Actualmente el proyecto continúa bajo estudio en comisiones, donde se busca unificar criterios entre las distintas propuestas presentadas para lograr un dictamen de mayoría que pueda ser votado en el recinto. Uno de los problemas a resolver es lograr un marco normativo federal que coordine acciones de prevención y publicidad sin vulnerar las autonomías locales teniendo en cuenta que en Argentina, la regulación, fiscalización y el otorgamiento de licencias de juegos de azar corresponden a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además de emitir reiteradas declaraciones sobre los problemas que causa la ludopatía en la sociedad, en particular entre los jóvenes, los obispos y la Comisión de Pastoral Social hicieron numerosas gestiones directas y mantuvieron conversaciones con los legisladores para lograr que el proyecto de ley avance en ambas cámaras.

Ahora se advierte que “no hacer nada” también es una decisión y que, en este caso, sería una decisión “profundamente lamentable” porque “significaría privilegiar los intereses de una pequeña minoría por encima del cuidado del conjunto de la sociedad que ya enfrenta numerosas situaciones de sufrimiento, desigualdad y desprotección”.

Con firmeza la iglesia subraya que “quienes tenemos la responsabilidad de velar por el bien común y proteger a la población no podemos desentendernos de las consecuencias de una realidad que ya está provocando daños profundos, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes”. Y señala que “la falta de una respuesta adecuada hoy puede traducirse mañana en daños mucho más difíciles de reparar en el tejido social”. Agrega también que “los costos de los daños que produce la ludopatía –humanos, familiares, sociales y sanitarios– no serán asumidos por quienes hoy se benefician de este negocio, sino que recaerán, una vez más, sobre las personas, las familias y la sociedad en general”.

En la nota dirigida a la titular del Senado, la Pastoral Social le solicita a los senadores que “asuman la responsabilidad que el pueblo les ha confiado, que retomen de inmediato el tratamiento del proyecto, que generen los acuerdos necesarios y que hagan todo lo que esté a su alcance para que pueda convertirse en ley”.

Los obispos solicitan además que “no dejen que un proyecto de ley que puede traer alivio y protección a los ciudadanos y familias, perezca en la sombra de la desidia y la indiferencia”.

La nota enviada a Villarruel finaliza diciendo que “frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción” y que “es tiempo de cuidar, es tiempo de legislar, es tiempo de actuar”.

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