La reiteración de los ataques del presidente contra los ciudadanos que ejercen el periodismo es mucho más que un avance contra un grupo o sector de la sociedad. Pone en evidencia la intolerancia y la incapacidad para aceptar que la diversidad de ideas es constitutiva del derecho a la comunicación y éste sostén de la democracia.

Washington Uranga

El 2 de diciembre del año anterior, cuando iniciamos este recorrido con 4Palabras afirmamos que “la información y la comunicación son hoy parte esencial de la vida política y, ésta -la política- está en crisis en todo el mundo, pero al mismo tiempo, en vías de reconstrucción”.

Dijimos también que “no hay sociedades efectivamente democráticas sin comunicación democrática que las sostengan. No hay comunidades igualitarias y basadas en derechos que no se apoyen en información veraz, accesible a todas y a todos para elaborar juicios adecuados y respuestas pertinentes”.

Hoy como entonces estamos convencidos de que la construcción de los espacios democráticos es una tarea de toda la sociedad, pero particularmente de sus dirigentes, de los referentes sociales, científicos y culturales.

Con mucha más razón los es para quienes tienen responsabilidades institucionales. Y en particular para quien ocupa la primera magistratura del país. Por ese motivo no podemos pasar por alto que la relación entre el presidente Javier Milei y el periodismo ha estado marcada, desde el inicio de su gestión, por una tensión creciente que combina descalificaciones verbales directas a las que se suman decisiones que implican restricciones no solo para la labor periodística, sino para el ejercicio ciudadano de la comunicación.

La reivindicación del derecho a la comunicación trasciende ampliamente toda consideración sobre la defensa de la libertad de expresión, aunque incluye este capítulo.

Coyunturalmente han aparecido ahora manifestaciones y restricciones a la investigación y a la labor periodística –retirando acreditaciones de periodistas a la Casa Rosada y el Congreso– a partir del supuesto financiamiento ruso para una campaña en contra del gobierno. Nada se ha probado sobre tales acusaciones.

Pero cabe recordar que más allá de las acciones y los dichos dirigidos directamente contra periodistas y comunicadores sociales y al margen del episodio antes mencionado, el gobierno de Javier Milei –mediante el decreto 780/2024 del 2 de setiembre de 2024– modificó de manera restrictiva la ley 27.275 de acceso a la información pública (sancionada por el Congreso en 2016) limitando el acceso a datos privados de los funcionarios, restringiendo la concepción de “información pública” y habilitando incluso al Ejecutivo para evaluar la “buena fe” de quienes solicitan información, algo que puede utilizado como argumento –más entendible como excusa—por el gobierno para negarse a brindar la información solicitada. A tal punto que el funcionario puede argüir que hay «abuso del derecho» o «mala fe» en la petición. A ello se suma la solicitud de requisitos de identificación del peticionante, incluyendo domicilio y correo electrónico del solicitante, lo que puede entenderse también como una forma de inhibir la participación.

Lo que hace y dice el presidente cuando califica, insulta y destrata a los periodistas no es un ataque a un grupo o un sector. Es un atropello a la democracia misma. Pero también lo es cuando el primer mandatario y el gobierno manipulan o tergiversan la información oficial o cuando para informar a la sociedad solo lo hacen a través de interlocutores complacientes o medios “amigos” o cuando no hay posibilidad de diálogo directo con los responsables de la gestión en todos los niveles.

¿Por qué esta consideración si los últimos acontecimientos están directamente referidos a los periodistas y a una supuesta conspiración contra el gobierno apoyando a periodistas críticos del oficialismo y financiada con dinero ruso?

Lo hacemos para apartarnos de cualquier defensa corporativa del periodismo. Es preciso defender la libertad de expresión y la labor de los periodistas. Pero esto no se puede hacer al margen o sin contemplar que lo importante, lo sustancial, es que, sin acceso a la información, sin posibilidades de expresión ciudadana y manifestación de la diversidad, no hay democracia. Porque ésta se apoya y se asienta en la libre circulación y el debate de las ideas. Restringir esta posibilidad no puede quedar al arbitrio de un gobierno. Tampoco de una persona así ocupe la máxima magistratura del país. Lo que hace y dice el presidente cuando califica, insulta y destrata a los periodistas no es un ataque a un grupo o un sector. Es un atropello a la democracia misma. Pero también lo es cuando el primer mandatario y el gobierno manipulan o tergiversan la información oficial o cuando para informar a la sociedad solo lo hacen a través de interlocutores complacientes o medios “amigos” o cuando no hay posibilidad de diálogo directo con los responsables de la gestión en todos los niveles.

Los ataques sin fundamento, las restricciones a la información, los insultos del presidente a los periodistas son mucho más que el maltrato a un grupo, o a una parte de la sociedad. También la información sesgada, la manipulación de los datos o la concentración de la propiedad de los medios. Todos estos factores, unidos y vinculados, constituyen una afrenta grave contra la democracia y una violación a los derechos humanos de la que debe tomar nota toda la ciudadanía en defensa propia. Dejarlo pasar sería una omisión con un costo sumamente riesgoso e imprevisible para la convivencia democrática en la diversidad y la pluralidad.

4Palabras