El panorama de la violencia de género en la Argentina presenta cifras alarmantes en el primer bimestre del año. Según el último informe del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 27 de febrero se contabilizaron 43 víctimas fatales por razones de género. Este registro se compone por 35 femicidios directos, cinco vinculados, dos casos de instigación al suicidio y un travesticidio. 

La frecuencia de estos crímenes marca un promedio de una muerte cada 34 horas, mientras que los intentos de asesinato ocurren con una periodicidad aún mayor: uno cada 21 horas, sumando un total de 72 tentativas en lo que va del año.

El relevamiento destaca que la vivienda sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres, ya que el 44% de los ataques se produjo en el domicilio de la víctima y el 23% en la casa compartida con el agresor. Además, la cercanía con el victimario es una constante: en el 72% de los casos, los atacantes eran parejas o ex parejas de las mujeres asesinadas. Como consecuencia colateral de esta violencia, al menos 23 niños y niñas perdieron a sus madres en estos dos meses.

Uno de los puntos más críticos que señala el Observatorio es la ineficacia de los mecanismos de protección actuales. El 19% de las víctimas fatales ya había realizado denuncias previas, lo que demuestra que el sistema no logró intervenir a tiempo. El informe es contundente al respecto: “Muchos de los femicidios podrían haberse evitado: en el 19% de los casos las víctimas habían denunciado con anterioridad a sus agresores”. Un ejemplo emblemático de esta desidia ocurrió en Gualeguay, donde Vanesa López fue asesinada luego de que la policía le impidiera radicar una denuncia y le indicó: “Volvé otro día”.

La situación se agrava en las provincias alejadas de los centros urbanos, donde el acceso a la justicia y los recursos son más escasos. En Santiago del Estero, por ejemplo, se registraron tres femicidios en apenas doce días. Los casos de Ramona Medina, Thania Santillán y María Fernanda Chazarreta —esta última asesinada de trece puñaladas frente a sus hijos pese a haber denunciado previamente— ponen de manifiesto la vulnerabilidad extrema en los territorios del interior. Según el documento, en estos lugares “denunciar es aún más difícil, el acceso a la justicia es más limitado y se cuentan con menores recursos y dispositivos de protección”.