El ajuste más cruel: instituciones de discapacidad en “alerta roja”

La Obra Don Orione enfrenta una asfixia financiera que pone en riesgo la atención de 1.200 personas con discapacidad. Con aranceles desfasados por la inflación y una cadena de pagos estatal rota desde finales de 2025, la institución denuncia que la discapacidad se ha vuelto una variable de ajuste fiscal. Solo exigen que el Estado cumpla la ley.

Manuel Barrientos

Hay silencios que aturden y deudas que no solo se miden en pesos, sino en la vulneración sistemática de cuerpos y derechos de las personas más vulnerables. La Obra Don Orione —con 90 años de trayectoria en el cuidado de la discapacidad— atraviesa hoy una tormenta perfecta. Enfrenta una asfixia financiera provocada por un Estado que parece haber olvidado que detrás de cada expediente hay una vida que depende, íntegramente, de su presencia.

Los aranceles de las prestaciones están totalmente desfasados frente a una inflación que vuela, y una cadena de pagos que se fracturó a finales de 2025. Miles de personas con discapacidad en todo el país habitan un territorio de incertidumbre donde lo básico —la comida, el medicamento, los sueldos de los terapistas y asistentes— pende de un hilo que la institución ya no puede tensar más.

Cuando los voceros de la Obra señalan que “se rompió la cadena de pagos”, no están describiendo un contratiempo administrativo. Están denunciando un vaciamiento de la sostenibilidad. Desde hace meses, los compromisos de los organismos nacionales —bajo la órbita de la flamante Secretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud— no se regularizan.

Esto obligó a los pequeños cottolengos a quemar las naves: a utilizar recursos propios para tapar los baches de un sistema de “pago por prestación” que hoy es una trampa. El retraso en las actualizaciones es cada vez mayor: durante gran parte del último año, el sector operó con valores congelados, absorbiendo una inflación acumulada superior al 30% sin compensación alguna. Se factura a valores viejos para pagar sueldos y costos nuevos. Es un símbolo de la matemática del desamparo.

Las instituciones exigen el cumplimiento de la ley 24.901 de Emergencia en Discapacidad y de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional.

Las instituciones exigen el cumplimiento de la ley 24.901 de Emergencia en Discapacidad y de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional. “No pedimos un favor, pedimos el cumplimiento de la ley”, repiten los responsables de la Obra.

“No pedimos un favor, pedimos el cumplimiento de la ley”, repiten los responsables de la Obra. Pero la frase sigue chocando contra la indiferencia del gobierno. La discapacidad no puede ser una variable de ajuste en la búsqueda del equilibrio fiscal. Cada demora en el pago es un golpe directo a la calidad de atención de residentes que, en muchos casos, no tienen otra red de contención que estas paredes y estos corazones.

Infraestructura en emergencia

El deterioro no es solo contable, es físico. Los hogares de Don Orione habitan edificios con décadas de historia que exigen un mantenimiento constante. Al priorizar el plato de comida y el salario del personal —el “estrictamente necesario” para tareas de asistencia integral—, se postergan las obras de conservación. El riesgo de deterioro de los espacios comunes es hoy una realidad palpable.

Hay un daño más silencioso: la imposibilidad de crecer. La incertidumbre financiera pone un candado a la incorporación de nuevos residentes. Familias desesperadas se quedan hoy sin un servicio indispensable porque el sistema no ofrece garantías de que, si alguien entra, habrá con qué sostenerlo mañana.

Hay una contradicción moral que el Estado deberá explicar: mientras los pagos a las instituciones se demoran meses, la exigencia del cumplimiento fiscal para estas entidades es inmediata y voraz. Mientras, se las desfinancia con aranceles que son, en la práctica, una invitación a la quiebra. A eso se suma la causa por la corrupción en el manejo de la Agencia Nacional de Discapacidad bajo el gobierno de Javier Milei, que desnuda las contradicciones y la hipocresía oficial.

“La Obra va a seguir de pie, pero necesita que el Estado esté de pie junto a ella”, concluyen desde la institución. Hacen un llamado a poner en práctica la ley: “No pedimos privilegios; pedimos que la Argentina sea fiel a sus propias leyes para que 1.200 personas con nombre, historia y dignidad no queden desamparadas”. Pero hoy las políticas de cuidado están en alerta roja.

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