A través de una declaración que lleva la firma de las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal la Iglesia Católica insiste en su oposición a la iniciativa oficial que propone la baja de edad de imputabilidad para jóvenes que cometen delitos violentos. Ahora la Comisión Ejecutiva del episcopado, con la firma de su presidente el arzobispo mendocino Marcelo Colombo, difundió un nuevo documento en el que se advierte que “centrar el debate casi exclusivamente en la pena suele dejar en segundo plano aquello realmente necesario: lo que previene, lo que educa y acompaña”. 

Y agrega que la “Iglesia está cercana al dolor desgarrador de las familias y comunidades víctimas de estos delitos”. Sin embargo –dicen los obispos– “insistimos en que una discusión centrada únicamente en la edad de los menores involucrados corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja que interpela a la familia, a la escuela, a la comunidad y al Estado”.

El documento también lleva la firma de los vicepresidentes el cardenal cordobés Ángel Rossi y el obispo de Jujuy, César Fernández, junto con el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del episcopado Raúl Pizarro. 

Esta no es la primera declaración de las autoridades de la Iglesia Católica respecto del tema. En marzo de 2025 la Comisión de Pastoral Social, que preside el obispo riojano Dante Braida, ya se había manifestado en el mismo sentido interrogando también que “si se concreta la baja de la edad de imputabilidad ¿dónde van a recibir a los menores? ¿cuáles son los dispositivos aprobados en las provincias para alojar adolescentes y jóvenes que delinquen”. Y se preguntaban en ese momento los obispos “¿qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente” porque, decían, “sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios”. La pregunta final en ese caso era: “¿En serio creemos que esa es la solución?”.