En el último Informe del Programa para el Desarrollo Humano de Naciones Unidas se presentan algunas postales de lo que ocasiona la escasez de agua en el mundo. En Pakistán, el retroceso de unos 10.000 glaciares por el cambio climático puso en riesgo el desarrollo de las ciudades río abajo. Mujeres y niñas en Yemen deben destinar más tiempo a trasladar agua potable desde los pozos hasta sus cultivos, tiempo que no pueden dedicar a la educación y a sus proyectos.  Hombres de Sierra Leona se apoderan de los pocos pozos activos y cometen abusos sexuales de las mujeres que precisan agua para sus familias.. Son historias lejanas y, sin embargo, ceder a los intereses mineros, que hacen lobby para modificar la Ley de glaciares, las hacen resonar más cerca. De una Argentina que nos brinda todo, podemos quedarnos sin nada.

La Ley 26.639 se sancionó en 2010 para proteger y preservar el ambiente periglacial y preservar las reservas hídricas. Su reforma, que busca reducir las zonas protegidas para cederlas a la explotación minera, ya obtuvo la media sanción del Senado de la Nación. Antes de pasar por Diputados para conseguir la sanción definitiva, se realizó una audiencia pública con varios vicios de nulidad, como la reducción arbitraria de la cantidad de oradores -había unos 120.000 inscriptos- y la presencia de oradores por las empresas mineras que no estaban en la lista.  Así y todo, el rechazo a la modificación de la ley, con diferentes argumentos, algunos rechazos de plano, otros por cuestiones específicas del proyecto, llegó a casi el 90% de los disertantes.

Los representantes de las empresas se refugiaron en el argumento obvio de no oponer minería a medio ambiente.  En términos abstractos, el argumento es válido: con los cuidados correspondientes, en las zonas adecuadas, con las tecnologías apropiadas y a niveles seguros, Argentina podría aprovechar la explotación de sus recursos naturales para solventar su economía y atraer inversiones.  En términos reales y concretos, en cambio, el argumento choca con los ‘accidentes’ que en nuestro país y en América Latina han tenido como protagonistas a las mismas mineras.

Más que confiar en las empresas, los ciudadanos deberían poder confiar en el gobierno y su poder de control.  ¿Cómo confiar en un presidente que llegó al poder negando el cambio climático y que no ahorra oportunidad para atacar cualquier discurso o política de desarrollo sostenible?  Más aún, se ha dedicado a desfinanciar a las universidades e institutos de investigación públicos que deberían actuar como controladores y garantes, haciendo un seguimiento científico y tecnológico y permitiendo a la sociedad auditar la labor extractivista.  Esta coyuntura política, atenta contra cualquier acuerdo entre ambientalistas y empresas.

El agua es un bien vital para el desarrollo y la vida, permite múltiples producciones regionales agropecuarias y agroalimentarias y favorece las industrias cultural y turística. El gobierno promete la llegada de grandes inversiones y la apertura de fuentes de trabajo. Sin embargo, se dedicó a generar las condiciones para disminuir el impacto económico que esas inversiones puedan tener para la población, pues el RIGI no se compromete a contratar mano de obra y proveedores nacionales, eliminando incentivos para insertar a las pymes locales en la cadena de valor. Tras el boom que puede generarse en la primera etapa, donde se construye la infraestructura para la explotación, el ‘derrame’ de las empresas mineras a la economía regional puede ser limitado.

En la defensa de los glaciares, la sociedad argentina se organiza alrededor de las comunidades científicas, originarias, ambientalistas y las dirigencias políticas que no claudican.  El gobierno nacional, los gobernadores, los legisladores y la justicia pueden ser permeables al lucrativo lobby de las empresas mineras. La política juega al juego corto del ritmo electoral, no los tiempos vitales de las familias y las comunidades.  Y ese primer impacto lucrativo del extractivismo nubla la mirada del día después: qué nos queda y qué perdimos. Dicen que las guerras del futuro serán por el agua.  Ese futuro ya llegó para nosotros. La sociedad argentina no puede perder esta batalla.

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