Históricamente las semillas estuvieron bajo el control de los agricultores, para quienes han sido un producto y un medio de producción. En un momento dado, pasaron a ser un insumo externo de su producción, que debe comprarse anualmente o, en caso de volver a utilizarla para la siembra, exige pedir autorización y pagar regalías. Las semillas transformadas en mercancías se configuran como productos de la industria y en factor de poder sobre todo lo demás.

La “Ley Bases”, impulsada por el gobierno de Javier Milei y sancionada por el Congreso establece la adhesión a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV91). La firma del acuerdo comercial en febrero pasado entre Argentina y Estados Unidos primero, luego el discurso del presidente en el Congreso donde expresó que “tenemos las condiciones y las herramientas para producir 300 millones de toneladas” y que “habrá un nuevo marco para proteger a quienes desarrollan genética y biotecnología”, reinstala el debate sobre la Ley de Semillas –Ley 20.247- y sus posibles modificaciones. A ello se agrega que en  la reciente Expoagro, en San Nicolás, sectores del agro le acercaron al Ejecutivo una propuesta al respecto.                                        

Se trata de un debate que aunque en muchas oportunidades se lo trate de circunscribir a los ámbitos legales o técnicos, es fundamentalmente una discusión de orden político.

¿Y por qué es así? 

Porque controlar las semillas es controlar parte de la reproducción vital, dado que constituyen el primer eslabón de la cadena agroalimentaria y atañe de modo ineludible a la soberanía alimentaria. 

Es también poner en cuestión el modelo de agronegocios.

La Ley de Semillas es una manifestación más de una disputa de largo alcance entre proyectos contrapuestos de país, entre formas controvertidas de abordar la agricultura, de relacionar la producción de riqueza económica.

Así como en otras cuestiones que hacen a nuestra soberanía, aquí debemos mencionar el rol de las empresas transnacionales y su influencia a través del lobby para incidir en las políticas públicas. El caso modélico en nuestro país, es el del paquete tecnológico ligado a la soja transgénica (soja RR-siembra directa-agroquímicos), introducido a partir de la década del ’90.  

Respecto a la ley de semillas, las empresas transnacionales han ejercido presión para proteger sus patentes y garantizar posición monopólica en este mercado, lo que limita la libertad de los agricultores para utilizarlas y sembrarlas.    

Todo lo antedicho abre una controversia: la transferencia de derechos a favor de las grandes empresas trasnacionales y la concentración de recursos.   

Y, en consecuencia, surgen algunos interrogantes  no fáciles de resolver: ¿más derechos para los obtentores  que crean, desarrollan o descubren una nueva variedad vegetal mediante mejoramiento? ¿restricciones al uso propio de semillas por parte del productor? ¿un sistema más estricto en el cobro de regalías?  

La comunidad, a través de actores diversos, ha manifestado su reiterada preocupación, no solo por el impacto que supone restringir el uso de semillas tradicionales, –con el riesgo de perder la riqueza genética de las variedades nativas y criollas y su riqueza social implícita-,  y aumentar la dependencia en las semillas transgénicas de las empresas transnacionales, sino también por el impacto en la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

Según lo expresó la Agencia Tierra Viva, especializada en estos temas, ante la decisión argentina de adherir  a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales de 1991, más de 400 organizaciones socioambientales y de productores de todo el país hicieron público su repudio a la posibilidad de esta adhesión. En defensa de la soberanía alimentaria, reclamaron al Congreso de la Nación que la rechace y advirtieron que incluir a Argentina dentro de UPOV 91 “representa la profundización del cercamiento corporativo del primer eslabón de toda la cadena agroalimentaria“(las semillas). 

Aprobar la adhesión a UPOV 91 implica que deberá discutirse la Ley de Semillas actual para adecuarla a sus disposiciones. Por ese motivo, sigue diciendo la declaración, “desde hace años este puñado de corporaciones buscaron infructuosamente la modificación de la Ley de Semillas, que reconoce derechos de propiedad intelectual (“de obtentor”) para las empresas, pero también garantiza derechos de los y las agricultoras sobre los frutos de sus cosechas con semillas certificadas”.

Este es el motivo por el cual los intentos de las multinacionales del agronegocio para modificar la normativa fueron sistemáticamente rechazados por un conjunto amplio de organizaciones de productores y de la sociedad civil. Porque la ley de semillas es un tema de soberanía alimentaria concierne e involucra a quiénes deciden qué se produce y qué se consume en el país.

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