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¿Para qué toda esta burocracia estatal? Específicamente para poner límites a la extranjerización de la tierra, para que de la totalidad del territorio argentino, sólo el 15% puede estar en manos extranjeras, esto tanto a nivel nacional, provincial y subprovincial (partidos o departamentos). Este 15% no puede replicarse en las distintas zonas de nuestro país, o sea no es acumulativo, lo que infiere que un extranjero –persona física o jurídica- no pueda ser dueño de más del 4,5% de las tierras a nivel nacional. La ley también establece un tope personal de 1000 hectáreas en la zona núcleo (norte de Buenos Aires, centro-este de Córdoba, sur de Santa Fe, caracterizándose por tener los mejores suelos productivos del país y un clima templado-húmedo), o su equivalente según propuesta de las provincias aprobadas por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales; y la prohibición de compra de tierras rurales que limiten o contengan cuerpos de agua de envergadura y permanentes, como así también aquellas que sean consideradas recursos estratégicos.

A fin de facilitar la comprensión de este último párrafo, sugiero acudir a las siguientes referencias. Un sitio oficial que exhibe las zonas de equivalencias que funcionan como tope máximo para la adquisición de tierras por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras, en el cual tomando como referencia la zona núcleo, se formularon las demás zonas de equivalencia del territorio nacional. Los valores expresados en el mapa parten del valor o factor de equivalencia 1, en el que 1 = 1000 hectáreas.

Por último para este punto, ver acá un mapa de extranjerización por provincia.

Algunas alteraciones a la ley y al Decreto 274/2012 que aprobó la reglamentación de la misma:

El 30 de Junio de 2016, durante el gobierno de Macri, entró en vigencia el Decreto 820/2016 y produjo modificaciones tales como: considerar como titular extranjero a quien sea titular de más del 51% del capital social de una persona jurídica, cambiando la reglamentación anterior que definía como extranjero a quien fuera titular de un porcentaje superior al veinticinco por ciento 25%. Con esta disposición afectó ampliamente la normativa vigente, ya que amplió considerablemente el espectro de posibles inversores o adquirentes extranjeros.

Otros cambios que se introdujeron eliminaron los controles cruzados tanto de la Unidad de

Información Financiera (UIF) y la AFIP para prevenir el posible lavado de activos o la elusión fiscal mediante la adquisición de tierras, en sintonía con las medidas que flexibilizaron las condiciones de acceso para el capital extranjero.

Las zonas industriales ya no tendrán el límite del 15% del territorio nacional, provincial o municipal; ni las 1000 hectáreas en zona núcleo y se eliminaron las sanciones en caso de incumplimiento de la ley, por ejemplo: apercibimientos, multas, etc., dado que ese texto fue eliminado en el nuevo decreto.

No derogar este decreto fue una deuda pendiente del último gobierno nacional y popular 2019-2023.

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Con la vigencia del DNU/70 -además del conflicto de poderes y avasallamiento de la Constitución Nacional- se pone en grave riesgo el patrimonio nacional y la soberanía e integridad territorial, las zonas de seguridad de frontera y la defensa, los cuerpos de agua y su suministro o seguridad hídrica, los recursos estratégicos no renovables y riquezas naturales, la integridad ecológica, la seguridad alimentaria, etc. La lista podría ser más larga.

Toda legislación es perfectible, pero con un Estado presente y el pleno funcionamiento de sus tres poderes. El presente y futuro, todo está amenazado; el bienestar de nuestro pueblo y las posibilidades de desarrollo económico, social y cultural. Necesario y urgente es detenerlo (NUD).

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