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A 50 años del golpe: 1.231 condenados por delitos de lesa humanidad

A 50 años del golpe: 1.231 condenados por delitos de lesa humanidad y el desafío de la justicia en 2026

Desde la reapertura de los juicios en 2006, se dictaron 361. Pero hay nuevas tensiones: la brecha entre investigados libres y detenidos es la mayor de la historia, mientras el 84% de los procesados permanece en prisión domiciliaria.

Manuel Barrientos

A 50 años del inicio de la última dictadura civil-militar, el proceso de verdad y justicia en Argentina presenta una fotografía de contrastes: la consolidación de un camino jurídico inédito a nivel mundial y, al mismo tiempo, las señales de un tiempo que se agota entre prisiones domiciliarias y causas que aún no llegan a debate.

Desde la reapertura de los procesos en 2006, los tribunales de todo el país han dictado 361 sentencias. El balance arroja un total de 1.231 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y 250 absueltas. Pero la estructura de la persecución penal enfrenta nuevos desafíos logísticos y biológicos.

Actualmente, el movimiento en los tribunales no se detiene, pero su ritmo es seguido con preocupación por los organismos de derechos humanos. Según el último relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hay 12 juicios orales en curso en diferentes jurisdicciones; 282 causas se encuentran en etapa de investigación preliminar; y 292 procesados aguardan que su situación avance hacia el juicio. Al mismo tiempo, existen 517 personas imputadas por fiscales que aún no han sido llamadas a indagatoria; y otras 76 que fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal. La cantidad de prófugos se mantiene en 33.

Hoy el 84% de los detenidos por crímenes de lesa humanidad goza del beneficio de la prisión domiciliaria. Apenas 18 personas se encuentran en establecimientos carcelarios comunes, mientras que 61 permanecen en la Unidad 34 de Campo de Mayo.

Uno de los datos más significativos de este 2026 es la configuración de la población investigada. Por primera vez desde que se lleva el registro histórico (2015), la brecha entre personas libres y detenidas es la más amplia de la historia. Hoy 1.582 personas investigadas permanecen en libertad, mientras que solo 504 están detenidas. La caída sostenida de las detenciones efectivas ha marcado una tendencia irreversible en los últimos años.

Además, la modalidad de detención es casi unánime: el 84% de los detenidos (425 personas) goza del beneficio de la prisión domiciliaria. Apenas 18 personas se encuentran en establecimientos carcelarios comunes, mientras que 61 permanecen en la Unidad 34 de Campo de Mayo.

Desde el Ministerio Público Fiscal recuerdan la naturaleza de estos procesos. Un crimen de lesa humanidad no es un delito común, es un plan sistemático ejecutado desde el Estado contra la población civil. “Los efectos de estos delitos continúan hasta la actualidad”, señalan desde la Procuraduría. La desaparición forzada y la apropiación de niños y niñas son delitos permanentes cuyos efectos no cesan hasta que aparezca el cuerpo o se recupere la identidad.

Desde los organismos de derechos humanos señalan que los juicios de lesa humanidad son “una garantía de no repetición de los crímenes contra la humanidad” y que “no hay democracia si tenemos un agujero negro de la historia no contada y sin justicia”.

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