La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado para expresar “su profunda preocupación por los hechos relacionados con la incursión armada de Estados Unidos en Venezuela y el arresto de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para ponerlos a disposición de la justicia norteamericana”. La declaración del organismo regional se conoció diez días después de la incursión de las fuerzas militares norteamericanas en territorio venezolano con el resultado de aproximadamente cien personas muertas –según ha sido consignado periodísticamente– y el secuestro del presidente Maduro y de su esposa.

En su manifestación, la CIDH aclara que “si bien la Comisión ha documentado graves violaciones de derechos humanos, así como la ruptura del orden democrático y del Estado de derecho en el país con anterioridad a la operación de Estados Unidos, reafirma que todo proceso de restauración democrática debe llevarse a cabo con pleno respeto del derecho internacional”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), representa a todos los Estados miembros de la región, su tarea es promover y proteger los derechos humanos en el continente americano y actúa con autonomía para cumplir su misión.

Mientras tanto en Venezuela el gobierno “encargado” presidido por Delcy Rodríguez dispuso la liberación de un número no precisado de personas que estaban privadas de su libertad y, al mismo tiempo, promulgó un decreto (5200) que le otorga más participación de a las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana y establece nuevas restricciones a la libertad de expresión. Por lo menos, 14 periodistas han sido detenidos desde que se conoció esta medida oficial.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló que el país está ahora en “tensa calma, pero calma”. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, agregó que el país tiene que “continuar su camino” a pesar de la “amenaza militar” que persiste.

De manera simultánea, el gobierno de Estados Unidos continúa con manifestaciones públicas que reafirman la idea del “tutelaje” de ese país sobre cuestiones relativas a la vida política y a la economía de la sociedad venezolana.

La CIDH advierte ahora que “la historia de la región ha evidenciado que la falta de observancia del derecho internacional suele provocar mayor posibilidad de vulneración de derechos humanos” y por ese motivo “destaca la relevancia de la aplicación del derecho internacional, con pleno respeto a la soberanía, la integridad territorial, el principio de no intervención y no agresión, la prohibición del uso de la fuerza” siguiendo lo establecido en la Carta de Naciones Unidas.

Agrega el informe que “durante los últimos 25 años, la CIDH ha realizado un monitoreo continuo y sistemático de la situación de derechos humanos en ese país, constatando un deterioro progresivo del Estado de derecho, de la institucionalidad democrática y de las garantías fundamentales”. Y subraya que “tras las graves denuncias de fraude en las elecciones de 2024, la Comisión concluyó que el gobierno de Nicolás Maduro carecía de legitimidad democrática, y documentó violaciones graves y sistemáticas perpetradas por el régimen” todo lo cual ha “contribuido a uno de los mayores flujos migratorios y de búsqueda de refugio del mundo, que afecta a más de siete millones de personas”.