Cerraron las extraordinarias a puro retroceso de derechos: Senado aprobó la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Con un rutilante “7-0” a favor, el gobierno nacional logró sancionar el paquete legislativo que se había propuesto para el verano. Pese a las denuncias de la oposición por irregularidades reglamentarias y el rechazo de UNICEF y la Iglesia, el oficialismo blindó su "verano de éxito" legislativo. Entre críticas al polémico Fondo de Asistencia Laboral y al punitivismo como bandera, Javier Milei llegará este domingo a la Asamblea Legislativa con sus trofeos sancionados.

Manuel Barrientos

En un cierre de sesiones extraordinarios que quedará marcado en la historia parlamentaria por la celeridad, la falta de transparencia y la pérdida de garantías fundamentales, La Libertad Avanza (LLA) consolidó este viernes un escenario de hegemonía política indiscutible. Con la aprobación de la reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil, el oficialismo cerró un “verano de éxito” legislativo con un marcador que las fuerzas opositoras definen con amargura: Gobierno 7 – Derechos 0.

El raid legislativo 2025/26 culminó a las 22.35 de este viernes 27 de febrero. El Senado, con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, convirtió en ley la reforma laboral, aceptando las modificaciones de la Cámara de Diputados. Horas antes, el oficialismo ya había anotado su primer tanto de la jornada con la aprobación de la ley penal juvenil, garantizando así los “trofeos” que Javier Milei exhibirá este domingo ante la Asamblea Legislativa. A las dos normas sancionadas ayer, se suman el presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal, la ley de Glaciares, el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea y la designación del inefable Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la UE.

El debate estuvo teñido por la tensión y las denuncias de irregularidades reglamentarias. El senador peronista Mariano Recalde fue tajante al describir el proceso como un “modus operandi” del Ejecutivo: “Primero manda leyes ómnibus… Una ley gigante, monstruosa. No hubo escucha, no aceptaron modificaciones y aparecen cambios de último momento que venden como concesiones”.

Recalde denunció que la reforma laboral excluye a trabajadores de la ley de Contrato de Trabajo y libera de responsabilidad a empresas solidarias. Sin embargo, el punto más escandaloso para la oposición es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que calificó como “un curro fenomenal con la plata de los jubilados para subsidiar empresas que despidan. Es estatizar otra vez deuda privada”.

Pese al festejo oficialista, el consenso social parece estar en la vereda opuesta. Voces de peso ético y técnico se alzaron contra este paquete de leyes que el Gobierno presenta como "progreso". Tanto UNICEF como la Iglesia Católica manifestaron un rechazo rotundo a las iniciativas aprobadas. Ambas instituciones criticaron de manera fundamentada que la baja en la edad de imputabilidad no solo no es una solución a la violencia, sino que la agrava.

Por su parte, el presidente del interbloque Popular, José Mayans, denunció una “acción violenta” contra el reglamento y la Constitución. “Es un proyecto hecho por estudios de abogados en contra de los derechos de los trabajadores… una ley gorila para afectar al trabajador y al jubilado”, sentenció el formoseño, quien además acusó al oficialismo de usar la polémica por las licencias como una cortina de humo para ocultar la inconstitucionalidad del FAL.

El punitivismo como bandera: la baja de imputabilidad

La jornada comenzó con la sanción del Régimen Penal Juvenil, obtenida con 44 votos afirmativos. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, celebró la mayoría alcanzada, afirmando que el Congreso terminó con una “injusticia del sistema penal” heredada de la dictadura.

Desde el bloque Justicialista, Jorge Capitanich advirtió sobre la falta de presupuesto y la inviabilidad de la norma en las provincias: “El exceso de punitivismo no resuelve el problema, solo lo traslada. Hay que atacar las causas”. Capitanich subrayó que el presupuesto asignado es insuficiente y que el porcentaje de delitos cometidos por menores alcanza apenas el 2%, desmitificando la urgencia punitiva del Gobierno.

Pese al festejo oficialista, el consenso social parece estar en la vereda opuesta. Voces de peso ético y técnico se alzaron contra este paquete de leyes que el Gobierno presenta como «progreso».

Tanto UNICEF como la Iglesia Católica manifestaron un rechazo rotundo a las iniciativas aprobadas. Ambas instituciones criticaron de manera fundamentada que la baja en la edad de imputabilidad no solo no es una solución a la violencia, sino que la agrava. Señalaron con preocupación que estas medidas ignoran soluciones integrales para problemas estructurales, empujando a los sectores más vulnerables a un abismo de desprotección legal y social en nombre de una «modernización» que, en la práctica, se traduce en un evidente retroceso de derechos.

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