Años de fuga entre astilleros, sermones evangélicos y una playa paradisíaca en Brasil no alcanzaron para dejar atrás el pasado. Pese a una pena menor a la solicitada por las querellas, el veredicto contra Gonzalo Sánchez puso fin a décadas de impunidad.

Manuel Barrientos

El Tribunal Oral Federal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó por unanimidad a 16 años y ocho meses de prisión al exoficial de inteligencia de la Prefectura Naval Gonzalo “Chispa” Sánchez, por considerarlo coautor del delito de privación ilegítima de la libertad triplemente agravada en 178 casos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El tribunal, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Germán Castelli, catalogó los hechos como “crímenes de lesa humanidad”.

Durante la lectura del fallo, a cargo del juez Castelli, se nombró a las víctimas de la causa, entre las que figuran Norma Arrostito, Dagmar Hagelin, Alicia Alfonsín, Alicia Eguren de Cooke, Jorge Caffatti, Remo Berardo, el “Nariz” Maggio, Patricia Roisinblit, Cecilia Viñas, Ana María Ponce.

Frente a los estrados del tribunal, familiares portaron imágenes con los rostros de los desaparecidos, acompañados por estudiantes secundarios y universitarios. Varias manos llevaban la imagen de Walsh. Sánchez escuchó la condena de forma virtual desde la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en Campo de Mayo. Cuando el juez comenzó a leer los nombres de sus víctimas bajó la cabeza.

El genocida integró el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada como enlace de la Prefectura Naval. Testimonios de sobrevivientes lo ubicaron operando en sectores de la ESMA conocidos como “Capucha”, “el Sótano”, “el Dorado” y “la Pecera”, además de intervenir en procedimientos de secuestro, sesiones de tortura y traslados de detenidos. Sánchez llegó a este juicio oral luego de permanecer prófugo de la justicia argentina durante quince años.

A principios de los años 2000, Sánchez trabajó en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro. Fue declarado persona no grata por el Concejo Deliberante local tras jactarse de su actuación en la dictadura y posteriormente huyó a Brasil. En 2013 resultó detenido por Interpol en Angra dos Reis, donde residía como ingeniero naval y ejercía como pastor evangélico. Después de recuperar la libertad de forma provisoria y tramitar un pedido de refugio que fue rechazado, la Policía Federal brasileña lo arrestó otra vez en mayo de 2020 en la ciudad de Paraty, en el estado de Río de Janeiro.

El genocida integró el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada como enlace de la Prefectura Naval. Testimonios de sobrevivientes lo ubicaron operando en sectores de la ESMA conocidos como “Capucha”, “el Sótano”, “el Dorado” y “la Pecera”, además de intervenir en procedimientos de secuestro, sesiones de tortura y traslados de detenidos.

Pero la extradición concedida por el Supremo Tribunal Federal de Brasil impuso restricciones procesales: el juzgamiento se limitó exclusivamente al delito de privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de un delito continuo, excluyendo las acusaciones por homicidio y torturas planteadas por el juez de instrucción original.

La querella unificada integrada por el CELS y el abogado Pablo Llonto, en representación de familiares de víctimas y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, había solicitado una pena de 25 años de prisión. Luego de la sentencia, los familiares de las víctimas y los abogados manifestaron la disconformidad con el monto fijado. La fiscalía, representada por Félix Crous y Marcela Obetko, anticipó que apelará el fallo.

El tribunal difirió para la etapa de ejecución penal la resolución sobre el pedido formal para evitar que el condenado acceda a morigeraciones de pena o beneficios carcelarios. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 22 de octubre. Se trata del Día Nacional por el Derecho a la Identidad.

Mientras tanto Sánchez continuará detenido en Campo de Mayo. El juzgado también dispuso el envío de copias digitales del expediente al Archivo Nacional de la Memoria, al Museo Sitio de Memoria ESMA y al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

La ESMA fue uno de los centros clandestino de detención, tortura, exterminio y robo de bebés más grandes que implementó el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, con alrededor de 5.000 víctimas detenidas-desaparecidas.

4Palabras