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«La universidad no es el problema, es la solución»: Masiva marcha contra la asfixia presupuestaria

«La universidad no es el problema, es la solución»: Masiva marcha contra la asfixia presupuestaria

Mientras en el Congreso el oficialismo maniobraba para dar de baja la sesión por el DNU 70/23 y la policía desataba la represión en las calles, miles de manifestantes marcharon bajo la lluvia en defensa de la universidad pública. Las voces de una comunidad que exige salarios dignos, presupuesto y respeto por las leyes.

Martina Dentella

Apenas dos horas antes de que los primeros encapuchados activaran su propio protocolo, de que se encendieran los carros hidrantes, antes de que lanzaran balas de goma, también antes de la avanzada de la policía motorizada, antes de todo eso, varias columnas de manifestantes avanzaban hacia el Congreso, desde distintas coordenadas. Los cánticos, bombos y redoblantes se mezclaban con la lluvia mientras el oficialismo ajustaba los últimos acuerdos con los bloques que responden a los gobernadores aliados para dar de baja la sesión que buscaba derogar el mega DNU 70/23.

Poco después del mediodía habían sido las organizaciones que representan a las personas con discapacidad las que se habían expresado en el mismo lugar para exigir la extensión de la “emergencia en discapacidad”. Ellos y ellas también son víctimas del ajuste libertario.

En el documento conjunto leído por rectores y estudiantes por la tarde y minutos antes de que comenzara el espectáculo represivo, las comunidades educativas reclamaron el respeto a la división de poderes frente a lo que consideran “una asfixia presupuestaria deliberada”. El comunicado de la quinta marcha federal universitaria advierte que el presupuesto educativo sitúa la inversión en menos del 1% del PBI —una de las cifras más bajas de América Latina—, poniendo a las casas de estudio en riesgo real de no poder funcionar. Por ello, exigieron un incremento del 33,4% respecto del proyecto presentado por el Ejecutivo para garantizar las condiciones mínimas del sistema.

A esta crisis se suma el ataque salarial a docentes y no docentes por el desconocimiento de las paritarias, el congelamiento de becas estudiantiles como las Progresar y un severo desmantelamiento del sistema científico que ya provoca el éxodo de investigadores formados en el país. Finalmente, la declaración remarcó que el sistema universitario y científico-tecnológico no está discutiendo sus márgenes de crecimiento, sino su propia supervivencia, concluyendo con la convicción de que la universidad pública “no es el problema de la Argentina, sino una parte fundamental de la solución”.

El comunicado de la quinta marcha federal universitaria advierte que el presupuesto educativo sitúa la inversión en menos del 1% del PBI —una de las cifras más bajas de América Latina—, poniendo a las casas de estudio en riesgo real de no poder funcionar. Por ello, exigieron un incremento del 33,4% respecto del proyecto presentado por el Ejecutivo para garantizar las condiciones mínimas del sistema.

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Fernando se acercó con amigos y compañeros de trabajo, es empleado de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). “El ajuste está afectando mucho a la universidad”, dice, porque se pararon los convenios, las becas no se renuevan, los salarios no aumentan.

Asegura que “al gobierno no le entran balas”, que las marchas previas también fueron multitudinarias y que “aún así no se logró que hagan cumplir la ley”. “Me parece que es una cuestión de que no les importa, básicamente”, agrega. “Veo a la sociedad muy dormida, me gustaría que se rebele un poco más. La noto muy quieta”, y asegura que otros años, con otras situaciones, “aunque no estábamos del todo bien, pero sí mejor que ahora” la sociedad estaba “más activa”. Le diría al gobierno “que se fije en el pueblo, en qué es lo que quiere el pueblo que está en la calle, no en los programas de la tele, en las redes o en los recintos”.

Clara es docente de la Universidad de José C. Paz. “Tenía miedo de que venga poca gente, y podríamos ser más, pero somos un montón”, dice. El problema, aclara, no es cuántos seamos, porque “de todos modos hacen oídos sordos porque son unos siniestros, unos cínicos”. Para Clara la potencia popular “la desarrollamos todos los días cuando estamos en la calle”, por eso valora que esta convocatoria es “una de las luchas” hasta que “esto cambie”. Insiste en que lo que traen los recortes “es más esfuerzo, cansancio, y la perseverancia del pueblo que defiende sus derechos, docentes, estudiantes que quieren defender, progresar y tener un país mejor”. Pide que “se cumpla con la ley, que escuchen al pueblo y que gobiernen para lo que fueron votados, pero ojalá que se vayan pronto”.

Mariela transita la calle Cerrito camino a Avenida de Mayo. Es profesora del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, y está rodeada de sus compañeros docentes y no docentes. Dice que el recorte presupuestario “modificó el ánimo de los que habitamos la universidad, todo cuesta más, sobre todo mantener viva esa vocación del conocimiento”. “Se nos están yendo los docentes porque subsistir cuesta mucho dinero y no puede ser que el buen funcionamiento de la universidad quede a cargo de los trabajadores, tiene que ser una política pública con decisión y convicción, sí o sí”.

