Los eventos meteorológicos extremos se han duplicado en la última década. En los países subdesarrollados el impacto se suma a los problemas sociales y la falta de infraestructura. Actuar políticamente a tiempo: la clave para frenar la brecha de desigualdad.

Marcelo Chata Garcia

Según las estadísticas del Sistema Mundial de Información sobre Incendios Forestales (GWIS, por sus siglas en inglés), desde el 2023, la cantidad de incendios forestales y de áreas quemadas en Argentina ha ido aumentando, pasando de los 6.785 a los 8.265 incendios forestales en 2025. No está determinado qué porcentaje obedece a la acción humana premeditada, la negligencia o efectos naturales. Pero los informes llaman la atención porque las temperaturas extremas, las sequías y los vientos confluyen para que, cualquiera sea el origen del incendio, se expanda más fácilmente, y que su control sea más difícil.

Por un lado, los eventos extremos se dan de manera compuesta y se refuerzan entre sí, aumentando los daños. Por otro, los desequilibrios naturales están ligados a los desequilibrios sociales, es decir, las estrategias de apropiación de territorio por ciertos sectores, la acción o inacción política, y las precarias condiciones con las que cuentan las poblaciones lugareñas para gestionar los riesgos, actuar ante los desastres y restaurar los daños ocasionados al ambiente y a los habitantes.

En una columna publicada en noviembre de 2022, en Le Monde, el economista Thomas Piketty advertía que “es imposible combatir seriamente el calentamiento global sin una redistribución profunda de la riqueza, tanto en el interior de cada país como a escala internacional. Quienes afirmen lo contrario están mintiendo al mundo”. Y esto porque: “sin una transformación fundamental del sistema económico y de la distribución de la riqueza, la agenda social-ecológica corre el riesgo de volverse en contra de las clases medias y trabajadoras”. Lección que los franceses comprendieron en las manifestaciones de los chalecos amarillos.

La tesis libertaria sostiene que la naturaleza, en manos de sectores privados eficientes, está mejor resguardada que en manos del Estado y las comunidades. Como profecía autocumplida, desfinancia los sistemas de vigilancia, concientización, educación y control de los incendios forestales, mientras destraba los resguardos legales que impiden la apropiación de la tierra por especulaciones inmobiliarias.

Sin embargo, uno de los problemas del cambio climático es que las regiones que más lo sufren no son las que más han aportado a generarlo mediante la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Son las economías más avanzadas las que siguen afectando en mayor medida los equilibrios planetarios, en tanto, los países subdesarrollados suman a los problemas sociales que arrastran el impacto de ese cambio climático sobre sus economías.

En América Latina, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los eventos meteorológicos extremos se han duplicado en la última década. El gobierno nacional sigue, en este tema, la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para quien no existe el calentamiento global, al punto que decidió retirar a su país del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Esta organización fue creada en 1988 para facilitar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Todo hace pensar que la humanidad va a contar con menor financiamiento para investigar y crear información precisa sobre el tema, y por lo tanto, va a tener menos capacidad de anticipación, adaptación y respuesta frente a los eventos extremos.

Para Estados Unidos puede parecer una ‘dádiva’ sin sentido financiar ese tipo de organizaciones. Sin embargo, uno de los problemas del cambio climático es que las regiones que más lo sufren no son las que más han aportado a generarlo mediante la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Son las economías más avanzadas las que siguen afectando en mayor medida los equilibrios planetarios, en tanto, los países subdesarrollados suman a los problemas sociales que arrastran el impacto de ese cambio climático sobre sus economías.

Existe un índice de vulnerabilidad climática, realizado por la Iniciativa Global de Adaptación de Notre Dame, que mide el impacto de eventos naturales sobre la población y el territorio, más la capacidad de dar respuesta a estos eventos. Allí, América del Sur (0,38), aunque se mantiene por debajo de la media mundial (0,41), está muy por encima de América del Norte (0,30) y Europa (0,31). Eso facilita al gobierno norteamericano convencer a su electorado para desentenderse del problema. En tanto los europeos, aunque más sensibles a la sostenibilidad, exigen a los países emergentes que adapten sus tecnologías para ser menos contaminantes y que corran con los gastos que ello implica.

Todo indica que los impactos sobre nuestro territorio, nuestra economía y nuestras vidas van a verse afectados, cada vez más seguido, por eventos meteorológicos y geológicos. Será cuestión de actuar políticamente a tiempo para que cada evento no reproduzca lo que pasó durante la pandemia de COVID, donde los sectores más concentrados del capital, siguieron ganando mientras el resto se vio obligado a arrancar de nuevo, varios casilleros detrás.

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