La información rescatada por investigadores y organismos defensores de los derechos humanos permite dar cuenta y visibilidad a las desapariciones y asesinatos cometidos en Catamarca durante la etapa del terrorismo de Estado. La Masacre de Capilla del Rosario en 1974. Razzias, represión y atentados que hasta hoy siguen sin aclararse.

Marcelo Gallo (desde Catamarca)

Cierta narrativa negacionista, a veces incluso propalada sin la mala intención que sí tienen los que reivindican el terrorismo de Estado, sostiene que Catamarca durante la dictadura “fue una isla”. Es decir, que fue un territorio donde los embates ignominiosos de la represión genocida tuvieron, a diferencia de las otras provincias, escaso impacto.

Catamarca, sin embargo, no fue una isla. Denodados esfuerzos en los que se comprometieron investigadores y los propios organismos de derechos humanos, de recopilación y sistematización de la información, a veces escamoteada de la visibilidad pública, lograron tornar perceptible lo oculto para que no se olvide, para que quede en los registros de la memoria colectiva.

Según la documentación actualmente existente en el “Archivo de la Memoria Catamarqueña” elaborado por la Dirección Provincial de Derechos Humanos con base en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) y denuncias de la CONADEP, son 57 las víctimas catamarqueñas asesinadas o desaparecidas por el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. La lista incluye a diez catamarqueños desaparecidos o asesinados dentro de la provincia, pero también a catamarqueños secuestrados en otras provincias y algunos casos vinculados familiar o biográficamente con Catamarca.

En varios casos los restos fueron recuperados décadas después en sitios de enterramiento clandestino como el Pozo de Vargas (Tucumán), donde se identificaron víctimas de Catamarca.

Represión antes de 1976

La represión en Catamarca comenzó con mucha fuerza antes del golpe militar. El caso colectivo más cruento fue la Masacre de Capilla del Rosario, ocurrida el 12 de agosto de 1974, en la que fueron asesinados catorce guerrilleros del ERP luego de una operación fallida de copamiento del Regimiento de Infantería Aerotransportado N° 17. Las víctimas se habían rendido y estaban desarmados cuando fueron masacrados por el Ejército. El caso sigue impune pese a la abundancia de pruebas.

El historiador Jorge Alberto Perea, que realizó un meticuloso y muy revelador trabajo de investigación sobre los efectos de la represión en Catamarca, información que plasmó en su libro “Aquí no pasó nada, una estratigrafía de la violencia en la territorialidad vital catamarqueña durante los años 70”, sostiene que “en el periodo comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 -fecha de la declaración del estado de sitio resuelto por la presidenta María Estela de Perón- y el mes de octubre de 1976 se produjeron en Catamarca 91 detenciones de carácter político que fueron reconocidas y legalizadas en forma paulatina por el Estado”.

En esa etapa pre golpe de Estado, durante el gobierno constitucional de Hugo Mott, las detenciones estuvieron a cargo de la policía provincial, pero luego del 24 de marzo de 1976 las tareas represivas de índole política pasaron a ser manejadas por el Ejército, pero siempre coordinando acciones con las policías provincial y federal.

“La ausencia del centros clandestinos de detención dentro de nuestra provincia es una engañosa ilusión, ya que en esta planificación la dimensión provincia quedaba subsumida dentro de la zona militar. Para demostración, están todavía, esperando quizás allí, en la profundidad del Pozo de Vargas, en Tafí Viejo, los huesos de algunos de los desaparecidos catamarqueños”. Jorge Perea

En Catamarca no existieron grandes centros clandestinos de detención, aunque sí funcionaron lugares provisorios de detención ilegal en donde alojaban a presos políticos antes de trasladarlos a Tucumán, provincia que estaba bajo el control militar del Operativo Independencia desde 1975.

En su libro, Perea explica que el hecho de que en Catamarca no existiesen centros clandestinos de detención no convierte a la provincia en un territorio a salvo de la feroz represión desatada en todo el noroeste argentino: “Catamarca no estaba aislada, no era ´una isla´, formaba parte del Tercer Cuerpo de Ejército, que era una gran unidad de batalla comprendida por diez provincias y, por lo tanto, la ausencia del centros clandestinos de detención dentro de nuestra provincia es una engañosa ilusión, ya que en esta planificación la dimensión provincia quedaba subsumida dentro de la zona militar. Para demostración, están todavía, esperando quizás allí, en la profundidad del Pozo de Vargas, en Tafí Viejo, los huesos de algunos de los desaparecidos catamarqueños”.

Violencia y atentados

Durante toda la vigencia del régimen militar los catamarqueños padecieron, como todos los argentinos, además de la represión y la persecución política, el avasallamiento constante de las libertades individuales y sus derechos constitucionales. Hubo razzias permanentes y muy violentas perpetradas por la policía contra mujeres que ejercían la prostitución y contra personas de la diversidad sexual. Más de 700 empleados públicos provinciales y cientos más en municipios de toda la provincia fueron cesanteados por el gobierno militar.

Se produjeron también, perpetrados por grupos de tareas de las fuerzas represoras, dos graves atentados cuyos destinatarios salvaron milagrosamente sus vidas. El 22 de mayo de 1980 estalló una bomba en el auto que manejaba el presbítero Mario Villagrán. El vehículo quedó totalmente destruido pero el sacerdote solo tuvo algunas heridas menores. Poco después, esa misma noche, otro artefacto explosivo que había sido colocado en la vivienda de Oscar Andreatta, titular de la Federación Económica de Catamarca, fue descubierto y desactivado antes de que explotase. Villagrán, de línea moderada dentro de la Iglesia Católica, tenía una postura crítica sobre el accionar represivos del ejército y la policía. Y la FEC había cuestionado algunas decisiones económicas adoptadas por el régimen. Ninguno de los atentados fue investigado debidamente y, por supuesto, nunca fueron esclarecidos.

Lejos de ser una isla, Catamarca sufrió la violencia genocida de la dictadura, la persecución política, la restricción de las libertades individuales y una agresividad feroz contra las minorías. La memoria de aquellos años sigue, medio siglo después, reconstruyéndose.

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