“Esto es un punto en el que toda la sociedad tiene que reflexionar, si nosotros hoy tenemos capacidad de lucha no solo es por el movimiento de la ciudadanía, sino porque nos respalda una ley que pudimos defender, cosa que no se logró con la reforma laboral: ¿Cuánta gente perdió derechos y cuántas oportunidades te quita no contar con una ley que te respalde? Eso la sociedad lo tiene que saber: cada vez que no se moviliza por sus derechos, pierde una gran capacidad de lucha”, dice.

“Al gobierno le diría que son una mentira y que dejen de subestimar la inteligencia de este pueblo cansado”. “El presidente cree que todo tiene un costo, pero los servicios que brinda la universidad a toda la ciudadanía, al mundo entero, es un beneficio que todas las personas en algún momento de la vida lo reciben”, cierra.

Agustina transita sus primeros pasos en la universidad de Buenos Aires. Es chubutense, por lo que entiende que “si la educación no fuese pública yo no podría estar estudiando lo que me gusta”. Los recortes se notan, explica, en los talleres, en la falta de bancos para sentarse, en las instalaciones que “no están muy bien”.

Sobre el resto de las demandas que confluyen en la misma escena, Lucía dice: “es todo un mismo reclamo, porque al fin de cuentas estamos pidiendo que se respete la democracia, una ley que votaron los diputados que eligió el pueblo argentino; lo mismo sucede con la ley de tierras, que tampoco están cumpliendo, que quieren vetarla”.

“Estamos acá porque queremos que cumplan, que mucha gente en su momento luchó por tenerlo, y la verdad es que ahora se esté perdiendo es una falta de respeto hacia ellos”. También se suma al reclamo por la ley de inviolabilidad de la tierra: “vengo del sur, de la Patagonia, y siento que es un reclamo que está muy bien, que no tienen por qué vender nuestras tierras”.

Marisa es licenciada en educación, docente, jubilada, estudiante del profesorado de educación. Dice que “está todo totalmente parado”: las investigaciones, el mantenimiento edilicio, las obras, los salarios. “Es una cosa irrisoria porque con los sueldos que cobramos los docentes no podemos hacer nada”.

Espera, desea, que la marcha “tenga potencia y si no la tiene seguiremos igual en las calles, porque mucho más no nos queda más que estar acá y pedir lo que es justo y protestar” porque “todo lo que está limando el Estado es imprescindible”.

Una gran columna de colegios de la Ciudad de Buenos Aires avanza. Son los más revoltosos, ruidosos, ágiles. Contienen la fuerza y frescura de la juventud. Lucía asiste al colegio Carlos Pellegrini. “Vemos cómo nuestros docentes no vienen a clase porque no les pagan los sueldos, vemos cómo agarran más horas después del colegio”, cuenta. “Es muy triste lo que está pasando, somos pibes que queremos estudiar, queremos estar en el colegio, y que venga el docente y que nos dé su clase, y estamos viendo que hay docentes angustiados que no pueden comer en sus casas porque los sueldos no alcanzan. Lo mismo le sucede a algunos de nuestros padres, que a veces son docentes en universidades públicas y están muy afectados”.

Sobre el resto de las demandas que confluyen en la misma escena, dice: “es todo un mismo reclamo, porque al fin de cuentas estamos pidiendo que se respete la democracia, una ley que votaron los diputados que eligió el pueblo argentino; lo mismo sucede con la ley de tierras, que tampoco están cumpliendo, que quieren vetarla”.

Adriana es médica en el Hospital de Clínicas. Advierte sobre las graves consecuencias que esta situación genera tanto en el sistema de atención pública como en la excelencia educativa de la institución. «Fundamentalmente lo que planteamos es defender la calidad académica que se ve afectada por el recorte del recursos”, pero particularmente en el hospital recae sobre los pacientes que acceden a las prestaciones, porque como el hospital no tiene plata, los pacientes que no tienen obra social son derivados a otro sistema de salud, no pueden ser atendidos», explica la profesional.

Para Adriana, preservar el prestigio del Hospital de Clínicas es indispensable no solo para mantener el nivel de la medicina nacional, sino para resguardar la formación de las futuras generaciones. «Nuestro hospital fundamentalmente tiene que ver con poder conservar el prestigio académico. Hay médicos del Hospital de Clínicas en los lugares más importantes del mundo: gente que hay en Colombia, en Harvard, en la Universidad de Buenos Aires. Genera una alta calidad de médicos y esos médicos también somos los que atendemos a los pacientes. Entonces es importante preservarlo por nosotros, para los alumnos que se forman en nuestro hospital y para los pacientes que se atienden», señala.

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