La salud mental será lucha colectiva o no será

En un contexto de ajuste y mercantilización de la vida, el sufrimiento psíquico se profundiza mientras se erosionan las respuestas colectivas. Las coordenadas que organizan la vida en común se desdibujan. La nota forma parte del dossier sobre salud mental que está publicando 4Palabras.

Verónica Laplace

Vivimos tiempos de profunda desorientación. Las coordenadas que organizan la vida en común se desdibujan y pierden su capacidad de orientar nuestro andar por el mundo.

En este escenario emergen con fuerza múltiples formas de sufrimiento: episodios de alto voltaje ansioso, los tan mentados “ataques de pánico”, depresiones cada vez más hondas, exaltaciones extremas del ánimo y situaciones de riesgo para sí y/o para otras personas. Padecimientos que encuentran enormes dificultades para tramitarse cuando se debilitan deliberadamente los puntos de referencia simbólicos y los amparos colectivos que permitían inscribir el malestar en tramas sociales compartidas. Se impone con voracidad la ficción de un “sujeto del mercado” que pretende ordenar las formas de vivir, sentir y desear. Bajo esta lógica, el padecimiento deja de ser efecto de decisiones políticas concretas, para ser leído como fracaso personal. Cada quien es responsabilizado individualmente por su devenir.

En nuestro país, esta lógica se expresa en la ofensiva de un gobierno que horada sistemáticamente el entramado colectivo que sostiene los derechos, produciendo no solo exclusión material, sino también un profundo daño subjetivo.

Es en este marco que el campo de la Salud Mental se revela como un territorio de disputas. No hay neutralidad posible frente al sufrimiento política y socialmente producido.

La Ley Nacional de Salud Mental 26657 se inscribe en esta disputa, con un posicionamiento claro: afirma que el padecimiento psíquico no puede reducirse a una patología individual ni abordarse mediante el encierro, la medicalización o el castigo. Debe pensarse como un proceso complejo, determinado por múltiples componentes —sociales, políticos, económicos, culturales, biológicos y psicológicos— y en íntima relación con los derechos humanos. Por eso promueve dispositivos comunitarios, reconoce la interdisciplina y la intersectorialidad, garantiza la participación de usuaries y familiares y reafirma el rol indelegable del Estado como garante de derechos. Estos principios no son negociables, constituyen el núcleo democrático de este cuerpo normativo que establece con claridad que la Salud Mental es un Derecho.

Los intentos permanentes por deslegitimar la Ley Nacional de Salud Mental forman parte de una estrategia deliberada de vaciamiento. Se trata de una política activa de desfinanciamiento, desregulación y abandono estatal. Allí donde el Estado se retira, avanzan el mercado, la medicalización compulsiva y las respuestas punitivas.

Vale subrayar que la 26657 constituye una conquista histórica del campo nacional y popular, del movimiento de derechos humanos y de los colectivos de trabajadores, usuaries y familiares que, durante décadas, lucharon contra el modelo manicomial, el encierro como respuesta estatal y la patologización de la pobreza, la diferencia y el sufrimiento social. Resulta igualmente significativo recordar que fue aprobada en el año 2010 de manera unánime en ambas cámaras legislativas -con una única abstención en senadores-, lo que da cuenta de la legitimidad política y social que la sostenía.

Ahora bien, en un contexto de ajuste, mercantilización y retroceso en derechos, como el que asistimos hoy, su defensa no es una opción técnica ni un debate académico: es una definición política. Los intentos permanentes por deslegitimar la Ley Nacional de Salud Mental forman parte de una estrategia deliberada de vaciamiento. Se trata de una política activa de desfinanciamiento, desregulación y abandono estatal. Allí donde el Estado se retira, avanzan el mercado, la medicalización compulsiva y las respuestas punitivas.

En esta coyuntura, el Consejo Consultivo Honorario Nacional en Salud Mental y Adicciones, creado por la Ley 26.657 a través de su decreto reglamentario, constituye una herramienta política clave para el monitoreo de las políticas públicas y la formulación de recomendaciones a la autoridad de aplicación. El CCH condensa una historia de lucha colectiva e institucionaliza a las organizaciones de la sociedad civil como actores legítimos en la definición de las políticas de salud mental. Integrado por usuaries, familiares y organismos de derechos humanos, no solo denuncia vulneraciones: disputa sentidos e impulsa prácticas sustitutivas al encierro y la medicalización. Vulneraciones, sino que disputan sentidos e impulsan prácticas sustitutivas al encierro y la medicalización.

Sostener la Ley Nacional de Salud Mental hoy implica defender el rol del Estado como garante de derechos y el derecho de las comunidades a incidir en las decisiones que afectan sus vidas.

Implica sostener que sin organización no hay derechos, sin participación no hay democracia y sin ley no hay límite frente a un gobierno que erosiona lo común.

Implica asumir que el campo de la salud mental será lucha colectiva o no será.

Verónica Laplace es Licenciada en Psicología, Especialista en Gestión en Salud, Trabajadora de Salud Mental en el ámbito público -municipio de Lanús-, Integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -APDH Argentina-, Presidenta del Consejo Consultivo Honorario Nacional de Salud Mental y Adicciones.

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