Dossier de salud mental: ¿Cómo contar el cuidado en tiempos de castigo?

Entre el miedo, el castigo y el desfinanciamiento, la Ley de Salud Mental perdió su potencia simbólica. Un ensayo sobre por qué el problema no es la ley, sino la forma en que dejamos de contar el cuidado como proyecto colectivo.

Pablo Castillo

En una guardia cualquiera, un familiar pregunta si hay una cama disponible.

No pregunta por un tratamiento ni por un proyecto de cuidado: pregunta si hay lugar. La respuesta suele ser la misma: no. Afuera, el miedo circula más rápido que las políticas públicas. Adentro, la ley espera.

La Ley Nacional de Salud Mental nació para producir una ruptura: dejar atrás el manicomio como respuesta al sufrimiento psíquico y abrir paso a una lógica de cuidado comunitario. Sin embargo, desde el mismo momento de su sanción, la ley quedó envuelta en una disputa profunda y no siempre visible: fue despojada de su potencia transformadora y reducida a un documento técnico, una norma jurídica encapsulada en un lenguaje de derechos que perdió capacidad de interpelación cultural. En lugar de instalarse como una política cultural que interpelara valores, miedos y formas de convivencia, quedó atrapada en el terreno estéril de los expedientes, mientras afuera se libraba una batalla simbólica feroz, donde el miedo y el castigo siempre llevan la ventaja si no se les disputa el sentido.

Emiliano Galende lo formuló con una claridad que hoy sigue siendo incómoda: desmanicomializar no es simplemente cerrar hospitales psiquiátricos, sino desarmar una forma histórica de organizar el poder sobre ciertos cuerpos y ciertas vidas. No se trata solo de abolir una institución, sino de liquidar un modelo de relación humana basado en la segregación, la tutela y el control.

Cuando se cierran camas sin construir dispositivos comunitarios, lo que se produce no es libertad, sino una nueva forma de crueldad. La desmanicomialización, vaciada de Estado, se convierte en una versión neoliberal del abandono: libertad sin red, inclusión sin derechos, externación sin casa ni trabajo. Y entonces el fracaso se le adjudica a la ley, cuando en realidad lo que fracasó fue la decisión política de sostenerla. Por eso la salud mental no es solo una cuestión clínica: es una cuestión de poder y de comunidad.

La ideología asilar –esa que encierra, custodia y neutraliza al “loco”– no pertenece únicamente a la psiquiatría alienista; forma parte del sentido común social de importantes franjas de nuestra sociedad. De sectores urbanos –sobre todo– que encuentra un sitio para sus miedos, y para los modos de gestionar lo que no encaja. Y ese aspecto muchos de los defensores de la ley lo minimizaron.

Por eso Galende advertía que cualquier política de salud mental que pretenda ser verdaderamente alternativa debe intervenir al mismo tiempo sobre el aparato estatal, sobre la conciencia social y sobre el propio dispositivo profesional. Si uno de esos planos queda intacto, el manicomio vuelve bajo otra forma. Puede volver como abandono, como policía, como judicialización o como externación sin red. Pero vuelve.

Michel Foucault ya había mostrado que el manicomio no fue solo un espacio de tratamiento, sino una tecnología política: una manera de clasificar, separar y administrar la diferencia. No se encerraba para curar, sino para gobernar. Franco Basaglia lo radicalizó aún más: el problema no es humanizar el manicomio, sino desactivar la función social que lo hace necesario. Porque el encierro cumple una tarea para la sociedad: sacar de escena aquello que desordena el ideal de normalidad. Cuando se cierran camas sin construir dispositivos comunitarios, lo que se produce no es libertad, sino una nueva forma de crueldad. La desmanicomialización, vaciada de Estado, se convierte en una versión neoliberal del abandono: libertad sin red, inclusión sin derechos, externación sin casa ni trabajo. Y entonces el fracaso se le adjudica a la ley, cuando en realidad lo que fracasó fue la decisión política de sostenerla.

Por eso la salud mental no es solo una cuestión clínica: es una cuestión de poder y de comunidad.

La ley fue lanzada en un sistema que ya estaba agotado, y luego ese sistema fue aún más desfinanciado. Cuando la externación fracasa, no se dice que faltó Estado, sino que sobró ley. Así, la palabra “peligrosidad” vuelve a circular como una forma de explicar lo que en realidad es abandono. Pobreza, consumo y sufrimiento se mezclan en un mismo fantasma que habilita respuestas punitivas.

Ahora bien, en estos tiempos donde todo se mide por lo que rinde o lo que molesta, ¿hay lugar para esa escucha profunda que requiere el cuidado? ¿Qué hacemos si no lo hay? ¿Cómo damos la pelea cultural sin convertir nuestros principios en eslóganes vacíos pero tampoco resignando derechos que costaron años de lucha?

En lugar de contar desde la Ley ¿qué mundo quería construir?, el discurso público entró en la trampa del discurso hegemónico y se dedicó a aclarar qué no hacía: que no prohibía internar, que no desprotegía a la sociedad, que no debilitaba a los médicos. Así, la ley perdió su potencia simbólica y transformadora y quedó a merced de una retórica del miedo que traduce el padecimiento en amenaza. Cuando no hay relato, el sentido lo ocupa el miedo. Y cuando el miedo organiza la escena, reaparece la vieja fantasía del encierro como solución.

Pero la 26.657 no prometía menos riesgo: prometía otro modo de sostener la vida. Y esos dispositivos debían ser capaces de alojar a usuarios y familiares. Eso no ocurrió. Faltaron, equipos, redes, presupuesto.

La ley fue lanzada en un sistema que ya estaba agotado, y luego ese sistema fue aún más desfinanciado. Cuando la externación fracasa, no se dice que faltó Estado, sino que sobró ley.

Así, la palabra “peligrosidad” vuelve a circular como una forma de explicar lo que en realidad es abandono. Pobreza, consumo y sufrimiento se mezclan en un mismo fantasma que habilita respuestas punitivas.

Tal vez el mayor desafío de la Ley de Salud Mental no sea reformarla, sino dejar de comunicarla como si fuera solo un protocolo técnico o una norma para especialistas. Hay que contarla con historias concretas: con personas que encontraron cuidado sin encierro, con familias que volvieron a abrazarse, con trabajadores del Estado que sostienen lo imposible todos los días.

Pero también hace falta algo más: interpelar a quienes están en el centro mismo de esta ley –los usuarios y sus familias– y no seguir tratándolos como si fueran un obstáculo o un grupo de presión más. No se los puede seguir ubicando en la misma bolsa que las corporaciones médicas o judiciales. Ellos no son “el problema”: son parte de la solución. Son quienes viven en carne propia las fallas del sistema y quienes también pueden defender, construir y exigir otra forma de cuidado.

Porque cuando una política de derechos se explica en términos fríos, cuando se vuelve puramente defensiva, queda a merced de quienes sí saben contar el miedo.

Y ellos lo cuentan bien: con titulares, con casos extremos, con fantasmas de inseguridad. Si no ocupamos ese lugar con un relato propio, humano, colectivo, lo ocuparán quienes quieren volver al pasado.

Mientras tanto, alguien vuelve a preguntar por una cama. El miedo se organiza mejor cuando tiene relato y financiamiento. Si la ley no se cuenta como una política de cuidado colectivo, el encierro vuelve a presentarse como solución. No es un debate técnico: es la disputa por el derecho a una vida digna para los vulnerados y los vulnerables.

Pablo Castillo es Licenciado en Psicología

4Palabras