El Gobierno concretó la privatización de las cuatro principales represas del Comahue (Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados) en Neuquén y Río Negro. Edison Inversiones S.A.U. , BML Inversora S.A.U., Central Puerto S.A. se adjudicaron los complejos, con nuevas concesiones a 30 años. Si leíste bien, 30 años.

Mientras los medios dominantes celebran una “licitación exitosa”, especialistas advierten que el proceso se realizó sin tasación previa del patrimonio público, una irregularidad grave que motivó denuncias judiciales.

El ingeniero Gabriel Zanellato, referente de la Fundación Soberanía, señala que “el proceso licitatorio tuvo dos omisiones: la falta de una tasación o evaluación técnica del patrimonio público involucrado, y la consecuente ausencia de un precio base como condición mínima para resguardar el interés estatal”. Estas irregularidades llevaron a que la fundación solicitará una medida cautelar para suspender el proceso licitatorio. La cual “curiosamente” avanza con dificultad.

En el mismo sentido, Rubén Gómez, Ingeniero Electricista, integrante del Foro en Defensa de nuestros ríos y represas, destaca que “las licitaciones se lanzaron sin una valuación oficial del Tribunal de Tasaciones, permitiendo que los propios oferentes establecieran el precio de los activos por 30 años y la entrega a un precio vil (precio muy bajo): según valores históricos comparados resultaría factible que el valor pagado en conjunto sea similar al primer año de facturación de las represas, por lo que las empresas que compraron las acciones de esos negocios en pocos años (5 o 6) hayan amortizado el 100% de la inversión. Un negocio más que redondo a costa del “Estado bobo libertario””.

Pérdida de un recurso estratégico: agua dulce y energía renovable

Desde la Fundación Soberanía entienden que la privatización implica perder el control de un recurso estratégico. Hoy, en plena transición energética hacia recursos renovables, las hidroeléctricas son un recurso totalmente estratégico, no solo por la energía que generan, con mínimo impacto en emisión de gases de efecto invernadero sino también por los inmensos volúmenes de agua dulce que albergan.

Se trata de la venta del 100% del paquete accionario de cuatro concesionarias hidroeléctricas del Complejo Comahue: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, activos estratégicos del patrimonio público que afectan tanto a la Nación como a las Provincias de Río Negro y Neuquén. Sin un precio base, estos activos pueden venderse a valores muy inferiores a su valor real, transfiriendo el control sobre infraestructura energética crítica a manos privadas sin garantías de haber obtenido un valor justo.

Para el ingeniero Gómez la privatización implica perder un manejo óptimo integrado de todo el conjunto de centrales, como las operaba la ex-Hidronor. Y por sobre todo quedarse con la renta de una inversión de todos los argentinos, con la cual seguir construyendo más y mejores represas, centrales eléctricas y canales de riego. Se pierde una fuente de ingresos genuinos para retomar la senda del desarrollo ya perdido con la primera privatización a manos del menemismo y varios funcionarios que se reciclaron en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Asimismo, sostiene que “se volvió a perder también la oportunidad de recuperar una “tarifa Comahue”, que es una tarifa diferencial promocional para la radicación de industrias electro-intensivas en la región”.