Incendios en la Patagonia: la Comisión Interamericana de DDHH advierte sobre los recortes en el manejo del fuego

La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió una declaración sobre los incendios forestales en el sur argentino lamentando las pérdidas, advirtiendo sobre los recortes de recursos y subrayando las responsabilidades del Estado. El pronunciamiento coincide con la demanda de los gobernadores para declarar la “emergencia ígnea”.

Redacción 4Palabras

Mientras el Gobierno define la publicación de un decreto de Necesidad y Urgencia que modificaría presupuestos y partidas destinadas al combate del fuego, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington (USA) emitió una declaración en la que expresa su solidaridad con las personas y comunidades afectadas por los incendios forestales que se registran en Argentina. Al mismo tiempo, en base a los análisis de organizaciones especializadas apoyados en datos oficiales de ejecución presupuestaria, manifiesta “preocupación” por la “insuficiencia de recursos, subejecución y ejecución concentrada hacia el final del año en partidas vinculadas al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, así como disminución de las asignaciones previstas para 2026”.

La declaración coincide con la solicitud hecha por un grupo de gobernadores del sur argentino demandando el gobierno que se declare la “emergencia ígnea” para las zonas afectadas a fin de proveer recursos extraordinarios para la atención de los damnificados y la reconstrucción social productiva.

La Relatoría considera que dada la asistencia operativa y logística que el Estado debe brindar en estos casos las restricciones presupuestarias “podrían incidir en las capacidades de prevención, preparación y respuesta”. Y recuerda además que “especialistas y organizaciones han señalado que una reducción de los fondos destinados a la protección de bosques nativos podría debilitar las capacidades provinciales de fiscalización y control de desmontes ilegales, un componente relevante para la gestión del riesgo, la protección de los ecosistemas y la biodiversidad”.

La REDESCA, que ha venido siguiendo la magnitud de los incendios forestales producidos en el sur argentino, subraya “la necesidad de adoptar medidas estructurales de prevención y reducción del riesgo, conforme a los deberes de debida diligencia y de protección frente a riesgos previsibles”.

La Relatoría recuerda que, “en el marco de la emergencia climática, los Estados deben fortalecer -y no debilitar- sus arreglos institucionales y presupuestarios orientados a prevenir y mitigar riesgos”.

En la misma ocasión el organismo internacional lamenta “las pérdidas humanas, los daños a viviendas e infraestructura, y las afectaciones a los derechos humanos -en particular a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales- de las comunidades impactadas”.

La REDESCA, que ha venido siguiendo la magnitud de los incendios forestales producidos en el sur argentino, subraya “la necesidad de adoptar medidas estructurales de prevención y reducción del riesgo, conforme a los deberes de debida diligencia y de protección frente a riesgos previsibles”. Sostiene además que “la evidencia disponible en la región indica que determinados patrones de uso del suelo y del territorio -incluida la expansión de la interfaz urbano-forestal, la fragmentación del paisaje y, en ciertos contextos, plantaciones homogéneas- pueden aumentar la exposición y agravar la severidad de los incendios, particularmente bajo escenarios de calor y viento extremos”. Y por tal motivo llama “a reforzar el ordenamiento territorial, la protección y restauración de ecosistemas nativos y la gestión preventiva del riesgo -incluida la gestión de combustibles-, asegurando la participación efectiva de las comunidades en las decisiones que les afectan”.

Pide también que “ante alegaciones o indicios de incendios provocados, los Estados deben investigar de manera diligente, imparcial y transparente, sancionar a los responsables y adoptar garantías de no repetición”.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.

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