A quince años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), la reforma en salud mental no puede entenderse como un proceso técnico ni administrativo. Es el resultado de una acumulación histórica de luchas: el movimiento antimanicomial, los organismos de derechos humanos, los colectivos de usuarios/as y familiares y los equipos de trabajadores/as que, desde la recuperación democrática, disputaron el sentido del cuidado, la autonomía y la dignidad de las personas con sufrimiento psíquico. La ley no inaugura ese proceso: lo institucionaliza. Sin ese activismo previo, no habría existido cambio de paradigma posible.

La ley como conquista

La Ley 26.657 cristaliza una conquista política al inscribir la salud mental en el marco de los derechos humanos: sustituye el modelo tutelar por el reconocimiento de la capacidad jurídica, restringe la internación como recurso terapéutico excepcional y orienta la atención hacia la comunidad. Desde entonces, los mismos actores que impulsaron la norma sostienen su implementación cotidiana frente a las resistencias del modelo biomédico, las rutinas institucionales y los déficits estatales persistentes. Una parte sustantiva de los avances registrados, servicios en hospitales generales, órganos de revisión y redes territoriales de acompañamiento, existe porque colectivos organizados los exigieron, los monitorearon y, en muchos casos, los sostienen en condiciones de alta precariedad.

La ofensiva regresiva y la respuesta del movimiento salud mentalista

En este recorrido, la salud mental ingresó de lleno en la actual batalla cultural. El paradigma de derechos confronta hoy con discursos que promueven la mercantilización de la salud, la individualización del sufrimiento y el retorno de respuestas punitivas ante problemáticas que son sanitarias y sociales. La disputa no es técnica: es política. Se enfrentan concepciones antagónicas sobre el rol del Estado, la responsabilidad colectiva frente a la vulnerabilidad y el estatuto mismo de las personas con padecimiento psíquico como sujetos de derechos.

Durante los primeros meses de 2024, esta disputa alcanzó un punto crítico. Ante el intento de reforma regresiva incluido en la denominada “Ley Ómnibus”, la presión sostenida de colectivos y organizaciones en el Congreso logró que se retiraran los artículos que buscaban modificar el régimen de capacidad jurídica y facilitar internaciones por orden judicial sin control interdisciplinario. Esta victoria legislativa, sin embargo, desplazó el conflicto hacia una nueva fase: la resistencia frente al vaciamiento.