Las familias sufren abandono por el colapso del sistema y retrasos en el nomenclador de prestaciones. La Ley de Emergencia sigue sin implementarse y se suma una presunta red de corrupción en ANDIS por licitaciones millonarias. La esperanza reside en la lucha social y el accionar de la Justicia.

Daniel Arroyo

Hoy, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es imposible ignorar la profunda crisis y el dolor que atraviesan las familias y las personas con discapacidad en nuestro país. El sistema está colapsado. La ley de Emergencia en Discapacidad aún no se ha puesto en marcha, el nomenclador que regula las prestaciones sufre fuertes retrasos en las actualizaciones contra la inflación, creando una situación de emergencia que se siente como un acto de crueldad y abandono.

El panorama se agrava al destaparse un entramado que combina la corrupción con la crueldad por parte del Gobierno nacional. Se ha tratado a las personas con discapacidad como si fueran enemigos. El sistema de prestaciones fue ahogado presupuestariamente, se vetó y luego se suspendió por decreto la Ley de Emergencia en Discapacidad que el Congreso votó y ratificó con más del 70% de respaldo en ambas cámaras. Ahora la Justicia empieza a desnudar una presunta red de corrupción en la ANDIS. Las investigaciones muestran licitaciones direccionadas por más de $30 mil millones en perjuicio de uno de los sectores más vulnerables. A la vez, en los tribunales federales de Campana avanza un amparo colectivo para que se ponga en marcha la ley.

A pesar de este contexto tan difícil, se vislumbra una luz en el futuro del sector. Esta luz no viene del Gobierno, sino de la enorme red de trabajo, compromiso y militancia de la sociedad civil: de las organizaciones, de las redes, de las madres, las familias y de las propias personas con discapacidad. Hay muchísima gente laburando y haciendo cosas de calidad.

Un trabajador con discapacidad en un taller protegido aún cobra $28.000 por mes. Los transportistas perciben $541 por kilómetro de nafta cuando el combustible supera los $1.500. Esto no es una cifra abstracta: esto significa que las personas son llevadas menos veces a sus tratamientos, afectando directamente su salud y calidad de vida. Este accionar del organismo que debería cuidar a las personas con discapacidad, las condenó a un estado de emergencia.

A pesar de este contexto tan difícil, se vislumbra una luz en el futuro del sector. Esta luz no viene del Gobierno, sino de la enorme red de trabajo, compromiso y militancia de la sociedad civil: de las organizaciones, de las redes, de las madres, las familias y de las propias personas con discapacidad. Hay muchísima gente laburando y haciendo cosas de calidad.

Mi convicción es firme: la ley de Emergencia en Discapacidad se va a terminar implementando, ya sea por la fuerza imparable de la sociedad organizada o por el ineludible pedido de la justicia.

Las personas con discapacidad tienen derechos que deben ser asegurados desde el Estado, especialmente para quienes están en situación de pobreza. Es una obligación ineludible.

La Ley de Emergencia no es un capricho; es una herramienta que busca humanidad y racionalidad económica. No implica más gasto, sino una reasignación de partidas desde áreas no esenciales para darle la prioridad presupuestaria que este sector requiere.

Estoy convencido de que las cosas van a salir mejor. La reconstrucción y el ordenamiento del sistema de discapacidad de nuestro país es un imperativo moral y terminará sucediendo, como se lo merecen las personas con discapacidad y sus familias. Hoy es un día para reafirmar la lucha y la esperanza.

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