La CGT convocó a un paro general sin movilización contra la reforma laboral

La medida de fuerza, prevista inicialmente para el jueves, coincidirá con el tratamiento del proyecto de ley en Diputados y podría postergarse si también se retrasa la consideración de la norma. La adhesión de la UTA y de los demás gremios del transporte garantizaría el carácter nacional de la protesta. En el gobierno estudian estrategias para blindar la aprobación legislativa de la reforma.

Redacción 4Palabras

La conducción de la CGT, reunida de forma virtual este lunes feriado, decidió convocar a un paro general de actividades en todo el país –sin movilización– para coincidir el próximo jueves con la sesión en Diputados para sancionar la ley de reforma laboral. Si el tratamiento de la ley se posterga, también se pospondría la fecha del paro. La medida fue adoptada porque se entiende que el texto aprobado en el Senado viola principios establecidos en la Constitución nacional, pero además rompió acuerdos que se habían logrado en conversaciones con los dirigentes sindicales. En el frente interno, los directivos de la central obrera también se vieron presionados por la determinación previa de un grupo de sindicatos reunidos en el Frente Sindical Unido que ya había dispuesto paro y movilización al Congreso.

El paro general se acordó en una reunión urgente celebrada por los cotitulares de la central obrera Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio). En el mismo encuentro también se decidió que el triunvirato de la CGT concurra este miércoles a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, que comenzará a tratar el proyecto que se aprobó en el Senado.

En declaraciones periodísticas realizadas el pasado domingo, el dirigente Cristian Jerónimo había adelantado que “están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional y trabajaremos para que sea con el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga».

En el gobierno reconocen que, tras la negociación hecha por Patricia Bullrich como presidenta del bloque oficialista de la cámara alta que permitió la media sanción luego de introducir 28 modificaciones al proyecto original de reforma laboral, a último momento se generaron sorpresivamente nuevos cambios que terminaron aprobados a libro cerrado como, por ejemplo, el restrictivo régimen de licencias por enfermedad o por accidentes no laborales, las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones.

Tanto expertos en temas laborales como dirigentes gremiales han advertido que, de aprobarse, varias de las determinaciones incluidas en la ley en cuestión podrían judicializarse porque resultan inconstitucionales, contrarias a lo dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y violatorias de los acuerdos y tratados internacionales suscriptos por la Argentina.

Aun admitiendo errores la intención del oficialismo es aprobar el proyecto tal como llegó del Senado y prometer algunos ajustes posteriores vía decreto, la reglamentación o una ley correctiva. La salida no convence a los aliados y el gobierno podría no contar con los votos necesarios, sobre todo porque en este caso el peronismo votaría en bloque el rechazo.

LLA se opone a que el proyecto de ley vuelva al Senado porque, en primer lugar, quiere adjudicarse una victoria política aprobando la ley antes de la finalización de las sesiones extraordinarias. Pero además porque teme que la revisión de lo hecho habrá la posibilidad del debate sobre otras modificaciones.

Tanto expertos en temas laborales como dirigentes gremiales han advertido que, de aprobarse, varias de las determinaciones incluidas en la ley en cuestión podrían judicializarse porque resultan inconstitucionales, contrarias a lo dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y violatorias de los acuerdos y tratados internacionales suscriptos por la Argentina.

Sería éste el cuarto paro general durante la gestión de Javier Milei y se espera que cuente con la adhesión de la UTA, el sindicato del transporte que lidera Roberto Fernández y que agrupa a los choferes del transporte colectivo. De ser así se podría garantizar la nacionalización de la medida de fuerza que ya obtuvo el apoyo de La Fraternidad, liderada por Omar Maturano, y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, que nuclea a camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros. En oportunidad del paro del pasado 10 de abril, la UTA no adhirió bajo el argumento de que se encontraba en conciliación obligatoria dispuesta por el gobierno.

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