La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó un duro documento técnico en el que analiza, punto por punto, la reforma de la ley de glaciares impulsada por el gobierno nacional que será tratada mañana jueves en el Senado. Bajo el título “Fundamentos para rechazar la reforma”, la organización ambientalista sostiene que los cambios propuestos no son interpretativos, sino que “constituyen un retroceso ilegal que pone en riesgo el suministro de agua de millones de argentinos”. Desde la FARN señalan que el proyecto enviado al Congreso “es ilegal e inconstitucional”, y que “reduce la protección de los glaciares y el ambiente periglacial para favorecer al sector minero”. 

La organización denuncia además que el gobierno intenta presentar la reforma como una “aclaración” de la norma vigente para que tenga efectos retroactivos. Según FARN, esto generaría una “ficción legal” que funcionaría como un “mecanismo de convalidación de proyectos mineros que han sido aprobados hasta la fecha en violación a la ley de glaciares”, citando casos específicos en las provincias de San Juan y Mendoza.

Uno de los puntos más duros del informe es la crítica a la delegación de facultades a las provincias. El proyecto propone que sean las jurisdicciones locales —y no el criterio científico nacional— quienes determinen si un glaciar cumple o no una “función hídrica efectiva” para avalar su protección. “El proyecto de ley presenta una concepción de derecho de propiedad absoluto y exclusivo a partir del cual las provincias operarían sobre los glaciares como señores feudales, sin importar que estemos en presencia de un derecho colectivo como lo es el ambiente”, advierte el documento.