A casi 50 años del último golpe de Estado, el Poder Judicial tiene un promedio de casi seis años en confirmar sentencias por crímenes de lesa humanidad. Sobrevivientes y familias esperan en medio de retrocesos en políticas de Memoria, Verdad y Justicia, con un Poder Judicial que exhibe una “demora selectiva”.

Giselle Tepper

A casi 50 años del último golpe de Estado genocida, continúa la demora selectiva del Poder Judicial para resolver las causas por delitos de lesa humanidad. El último informe estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad sostiene que “el promedio general de tiempo para las causas firmes, desde que se presenta el requerimiento de elevación a juicio hasta que queda firme la última sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es de 5 años y 9 meses”.

Este promedio implica que una causa que ya tuvo décadas de impunidad, después del juicio puede demorar entre 5 y 9 años más para la confirmación de la sentencia. Quienes pasan todo ese tiempo esperando son sobrevivientes y familiares. Son también testigos. Es una sociedad en su conjunto que decidió ser el país del Nunca Más.

Desde la Procuraduría también relevaron que “el promedio temporal entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura del proceso es de 5 meses; entre la elevación a juicio y el veredicto es de 2 años y 7 meses; y el de las instancias recursivas es de 4 años”. Así, los tiempos judiciales son muchas veces los de la revictimización.

Los juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad son una herramienta de la democracia para revisar y reparar el pasado de nuestro país. Para terminar con la impunidad e impedir la repetición. Son logros de las luchas de sobrevivientes, familiares, organismos de derechos humanos y de la sociedad en su conjunto, con la construcción de un consenso: son 30.000.

En el camino que va del reclamo por la aparición con vida en pleno genocidio a la continuidad del pedido de ruptura de los pactos de silencio que impiden la aparición de los cuerpos y las nietas y nietos casi cinco décadas después, pasaron 42 años de una democracia que tuvo respuestas históricas, pero que también conserva profundas deudas, mientras transita retrocesos sin antecedentes, con gobernantes que alternan entre el negacionismo y la apología de los crímenes del terrorismo de Estado.

A casi 50 años del último golpe genocida, los juicios por delitos de lesa humanidad, política de Estado con la que el entonces presidente Néstor Kirchner reconoció las luchas por Memoria, Verdad y Justicia, son un proceso histórico para nuestro país y el mundo.

La llegada del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel hace dos años causó profundos retrocesos en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, principalmente con el despido masivo de trabajadores y trabajadoras de la entonces Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, degradada a Subsecretaría. Esto implica en la práctica el debilitamiento de funciones como el sostenimiento de las querellas en los juicios, el acompañamiento a testigos, la atención psicológica para sobrevivientes, el cumplimiento de la ley de sitios de memoria, la búsqueda de quienes nacieron en cautiverio y todavía no conocen su identidad, entre otras.

Una causa que ya tuvo décadas de impunidad, después del juicio puede demorar entre 5 y 9 años más para la confirmación de la sentencia. Quienes pasan todo ese tiempo esperando son sobrevivientes y familiares. Son también testigos. Es una sociedad en su conjunto que decidió ser el país del Nunca Más.

En este contexto, tal vez buscando sintonía, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que demora extensamente sus tiempos para resolver recursos judiciales en las causas por delitos de lesa humanidad, semanas atrás resolvió a favor de un recurso del genocida Carlos “Indio” Castillo, quien reclama el cese de la prisión preventiva en el juicio en curso en La Plata, estando ya condenado a prisión perpetua por delitos del terrorismo de Estado. Incluso a riesgo de abrir una puerta para que más genocidas pidan lo mismo, la Corte opinó que no encontraba motivos suficientes para mantener esa detención y ordenó a Casación una nueva resolución. Con esto, intentó marcar una doctrina, a la que, hasta ahora, tal como pasó con el 2×1, los tribunales de primera instancia no están adhiriendo.

Los casi 50 años transcurridos desde el golpe de Estado genocida nos llevan a pensar qué significan hoy estos juicios. Qué dice el Poder Judicial cuando decide no tratar estos casos durante años. Lo mismo Casación. Qué les dice a las Abuelas que todavía buscan a 300 nietos y nietas, qué les dice a las familias que siguen buscando cuerpos desaparecidos, qué les dice a quienes sobrevivieron al horror y todavía luchan por defender la memoria, qué le dice a la sociedad en su conjunto cuando resuelve con una velocidad inédita la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, pero no revisa las de genocidas desde hace años.

Los juicios que vienen, los juicios que faltan

También según los últimos números relevados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde la reapertura de los juicios en 2006 hay más de 350 sentencias dictadas con más de 1.200 personas condenadas por delitos del terrorismo de Estado y más de 200 absueltas, confirmando que son juicios con el respeto de las garantías procesales.

De las causas que actualmente están esperando juicio, transitándolo o han sido condenadas, hay menos de 600 personas detenidas, de las cuales alrededor de 60 están en cárceles del servicio penitenciario, unas 20 en la unidad penitenciaria de Campo de Mayo, y más de 500 tienen el beneficio del arresto domiciliario. Otras más de 1500 están libres. Todavía hay casi 300 causas en etapa de instrucción y otras 60 esperando el inicio del juicio. En estos momentos las causas en debate oral y público representan el 2%, con audiencias (mayoritariamente virtuales) por las causas “1 y 60″, “Comisaría 8°” y “Comisaría 5°” en La Plata; Masacre del Pabellón Séptimo y ESMA en la Ciudad de Buenos Aires; “Departamento de Informaciones D2” en Mendoza; “Subzona 15-3” en Mar del Plata, “Megacausa Subzona 5” en Bahía Blanca; “Mansión Seré 4” en San Martín; “Saint Amant 4” en San Nicolás; y “Las Casitas” en Comodoro Rivadavia. Se espera que este año comiencen las audiencias por las causas “Videla” en San Juan y “Orletti-Pomar” en la Ciudad de Buenos Aires, donde en 2026 se espera el inicio por el “Operativo de la Calle Corro”.

Así como faltan cuerpos y faltan nietos y nietas, también falta identificar a todos los genocidas y partícipes de los crímenes de la dictadura en la que la miseria planificada se impuso con el terror hacia toda la sociedad y en particular con el exterminio de quienes tenían militancias sociales, sindicales, culturales, barriales, religiosas y estudiantiles, entre otras. Las demoras judiciales son perjudiciales para la democracia.

4Palabras