“Bajar la edad no baja el delito”: la Iglesia y UNICEF advierten sobre el impacto que tendría el proyecto de nueva ley penal juvenil

El gobierno insiste en la baja de edad de imputabilidad para los jóvenes responsables de delitos violentos, pero crece el rechazo de instituciones comprometidas con las infancias y las adolescencias que expresan su malestar porque no se presta atención a sus aportes. Se demandan soluciones integrales que atiendan a los problemas estructurales de niños, niñas y adolescentes.

Washington Uranga

A pesar de que el gobierno nacional insiste en su decisión de aprobar la reforma de la ley penal juvenil en sesiones extraordinarias y asegura que cuenta con los votos para hacerlo, el camino no parece totalmente allanado para que ello ocurra. El oficialismo presentó su proyecto en Diputados el lunes 9, lo retiró pocas horas después de manera imprevista y sin dar mayores explicaciones, mientras arreciaban las críticas por la pretensión de reducir a 13 años la edad de imputabilidad de los adolescentes comprometidos en delitos violentos. Desde UNICEF hasta la Iglesia Católica –a los que se sumaron otras instituciones— criticaron de manera fundamentada la iniciativa señalando que la baja de edad no solo no es una solución a los problemas de la violencia, sino que la agrava y, sobre todo, no tiene en cuenta soluciones integrales que deben abordar necesariamente cuestiones estructurales.

A la espera de un nuevo proyecto de ley que llegue desde el Ejecutivo el oficialismo se mueve para constituir las comisiones de Justicia y Familia con el propósito de dictaminar, junto con las de Presupuesto y Legislación Penal, a fin de que la iniciativa pueda ser enviada al plenario y se apruebe el jueves en la sesión de Diputados.

El gobierno sigue insistiendo en bajar a 13 años la edad de imputabilidad, pero no estaría contando con los votos necesarios, que sí podrían aparecer si –tal como se había acordado el año anterior— la edad se establece en 14 años.

En el proyecto presentado el lunes y retirado a las pocas horas el Ejecutivo había incluido –respondiendo a un pedido de algunos gobernadores– un agregado presupuestario al dictamen del año anterior: se destinaban 23.700 millones para financiar la construcción de nuevos centros de detención y recursos para el personal interdisciplinario que deberá atender y supervisar a los jóvenes que resulten detenidos. Según la propuesta la Nación cubriría, a través de convenios con las provincias, la diferencia entre lo ya presupuestado para las políticas penales juveniles y lo que implique la implementación del nuevo régimen.

De esta forma el gobierno se anticipa a que quienes se oponen al proyecto utilicen el argumento –antes usado por el oficialismo para otras leyes de orden social—de que no están previstos los recursos para su puesta en práctica.

La Iglesia dice que observa “con preocupación el intento de imponer una respuesta apresurada, sin sustento técnico, sin diálogo genuino y sin condiciones institucionales reales para su implementación”. Y agrega que “el oportunismo político prescinde incluso de los datos empíricos disponibles y, a partir de hechos particulares, instala un discurso de soluciones aparentes e ilusorias”.

Los cuestionamientos

Mientras esto ocurre se multiplicaron los cuestionamientos a la iniciativa oficial plasmados en la oposición a la pretensión de bajar la edad de imputabilidad. Uno de los más categóricos fue el de la Iglesia Católica a través de un documento titulado “Bajar la edad no baja el delito” que lleva la firma de las comisiones episcopales de Pastoral Social, Pastoral Carcelaria y Cáritas nacional. En el texto los obispos sostienen que existe “un consenso amplio que no está siendo escuchado” porque, si bien “tanto nosotros como muchas instituciones hemos sido ‘escuchadas’, sin embargo, no vemos reflejados nuestros aportes– ni los de dichas instituciones— en el contenido del proyecto de ley”.

Si bien los obispos reconocen la necesidad de avanzar en la reforma del Régimen Penal Juvenil, expresan su preocupación porque “este debate se está dando en un clima político en el que predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático” lo que “impide una deliberación sería sobre los problemas estructurales que afectan a los niños y adolescentes, especialmente en los sectores vulnerables”. En el mismo sentido la Iglesia dice que observa “con preocupación el intento de imponer una respuesta apresurada, sin sustento técnico, sin diálogo genuino y sin condiciones institucionales reales para su implementación”. Y agrega que “el oportunismo político prescinde incluso de los datos empíricos disponibles y, a partir de hechos particulares, instala un discurso de soluciones aparentes e ilusorias”.

Para la Iglesia Católica –tal como lo había señalado ya en marzo de 2025—“la baja de edad de imputabilidad no resuelve el problema: lo desplaza, lo endurece y lo profundiza” porque “se necesita un enfoque integral, con propuestas diferenciadas para la prevención, la intervención y la reinserción”, dado que “resulta imprescindible superar la falsa dicotomía entre castigar o mirar para otro lado y centrar los esfuerzos en transformar las condiciones estructurales que generan violencia”.

Para UNICEF “se ha demostrado que la privación de la libertad, como medida habitual, genera un entorno de violencia para los jóvenes detenidos, lo cual favorece la reincidencia” y sostiene que “numerosos estudios señalan que la privación de la libertad es perjudicial para la salud física, mental y emocional y el curso de vida de los niños y adolescentes”. Por eso, afirma el organismo de Naciones Unidas especializado en niñeces y adolescencias, “frente al objetivo de mejorar la seguridad ciudadana en el país, principalmente en el caso de delitos graves, los números confirman que la respuesta debería abordarse desde muchos ángulos y evitar reducirla a, por ejemplo, la edad de imputabilidad o aumentar la pena máxima”.

En coincidencia con las posturas anteriores la Federación de Psicólogos y Psicólogas (FEPRA) manifestó su rechazo a la baja edad de imputabilidad sosteniendo que esta “propuesta es un eslabón más en el desconocimiento de las necesidades de las infancias y adolescencias”.

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