La movilización ambiental y las denuncias por irregularidades marcaron la primera audiencia por la ley de Glaciares
Acusaciones de incompatibilidad pública, advertencias por daños irreversibles y la voz tajante y potente de la autora de la ley original marcaron la primera jornada de debates en Diputados por la reforma de la ley de glaciares que impulsa el Ejecutivo. El arco ambientalista impugnó la metodología y salió a la calle a ponerle el cuerpo a las más de cien mil inscripciones.
- marzo 25, 2026
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En un clima de tensión, denuncias cruzadas –al borde de la violencia– y movilización, se realizó la primera audiencia pública por la modificación a la ley de glaciares. Mientras en el interior del anexo de la Cámara de Diputados, los legisladores y organizaciones ambientalistas buscaban impugnar el proceso denunciando irregularidades en la metodología oficial que «condicionan la participación», en la calle una manifestación bajo la consigna “Traé tu silla hasta que nos escuchen” marcaba hasta qué punto este debate es parte de la agenda social. En las inmediaciones del Congreso, hubo un fuerte operativo de seguridad durante toda la jornada y como cada miércoles, personal de gendarmería bordeaba el histórico edificio.
Marta Maffei, exdiputada y autora de la ley original, fue una de las primeras y más contundentes voces del día. Calificó la reforma como una «aberración disfrazada de audiencia pública» y aseguró que su participación “no la convalida”. La docente, que trabajó durante un año con académicos y comunidades para el armado de la norma que hasta hoy sigue vigente, denunció que este proyecto es «regresivo en materia ambiental, jurídica y democrática».
«Bajo una fachada de federalismo, se habilita a la discrecionalidad para que cada provincia disponga sobre el agua y los glaciares», advirtió Maffei, quien anunció que iniciará acciones legales. Según su visión, la reforma viola el artículo 41 de la Constitución nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “¿Qué quiere decir que no es relevante? ¿Para quién? ¿Para la preservación del agua, para la vida de los pueblos, para los ecosistemas, para la producción agrícola-ganadera o para el futuro de nuestro país? No hay federalismo cierto si el agua que es interjurisdiccional la administra solamente la provincia que está cerca del glaciar y deja río abajo a todo el mundo en la seca».
La exdiputada sostuvo que la Argentina tiene en este momento 53 emprendimientos contaminantes arriba de los glaciares, “lo han venido haciendo reiteradamente”, y cerró: “No tienen la menor idea de lo que es la minería a cielo abierto, no lo saben, no lo conocen. Deja contaminada el agua de forma irreversible, el ácido sulfúrico que se forma no lo sacan más”.
Autora de la ley original y exdiputada, Marta Maffei calificó la reforma como una "aberración disfrazada de audiencia pública" y aseguró que su participación “no la convalida”. También denunció que este proyecto es "regresivo en materia ambiental, jurídica y democrática".
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, acompañado por el diputado Eduardo Valdés, sentó una postura ética y humanitaria sobre el recurso: “El agua no es una mercancía, es un derecho humano”. Y marcó un contraste directo con la visión productivista del gobierno.
El glaciólogo Gabriel Carrera aportó una mirada más técnica y crítica sobre la redacción del nuevo texto, y advirtió sobre errores conceptuales que podrían tener consecuencias legales y ambientales graves. Carrera señaló que el término “ambiente periglaciar” utilizado en la reforma es una categoría «difusa» y técnica que debería reemplazarse por «ambiente periglacial» para mantener la precisión científica y evitar grises que favorezcan la explotación minera en zonas sensibles.
La jornada también estuvo marcada por la grave denuncia del abogado ambientalista Enrique Viale, quien acusó a la senadora Flavia Royón de tener una consultora que asesora a la minera Río Tinto, anunciando una presentación penal por incompatibilidad y cohecho. “Esto erosiona la democracia, pero el extractivismo es así: a más extractivismo, menos democracia”, disparó Viale. “No les pedimos que se ‘deslomen’, pero estírenla quince días porque podrían haber ido a las provincias a escuchar a la gente”, señaló Viale y agregó que “lo peor de todo es que nos plantean que esta ley viene a impulsar la minería… pero la Ley de Glaciares tiene un inventario hecho por la ciencia que es lo que quieren destruir”.
Desde San Juan, funcionarios como Gustavo Emilio Fernández defendieron la minería como «ineludible» para su provincia, asegurando que la actividad solo consume el 3% del agua disponible. Sin embargo, el cierre de la jornada volvió a la confrontación cuando la ministra de Ambiente bonaerense Daniela Vilar arrojó miles de firmas de ciudadanos contra la mesa de las autoridades del plenario, acusándolos de «caradurez» por intentar avanzar con una reforma que calificó como un daño «irreversible» para la supervivencia humana.
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