Mentira la verdad

La creación de la Oficina de Respuesta Oficial refuerza una pregunta incómoda para la democracia: qué pasa cuando el Estado se arroga el rol de desmentir, señalar y definir qué debe ser considerado verdadero.

Mauro Limas

La novela 1984, del escritor británico George Orwell, fue publicada en 1949. Narra la vida en Oceanía, una sociedad sometida a vigilancia total, propaganda permanente y un relato único administrado por el Estado a través del llamado Ministerio de la Verdad: un organismo dedicado no a informar, sino a definir qué debía ser considerado verdadero. Estos son datos.

La creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, puesta en marcha esta semana, también es un dato. Que esa decisión huela más al Ministerio de la Verdad de Orwell que a una política pública orientada a fortalecer el derecho a la información es una interpretación. Exagerada, sin duda. Pero aun así, una pregunta que vale la pena hacerse.

“La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”, señala su primer comunicado difundido a través de la red social X. Uno de los problemas de esta iniciativa no es la existencia de la desinformación —que es real y creciente—, sino el lugar desde donde se decide combatirla y las consecuencias que eso tiene sobre el ecosistema informativo y, en última instancia, sobre la democracia.

Lo que se presentó como una “oficina” no es, en los hechos, un organismo autónomo, técnico o independiente. Se trata de una cuenta institucional en redes sociales, cuya conducción recae en Juan Pablo Carreira —conocido como Juan Doe—, director nacional de Comunicación Digital, funcionario que responde políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo. Manuel Adorni, vocero presidencial y jefe de gabinete, también forma parte del mismo dispositivo comunicacional del oficialismo y actúa como una de sus caras más visibles. Es decir, la flamante oficina, más que un ente de control o de promoción del derecho a la información, es una herramienta claramente integrada al aparato de comunicación del Poder Ejecutivo.

Hay una diferencia sustantiva entre que el Estado publique datos públicos, rinda cuentas o explique políticas, y que se arrogue la facultad de desmentir discursos ajenos, calificándolos como “mentira” u “operación”.

Esto no es un detalle menor. El derecho a la información no consiste en que el Estado responda rápido ni en que tenga una voz fuerte en redes sociales. Consiste en garantizar acceso a información plural, verificable y producida bajo reglas claras. Hay una diferencia sustantiva entre que el Estado publique datos públicos, rinda cuentas o explique políticas, y que se arrogue la facultad de desmentir discursos ajenos, calificándolos como “mentira” u “operación”.

“Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales”. El discurso de combate al comunismo por parte del actual gobierno vuelve a quedar explícito en este anuncio. Pareciera que esta oficina no se propone combatir mentiras u operaciones “de centro”, “de derecha”, “de arriba” o “de abajo”, sino que delimita con claridad a su adversario: la izquierda.

El gobierno insiste en que desmentir no es censurar. Formalmente, es cierto. Pero la censura no es la única forma de afectar el derecho a la información. Cuando el Estado, desde una posición de poder asimétrica, señala públicamente a medios, periodistas o actores políticos como desinformadores, genera efectos disciplinadores evidentes: deslegitimación simbólica, presión indirecta y autocensura. No hace falta prohibir para condicionar.

La iniciativa parece imitar la cuenta “Rapid Response 47”, un dispositivo comunicacional de la Casa Blanca, creado por el presidente Donald Trump para confrontar narrativas críticas, denunciar supuestas fake news y disputar sentido en redes sociales. La comparación es útil, pero también reveladora: esas experiencias no fueron políticas públicas de verificación independiente, sino herramientas de defensa narrativa del gobierno de turno. Comunicación política, no garantía de derechos.

En Argentina, además, el espíritu de esta oficina no aparece de la nada. Tiene un antecedente directo en el propio vocero presidencial. Durante 2024, Manuel Adorni impulsó un programa de streaming titulado Fake 7-8, una referencia explícita —y provocadora— al histórico programa kirchnerista 6-7-8. Allí se proponía desmentir noticias y operaciones mediáticas, mezclando análisis, opinión y confrontación directa con periodistas y medios críticos. El dato no es solo simbólico: el propio Adorni difundió al menos en una ocasión material manipulado con inteligencia artificial atribuyendo declaraciones falsas al gobernador bonaerense Axel Kicillof, lo que luego fue desmentido. Paradojas…

Este punto es central. El problema de las fake news y los deepfakes es real y serio. La pregunta es quién debe enfrentarlo. En democracias saludables, la verificación de información suele recaer en organismos independientes, universidades, organizaciones de la sociedad civil o consorcios periodísticos. Cuando esa tarea queda concentrada en el gobierno en ejercicio, sin reglas claras ni controles externos, el riesgo no es solo el error: es la institucionalización de una verdad administrada.

La experiencia de la Oficina Anticorrupción puede servir como espejo de la nueva iniciativa del gobierno. Aun habiendo sido creada por ley, con estructura, presupuesto y funciones formales dentro del Estado, la OA ha sido cuestionada en distintos gobiernos por su dependencia política del Poder Ejecutivo y la escasa vocación para investigar al oficialismo de turno. La discusión, en ese caso, no es su existencia sino el modo en que ejerce sus funciones. La llamada “Oficina de Respuesta Oficial” ni siquiera alcanza ese umbral institucional: no fue creada por ley, no es autónoma ni cumple funciones de control, sino que opera como una herramienta del aparato comunicacional del Gobierno presentada bajo la retórica del combate a la desinformación.

La democracia no se fortalece cuando el Estado define qué debe creerse. Se fortalece cuando garantiza condiciones para que la ciudadanía acceda a información diversa, contraste fuentes y forme su propio juicio. Combatir la desinformación no puede implicar reemplazarla por un “Ministerio de la Verdad”.

Tal vez el problema no sea el nombre de la Oficina ni el discurso que la justifica, sino algo más profundo: cuando el poder se arroga el rol de árbitro de la verdad, el derecho a la información deja de ser un derecho y empieza a parecerse peligrosamente a una concesión. Y las concesiones, en democracia, siempre dependen de quién gobierna.

4Palabras