Ante la crisis habitacional, con aumentos en los alquileres que duplican la inflación, el municipio de La Plata consolida una política de Estado basada en el acompañamiento jurídico y la producción de datos propios. Con la creación de la Subsecretaría de Atención a Inquilinos, la gestión local busca mitigar un mercado desregulado. En paralelo, avanza la construcción del Barrio Estudiantil Universitario que en marzo de 2026 ya tendrá sus primeros habitantes.

Martina Dentella

La Municipalidad de La Plata abordó la problemática de la crisis habitacional con la creación de la Subsecretaría de Atención a Inquilinos en abril de 2024, a pocos meses de la asunción del intendente Julio Alak. Según los datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2022), del casco urbano de la ciudad casi la mitad (46%) de las viviendas particulares son destinadas a alquiler. Para Ulises Bosia, subsecretario del área, se trata de una cifra “muy significativa”, incluso en comparación con otras grandes ciudades del país.

Esta dependencia tiene dos finalidades centrales: una es la atención concreta de problemas puntuales de vecinos con algún tipo de conflicto o de necesidad en la previa de la firma de un contrato, durante la vigencia o en el momento de la finalización del mismo. Y la otra, tiene que ver con la elaboración de datos públicos -veraces y precisos- sobre el mercado de alquileres en el partido, que hasta el momento no existían.

Durante 2025, el primer año completo de funcionamiento, se atendieron 503 casos, de hogares con distintas problemáticas. La principal de ellas tuvo que ver con conflictos a partir de la necesidad de hacer arreglos y la definición de a quién corresponde costearlos. Además, hubo consultas vinculadas a la problemática económica de los inquilinos, quienes destinan gran parte de sus ingresos al pago de alquiler. Por último, aunque en menor medida, se hicieron consultas relacionadas con los depósitos, las expensas, con los consorcios y las administraciones, en los casos de los edificios.

Desde la subsecretaría se ofrece, además de acompañamiento, un asesoramiento jurídico por parte de un equipo de abogados que estudia cada uno de los casos para alcanzar una resolución favorable entre partes. También cuentan con un monitor de la oferta de alquileres; y una guía de pensiones para estudiantes que tienen habilitación municipal.

Es poco lo que se hace en todos los niveles del Estado para paliar esta problemática. Mientras el Ejecutivo nacional avanzó con la derogación de la ley de Alquileres, el debate sobre la necesidad de marcos regulatorios continúa. La provincia y los municipios tienen menos peso para crear normativas que amparen a los inquilinos, pero su rol es clave en la mediación y el acompañamiento. “No se puede dejar el derecho al acceso a la vivienda ciento por ciento librado a los mecanismos de mercado; es fundamental construir consensos sobre qué tipo de regulaciones deben existir. La postura dogmática de desregulación completa es muy perjudicial para los inquilinos”, señala Bosia.

A nivel municipal existen muy pocos gobiernos con instancias accesibles al vecino para afrontar problemáticas de alquileres. “En nuestra experiencia de este primer año y medio de gestión, se nota que hay una necesidad de acompañamiento concreto de las personas. Muchas veces hay mucha angustia puesta de por medio, por eso son fundamentales estos mecanismos de cercanía, de mediación, de regulación de conflictos y de ayuda para las situaciones sobre todo de vulnerabilidad relacionada con la vivienda”, dice el funcionario.

“No se puede dejar el derecho al acceso a la vivienda ciento por ciento librado a los mecanismos de mercado; es fundamental construir consensos sobre qué tipo de regulaciones deben existir. La postura dogmática de desregulación completa es muy perjudicial para los inquilinos”. Ulises Bosia, subsecretario municipal de Atención a Inquilinos de La Plata.

Además de La Plata, existen otros centros urbanos que impulsan otras experiencias, como los casos de Berazategui, Tandil, Bahía Blanca. En las ciudades más pobladas de la provincia, el fenómeno de inquilinización viene creciendo y, en ese contexto, la creación de un espacio municipal, es clave.

El municipio platense trabajó en proyectos legislativos para abordar la problemática desde todos los frentes: se aprobaron ordenanzas que plantearon algunos marcos de planificación urbana que indican cómo tiene que crecer la ciudad, dónde se puede lotear, dónde se pueden hacer barrios cerrados, dónde no. Predomina la mirada de que lo público tiene que jugar un papel en la planificación para evitar consecuencias indeseables.

Según Bosia, el impacto de la desregulación del mercado y el aumento de tarifas genera una situación «explosiva». La brecha entre los precios de la vivienda y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es alarmante. Entre diciembre de 2023 y octubre del año pasado, los alquileres en La Plata acumularon un aumento del 562%, mientras que la inflación general en el mismo periodo fue del 256%. El costo de los alquileres subió muy por encima del doble de la inflación.

Mientras los organismos internacionales sugieren que una persona no debería destinar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler y servicios, en La Plata, como en el resto del país, casi ningún inquilino destina menos del 30%. La mayoría debe disponer del 50%, 60% o hasta el 70% de sus ingresos, y los sectores más afectados son los trabajadores públicos y los informales, cuyos salarios perdieron poder adquisitivo de manera estrepitosa frente a los costos fijos de vivienda.

Viviendas universitarias, una apuesta para mitigar la crisis

La Universidad Nacional de La Plata puso en marcha la construcción del primer barrio universitario del país. En su primera etapa, el proyecto contará con 24 unidades funcionales. Es una experiencia inédita que busca competir con el mercado privado y ofrecer una alternativa accesible para estudiantes.

La Universidad confirmó que recibirá a sus primeros residentes en marzo de este año. El proyecto surgió como una iniciativa de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), y contempla inicialmente la construcción de dos edificios con el objetivo de generar una oferta de vivienda que se adapte a la realidad económica de los estudiantes, quienes enfrentan barreras en el mercado inmobiliario tradicional, como la exigencia de garantías propietarias y recibos de sueldo a los que no alcanzan. Según Bosia, que sigue de cerca la iniciativa, el barrio busca «marcar una referencia de lo que corresponde o de lo que podría ser razonable que un estudiante pague para poder acceder a la vivienda en la ciudad».

A diferencia del histórico Albergue Universitario de la UNLP, que es totalmente gratuito, este nuevo barrio introduce un esquema de alquiler público. Esta distinción es fundamental para la sostenibilidad del proyecto ya que recuperando parte de la inversión, la política puede escalar. La construcción de estos módulos de departamentos avanza en un contexto complejo, marcado por presupuestos universitarios recortados. Desde la gestión universitaria y la FULP mantienen la expectativa de que el plan escale a lo largo de los años.

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