La Argentina dio un paso fundamental al otorgar jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Este avance nos compromete como Estado a garantizar ajustes razonables, apoyos, vida en la comunidad, acceso al trabajo, accesibilidad y educación igualitaria. Sin embargo, en la práctica, persiste un sistema asistencialista y filantrópico, que sigue concibiendo a las personas con discapacidad desde la óptica del gasto y la caridad. Esta visión, lejos de mitigarse, se ha visto drásticamente enfatizada durante los dos años de gestión del gobierno de Javier Milei.

La Ley Nacional de Salud Mental (2010) estableció el mandato de cerrar los hospitales neuropsiquiátricos, herencia de un modelo que promovía el encierro del “diferente” y del “discapacitado” bajo la idea de una libertad alejada de la “normalidad”. Pese a este marco normativo, el único Censo de Salud Mental (2019) contabilizó la persistencia de 162 instituciones de este tipo.

La Argentina mantiene una grave deuda en sostener y promover políticas de desinstitucionalización. Faltan redes comunitarias de apoyo, operadores formados en vida independiente, asistentes domiciliarios y los recursos necesarios para que una persona con discapacidad viva plenamente en su comunidad, con igualdad de oportunidades.

El retroceso en políticas públicas de discapacidad y salud mental durante los últimos dos años es innegable. El Comité de Expertos de la CDPD de la ONU emitió un informe reciente que subraya las profundas carencias del país. 

Entre las cuestiones urgentes, el Comité insta a eliminar obstáculos para la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD); garantizar la participación activa de las organizaciones bajo el lema “Nada de nosotros sin nosotros” en la planificación y evaluación de políticas; aprobar urgentemente el proyecto de ley de Cuidar en Igualdad y adoptar un sistema integral de apoyos y cuidados; armonizar el Código Civil y Comercial y asegurar un sistema de protección integral de NNA; avanzar en los procesos de externación, cerrar los hospitales psiquiátricos e implementar redes de atención en salud mental, priorizando el primer nivel de atención.

Datos alarmantes y la crisis del sistema de atención

Tras la pandemia, se registró un aumento exponencial de casos de suicidio en personas de 18 a 25 años. El sistema de atención está colapsado y, en salud mental, el encierro se mantiene como principal (y, a veces, único) modo de intervención. Alarmantemente, existen serias vulneraciones a los derechos civiles y económicos: muchas personas internadas no pueden manejar sus ingresos y, peor aún, solo el 12% de ellas conserva su DNI, que a menudo es retenido por las direcciones hospitalarias, donde los curadores (frecuentemente los mismos directivos) administran sus finanzas.

Una de las mayores falencias es la casi nula fiscalización en el sector privado, con una gran falta de información en los hogares y centros donde residen personas con alta dependencia. Esto evidencia una falta de control estatal y un alto nivel de vulnerabilidad para las personas internadas.

Desde organizaciones como Acción Colectiva denunciamos sistemáticamente la falta de información y transparencia. No existen datos claros ni en ANSES, ni en las direcciones provinciales de salud mental, ni a nivel nacional. Esta opacidad se profundiza desde que la Dirección de Salud Mental de la Nación está a cargo de un CEO proveniente de grandes clínicas privadas. Su gestión se enfoca, principalmente, en la habilitación de nuevos espacios y clínicas privadas.

Este modelo genera una brecha de atención cada vez mayor. Quienes poseen obra social sufren grandes demoras y trabas en la aprobación de apoyos y terapias. Quienes menos tienen y dependen de programas como Incluir Salud o prestadores locales, acceden a muy pocas o ninguna prestación, quedando excluidos del acceso a un tratamiento digno y oportuno.

Frente a este panorama, es imperativo seguir dos caminos. El primero es la ampliación de derechos a través de la legislación que acompañe prácticas concretas, cotidianas y comunitarias. Se necesita impulsar la ley de Asistentes Domiciliarios; una ley de Economía Social y de Cooperativas Sociales con sistemas de crédito y financiación específicos para cooperativas que empleen a personas provenientes del área de la desventaja. También necesitamos leyes provinciales y locales que promuevan la formación y el empleo, ofreciendo posibilidades de certificación de calidad para los numerosos emprendedores con discapacidad que, pese a sus valiosas producciones, carecen de apoyo financiero para competir en el mercado interno.

El segundo camino es la construcción colectiva. Las redes de apoyo son cruciales en la difícil realidad argentina actual, pero también son la base para narrar juntos futuros posibles. El futuro demanda nuevos modos de construir, de educar y de escuchar, especialmente en un contexto social donde, como se percibe desde la máxima esfera de gobierno, imperan el odio, el individualismo y la falta de respeto hacia la diversidad. Es un momento de resistencia y lucha, pero es precisamente en estos espacios donde se acumula la fuerza necesaria y se encuentra la belleza para construir un país donde la plena inclusión de las personas con discapacidad sea una realidad tangible y no solo una promesa constitucional.