“Un acto de justicia soberana”. Así calificó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que resultó favorable para la República Argentina en la causa por la expropiación de YPF. 

En una conferencia de prensa que encabezó en La Plata, el mandatario defendió la soberanía energética y lanzó duras críticas al modelo de Javier Milei, advirtiendo sobre los riesgos de alinearse con intereses extranjeros. 

Acompañado por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el gobernador explicó que el conflicto nació de una interpretación forzada de la jueza Loretta Preska, quien inicialmente había priorizado el estatuto de la empresa sobre la soberanía nacional. “Este fallo puso las cosas en su lugar: hay que aplicar la ley argentina, y es clara en que una decisión por ley está por encima de un estatuto de una empresa privada”, sentenció Kicillof.

El gobernador sostuvo que el origen de la demanda fue una maniobra especulativa: “El fondo buitre Burford compró el derecho a litigar por unos 15 millones de dólares… y la jueza llegó a la conclusión de que el estatuto de YPF era más importante que la Constitución, calculando la sentencia en 16 mil millones de dólares”.

Kicillof contrastó la gestión estatal con la etapa de Repsol (1999-2012), a la que calificó como una “calamidad” para el país. Según el gobernador, la privatización de los 90 condujo a un desastre estructural. Por un lado, por la caída de la producción. “YPF en manos de Repsol hizo que cayera la producción de gas y petróleo a la mitad”, recordó. Pero también por la fuga de capitales, ya que “Repsol usó YPF para expandir su producción en otros países, abandonando casi por completo la exploración en nuestro país”. El resultado fue el déficit energético, ya que la Argentina pasó de tener superávit a importar combustible y sufrir por la escasez de divisas.

Ante este escenario, el gobernador defendió la legalidad del proceso de recuperación: “Lo hicimos siguiendo todos los pasos que correspondían según la Constitución: declarar el interés público, tasar las acciones a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación y pagar la indemnización de 5 mil millones de dólares”.

En la conferencia, no se privó de apuntar contra Milei. “Es riesgoso darle la razón a los buitres”, señaló el gobernador. También lamentó que, por oportunismo político, sectores del actual oficialismo –-de La Libertad Avanza y del PRO– hayan validado los argumentos de los demandantes en el pasado.