Argentina / 3 febrero 2026

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La aritmética del descarte: 400 despidos por día desde la asunción de Milei

El costo del supuesto “equilibrio fiscal”: 300.000 empleos perdidos y 17.000 empresas cerradas en dos años. Según datos de CEPA, el ajuste de Milei desmantela el aparato productivo y el empleo público, dejando un mapa federal marcado por la recesión y el desamparo.

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Hay cifras que, de tan frías, queman. No son solo números en un excel ministerial ni porcentajes que se agitan en los canales de televisión y de streaming para celebrar un “equilibrio fiscal” que, visto de cerca, se parece demasiado al silencio de un cementerio industrial. 

En la Argentina de finales de 2025, la estadística ha mutado en una contabilidad del desamparo: 300.000 trabajadores quedaron en la calle en dos años. Es la población de una ciudad mediana borrada del mapa productivo, sacrificada con la parsimonia de quien cree que el mercado es una deidad que solo acepta ofrendas de carne y hueso. El promedio: 400 despidos por día. Cuatrocientas familias que, cada 24 horas, durante 750 días seguidos, se despertaron con la incertidumbre del abismo.

El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), es una radiografía del naufragio. Entre noviembre de 2023 y el presente, el Estado Nacional despidió a 61.569 personas. A razón de 80 personas descartadas por día.

El ajuste no es solo un asunto de pasillos oficiales. El sector privado, ese motor que el discurso libertario prometió encender tras liberar las fuerzas del cielo, cruje bajo el peso de la recesión y la caída del consumo. En un año y medio, cerraron 17.063 empresas más de las que lograron abrir. La cuenta da 28 persianas que bajaron definitivamente cada día. Detrás de cada empresa que se cierra hay un capital social que se desvanece y un saldo de 236.845 empleos privados que ya no están.

 

El mapa del desguace

Si se mira el Mapa Federal de Conflictos del CEPA, la geografía del dolor es desigual pero persistente. Buenos Aires encabeza el podio de la crisis con 168 conflictos relevados, un conjunto creciente de Pymes que se quedaron sin oxígeno. En Santa Fe, la crisis tiene nombres propios de la historia industrial argentina: Sancor, Vicentín, Acíndar, Tenaris. Gigantes que tambalean en una provincia que suma 65 focos de conflicto, donde el desempleo ya no es un fantasma, sino un vecino.

En el organigrama del Estado, el desguace fue quirúrgico. El Correo Argentino lidera el ranking del achique con 5.232 puestos destruidos, seguido por la Operadora Ferroviaria y el Banco Nación. No es casual: se trata de las estructuras que garantizan la conectividad y el federalismo, justamente lo que el modelo actual parece considerar un gasto superfluo.

En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), que incluye organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más significativo en términos absolutos es el de la ARCA, con 3.260 puestos de trabajo eliminados. Le sigue uno de los entes que más encono recibió por parte de la gestión libertaria: CONICET, con 2.080 despidos. Y luego está la ANSES, con una reducción de 1.609 trabajadores.

En términos proporcionales, el impacto más brutal recayó sobre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales perdió al 64% de su personal. En segundo lugar, se ubica la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 47 %; y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que sufrió un recorte del 44% de su dotación. 

La construcción y la industria manufacturera, los sectores que supieron ser el termómetro de la movilidad ascendente, siguen en el subsuelo: un 22% y un 9% por debajo de los niveles de 2023. La parálisis de la obra pública no solo dejó pozos vacíos y rutas a medio terminar. También generó un tendal de obreros que miraron de reojo las fiestas de fin de año con el miedo de quien sabe que el calendario no trae renovación, sino nuevas cesantías.

Porque el ajuste, dicen, no ha terminado. Sindicatos estatales advierten que el “mantenimiento” del equilibrio fiscal requiere nuevas dosis de crueldad administrativa. La incertidumbre se ha vuelto la política de empleo del gobierno de Javier Milei.

Mientras los indicadores financieros se celebran en el microcentro, en las barriadas de La Rioja (con 52 conflictos) o en los cinturones industriales de Santa Fe, la realidad es otra. La “motosierra” no fue solo un eslogan de campaña. Se trató de un instrumento de precisión que cortó el hilo invisible que une el trabajo con la dignidad. Hoy, con 300 mil puestos menos y 17 mil empresas menos, la pregunta ya no es cuándo llegará la reactivación, sino qué quedará de pie cuando el ruido de la sierra finalmente se detenga.

 

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