y «transacciones”. Se denunció la incorporación a último momento de facultades para que el Jefe de Gabinete pague la deuda de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, en un intento de garantizar el apoyo del PRO. Pero hasta el diputado Álvaro González (PRO) rechazó lo que llamó un “plan canje”, aclarando que no iba a acompañar el Capítulo XI a pesar de las concesiones a su distrito.

Desde la izquierda, Nicolás del Caño y Myriam Bregman denunciaron que el presupuesto estaba “hecho a la medida del FMI”. Mientras que Máximo Kirchner (UP) cuestionó si el ataque a las familias con integrantes con discapacidad realmente “hace al equilibrio fiscal”.

El rechazo del articulado también arrastró otras medidas regresivas que el Ejecutivo intentaba imponer. Entre ellas, el artículo 69 que buscaba eliminar los subsidios al gas para gran parte del país, retrotrayéndolos solo a la Patagonia y la Puna.

Otro punto que se dio de baja fue el artículo 70 pretendía eliminar la movilidad automática de la AUH, dejándola sujeta a la discreción del Ejecutivo. Y también cayó el punto que preveía la derogación de financiamiento clave para escuelas técnicas y organismos como la CONAE e INVAP.

La aprobación en general del Presupuesto fue una victoria a medias para el oficialismo. Un triunfo numérico que no logra ocultar la ceguera del gobierno de Javier Milei con su empecinamiento cruel contra el sector de la discapacidad. Otra vez, una mayoría legislativa que priorizó el lazo social por sobre los acuerdos palaciegos.

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