Fue a último momento, casi en tiempo de descuento. Después de meses y meses de dilaciones, de votaciones legislativas y vetos presidenciales, luego de ensayar gambetas judiciales para no ejecutar lo que ya era ley, el gobierno nacional finalmente publicó hoy en el Boletín Oficial la reglamentación de la ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. La normativa define cómo se implementarán las políticas, las prestaciones y el nuevo régimen de pensiones, y establece controles, auditorías y mecanismos de coordinación federal.
La firma del presidente Javier Milei en el Decreto 84/2026 no responde a un repentino cambio de sensibilidad social, sino a una realidad inapelable: los tribunales federales de Campana le habían puesto fecha de vencimiento al silencio oficial. La Justicia había intimado al Ejecutivo a reglamentar la norma antes del 4 de febrero, tras declarar inválido aquel decreto previo que intentó suspender la ley con el eterno argumento de la «falta de financiamiento”. La Ley 27.793 había sido sancionada por el Congreso en julio de 2025 pero sin aplicación efectiva hasta ahora. La vigencia de la emergencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año.
La reglamentación entró en vigencia el 3 de febrero, apenas 24 horas antes de que se venciera el plazo judicial que hubiera puesto al Gobierno en una situación de desacato institucional. “Es histórico lo que se logró, aún no tomamos conciencia de la magnitud de esta lucha”, señalaron voces del sector.
El ex diputado nacional Daniel Arroyo, autor de la ley, celebró la reglamentación. “Es una buena noticia, porque va a servir para reordenar un sistema que había colapsado. Después de tantos meses de desesperación y angustia de las personas con discapacidad y sus familias, es un paso para que accedan a todos sus derechos”, señaló Arroyo.
El decreto prevé una compensación económica de emergencia para los prestadores de servicios de discapacidad que hayan facturado entre el 1° de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024. La verificación de la documentación quedará a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud, a través de la plataforma Trámites a Distancia.
También se instrumenta un régimen de regularización de deudas de las instituciones del sector de hasta el 100% de los intereses resarcitorios y punitorios, así como la eliminación de multas por infracciones formales y materiales que no se encuentren firmes, siempre que las deudas hayan vencido hasta el 31 de diciembre de 2025.